CBPP alerta que cierre actual de gobierno podría ser más severo que el de la primera Administración Trump
Javier Balmaceda además analizó el impacto que el cierre, que ya va por su segundo día, tendría en territorios como Puerto Rico
Republicanos y demócratas en el Congreso siguen discutiendo el presupuesto 2026, debido a que no han logrado un acuerdo. Crédito: AP
NUEVA YORK – Si el cierre del gobierno de Estados Unidos que inició en la medianoche del miércoles se extiende, el impacto sería más severo que el reportado en la primera Administración de Donald Trump, ya que en este caso los legisladores federales no han aprobado ninguna de las 12 asignaciones presupuestarias.
“Este cierre es más severo que el otro, porque en el otro ya había acuerdos parciales de algunas resoluciones presupuestarias… En este caso, no hay acuerdo de nada…Así que este cierre es, definitivamente, más severo, y hay que ver cuánto dura versus el otro”, comparó Javier Balmaceda, analista sénior de políticas del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP).
Balmaceda, especializado en el caso de territorios como Puerto Rico, se refiere a la clausura que se extendió por más de un mes bajo la primera presidencia de Donald Trump entre diciembre de 2018 y enero de 2019.
Para mantener al gobierno completamente operante, el Congreso debe evaluar 12 proyectos de ley anuales de asignaciones presupuestarias. En este caso, ninguno de esos proyectos había sido aprobado para el año fiscal federal 2026 que comenzó este martes, 1 de octubre; tampoco una medida de financiación temporal o resolución continua, lo que llevó al cierre que ya va por su segundo día.
En entrevista con El Diario, el experto alertó sobre el impacto económico “enorme” que tiene este tipo de paralización de las agencias federales.
“Los cierres de gobierno tienen un impacto económico enorme. En el último cierre de gobierno de 2018-2019, la Oficina de Presupuesto Congresional (CBO) sacó un estudio y calculó cuál fue la pérdida económica en ese momento. En términos monetarios, ellos estimaron que fue una pérdida de $3,000 millones de dólares, y eso le costó, por semana, al país .1 y .2 puntos porcentuales del PBI (Producto Bruto Interno)”, expuso.
En cuanto al número de empleados suspendidos automáticamente sin paga, indicó que en el cierre anterior la cifra ascendió a unos 750,000.
“La parte automática es el ‘furlough’…Furlough es cuando a un empleado de gobierno se le suspende temporeramente, porque no hay fondos asignados o partidas presupuestarias asignadas para sufragar el trabajo de ese empleado federal. Lo mismo ocurre con contratistas federales…La última vez que hubo un cierre de gobierno, que fue con Trump también, entre 2018 y 2019, ese referente es importante porque fue el más reciente, y segundo porque es, históricamente, el cierre de gobierno más largo que ha tenido este país en toda su historia, duró 35 días, y en ese momento la suspensión de empleo ascendió a 750,000. Esos no fueron empleos que se perdieron; son empleos que se suspendieron durante el cierre del gobierno”, recordó.
Este grupo es aparte de los que continúan trabajando sin paga por ser considerados esenciales.
“Los que no se les paga, pero tienen que seguir trabajando es lo que se considera una fuerza laboral esencial. Ahí puedes incluir personal de las Fuerzas Armadas, personal de seguridad, la gente de TSA (Autoridad de Seguridad en el Transporte) en los aeropuertos, los que monitorean el tránsito aéreo desde las torres de control, los inspectores de comida y medicamentos, todo eso es trabajo esencial o gente que va a dejar de cobrar durante este cierre de gobierno, pero que tiene que seguir trabajando. Una vez reabra el Gobierno se le restituye todo lo que no se le haya pagado, así que esas personas terminan recibiendo todo lo que pudieron haber perdido durante el cierre”, mencionó.
En cuanto a despidos producto del cierre, Balmaceda no los descartó, aunque dijo que es imposible estimar un número.
“Casa Blanca y, particularmente, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) ha dicho que, si el Gobierno está cerrado, ellos tienen mayor autoridad para despedir gente. Eso creo que es un tema para un abogado, pero lo que te puedo decir es que no hay estatuto o argumento legal que realmente diga que eso es cierto. A mí me parece que fue más una especie de estribillo político para asustar al Partido Demócrata y tratar de que negociaran un acuerdo con una amenaza que legalmente no se sostiene”, consideró.
“Los despidos se han estado dando con o sin cierre de gobierno”
“En muchos casos, Trump ha cumplido sus amenazas y ya vimos que bajo el DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) hubo muchos despidos. En vista de este historial, ¿qué se podría esperar?”, preguntó El Diario.
“El asunto es que los despidos se han estado dando con o sin cierre de gobierno. Hemos estado con el Gobierno abierto desde que Trump entró y de igual forma han estado despidiendo a diestra y siniestra en todas las agencias. Obviamente, hay un montón de cosas que se están litigando en este momento, pero la intentona de la Administración Trump de despedir a un montón de gente lo ha hecho sin necesidad de que esté cerrado el Gobierno, así que da lo mismo de si está cerrado porque la Administración va a seguir con la agenda de reducciones extremas o de desmantelamiento directamente”, analizó.
Cabe señalar que, en una conferencia este jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la cifra de despidos de empleados federales por el cierre podría ser de “miles”.
Por otro lado, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) indicó ayer que podrían comenzar en dos días.
Con anterioridad, esa misma oficina había circulado un memo en el que la Administración Trump le pide a las agencias federales que desarrollen planes de reducción de fuerza laboral ante la eventualidad del cierre.
Sobre los fondos para cobertura de salud, Balmaceda anticipó una subida considerable de las primas bajo la Ley de Cuidado Asequible de Salud (ACA) u “Obamacare” si los republicanos no ceden a los reclamos de los demócratas sobre la extensión de los subsidios que expiran a finales de año.
“En estos momentos, el Estado subsidia una parte importante de esas primas. Entonces, si no hay financiamiento, el Estado deja de subsidiar, y, si no hay subsidio, el costo es más alto para el consumidor de ciertas pólizas de seguro. El argumento de los republicanos es que quieren pasar una resolución continua limpia que no incurra en gastos mayores, ‘nosotros no queremos sumarle más gastos al Gobierno y no queremos pagar por estas primas’”, abundó el entrevistado.
El representante de CBPP, con sede en Washington D.C. y enfocado en la investigación independiente de políticas federales y estatales, la resistencia de la mayoría en el Congreso estaría ligado al interés en “desmembrar” ese mercado de seguros médicos.
“Una parte importante de ir desmantelando esa ley es cortándole pedacitos que el Estado de otra forma estaba sufragando. Estas primas son un componente importante. Yo creo que los republicanos también muy alevosamente está impidiendo que el Estado siga pagando por un componente de ACA que siempre ha pagado”, explicó.
Un informe del Centro que hace referencia a datos de la CBO señala que si los créditos expiran, aproximadamente, 4 millones de personas perderían su cobertura médica bajo el programa.
“El megaproyecto de ley de reconciliación promulgado en julio y una regulación independiente del mercado que la Administración Trump finalizó en junio crearán nuevas barreras adicionales para la inscripción en el mercado de seguros médicos, lo que se espera que provoque que aproximadamente 3 millones más de personas pierdan su cobertura del mercado de seguros médicos y se queden sin seguro”, lee parte del reporte titulado “Cinco cambios clave en los mercados de seguros médicos de la ACA en medio de la incertidumbre sobre las mejoras al crédito fiscal para las primas” con fecha del 22 de septiembre.
El texto, que abunda sobre el impacto en el acceso a cuidado de salud en caso de que no se amplíen las primas, calcula que más de 22 millones de personas dependen de los mercados bajo ACA para su seguro médico.
“Los recientes cambios en las políticas, en particular las mejoras a los créditos fiscales para las primas para reducir las primas de seguro médico de los afiliados, han impulsado un aumento récord en las inscripciones y han generado una reducción de costos, procesos de inscripción simplificados y opciones de planes estables en el mercado”, resalta el escrito.
Sin embargo, sin la ampliación, casi todos los afiliados enfrentarán costos de primas más altos.
“Casi todos los afiliados al mercado (93%) reciben créditos fiscales para primas (CFP) que les ayudan a reducir sus costos. Los cambios en las políticas de los últimos años, incluyendo las mejoras más notables en los CFP que redujeron la prima promedio del afiliado en un 44%, han impulsado aumentos récord en las inscripciones al hacer la cobertura más asequible y simplificar el proceso de inscripción. El crecimiento se ha concentrado entre las personas negras y latinas, las personas de bajos ingresos y las personas que viven en estados que no han ampliado Medicaid, donde los créditos fiscales para primas adicionales para adquirir seguros a través del mercado podrían ser su única vía viable para obtener una cobertura asequible”, detalla la información.
Indocumentados no se beneciarían de cobertura médica
Por otro lado, Balmaceda desmintió la narrativa de la Administración Trump de que la propuesta demócrata implicaría cobertura médica para indocumentados.
“Del lado republicano, lo que sigue siendo favorecedor entre comillas es el tema de castigar a lo que es el sector inmigrante del país, y eso, aparentemente, sigue midiendo más o menos bien en las encuestas de la base republicana. Yo creo que se han aferrado a este discurso que no tiene ningún asidero fáctico, porque no hay ninguna parte de ACA, no hay ninguna parte de Medicare y Medicaid que le ceda beneficios a un inmigrante indocumentado…”, resaltó.
“Pero, ¿hay algún contexto o circunstancia en la que un inmigrante indocumentado puede beneficiarse de de estos programas?”, indagó este medio.
“Bajo la ley no. Bajo la ley hay unos criterios establecidos sumamente estrictos. Ya después, en la práctica, que se te puedan colar personas en un programa de gobierno que no corresponda, pues claro, como puede pasar en cualquier ámbito de programa privado o público…Pero esta paranoia del Partido Republicano de que en estos programas hay hordas de inmigrantes ‘ilegales’, como dicen ellos, pero son indocumentados, no se sostiene. Hay cantidad de estudios que miran esto, y, además, hay agencias dentro del propio gobierno federal que auditan estos programas, y si bien siempre hay un componente de deficiencia, a veces hay fraude, sí, el componente es mínimo”, respondió.
Según la ley federal, los inmigrantes indocumentados no pueden inscribirse en programas de cobertura médica financiada con fondos federales, como es el caso de Medicaid, excepto en circunstancias limitadas.
Una hoja informativa en healthinsurance.org especifica que, debido a que Medicaid se financia en conjunto por el gobierno federal y el estatal, los estados podrían utilizar sus fondos para cubrir a los inmigrantes indocumentados.
Datos de National Inmigration Forum indican que esta población solo puede acceder a beneficios federales que se consideren necesarios para proteger la vida o garantizar la seguridad en situaciones extremas, como Medicaid de emergencia.
Otro ángulo importante en la discusión es, para Balmaceda, el pedido de líderes demócratas para que el proyecto incluya garantías de que el presidente Donald Trump gastará los fondos para los fines que asigne el Congreso.
“Los demócratas le están pidiendo a los republicanos que se incluyan ciertas garantías legales a este proyecto que aseguren que, si se va a asignar financiamiento nuevo desde el Congreso, que el Ejecutivo lo va a gastar, porque el problema que tenemos ahora es que la Rama Ejecutiva está revirtiendo un montón de financiamiento que ya se había aprobado en el Congreso y no lo está gastando. Son acciones ultra vires; son acciones ilegales”, afirmó.
“Pero el hecho de que la propuesta republicana sea provisional (para mantener el gobierno abierto por siete semanas), ¿no da espacio, precisamente, para que se discutan estos asuntos y ver si pueden llegar a una más balanceada con los demócratas?”, indagó este medio.
“El tema de las primas de seguros, por ejemplo, necesita un financiamiento ya. Con cada día que pasa tienes un deterioro en las condiciones de lo que es el Affordabe Care Act. Este es un programa insignia para el Partido Demócrata, así que yo creo que ahí hay un tranque muy grande, muy grande, que se ha generado. También yo creo que el Partido Demócrata se ha cansado de esperar que el Republicano le ceda estas garantías que deberían estar allí para garantizar que el Ejecutivo va a utilizar los fondos que se están asignando por el Congreso”, contestó.
Más allá del tema de política pública, Balmaceda planteó que hay una tensión muy grande que se ha generado entre ambas colectividades, que tiene que ver con asuntos de índole político partidista que impiden que avance la discusión.
“Más allá de las disyuntivas que hay sobre cuestiones materiales, también ya hay un tema de confianza entre un partido y otro que está muy lacerada”, comentó.
En ese sentido, la resistencia de los demócratas a apoyar la resolución de los republicanos para mantener abierto el gobierno federal hasta noviembre se puede interpretar como un gesto simbólico.
“Creo que también la opinión pública tiende a favorecer más que haya un tranque o despliegue de resistencia (según encuestas) por parte del Partido Demócrata y que eso favorece más la imagen pública de las personas que están en el Congreso. Hay que decir que sí, que ha habido un cambio en lo que es opinión pública con respecto a un cierre de gobierno”, reflexionó.
El caso de Puerto Rico
En cuanto a Puerto Rico al igual que con los otros cuatro territorios de EE.UU., el panorama no es tan diferente al del resto del país, a pesar del trato no equitativo que reciben estas jurisdicciones en comparación con los estados.
El cierre de gobierno también impactará las labores de empleados federales en la isla del Caribe.
“En términos amplios, el cierre de gobierno va a afectar a todos los empleados federales que tenga Puerto Rico. Hay empleados federales en Puerto Rico y esa gente se va a ver afectada. Cuando uno dice que no va a afectar mucho, quizás no es una gran cantidad de gente, pero el personal federal que está en Puerto Rico se ve afectado y es un impacto grande para esa gente. Yo creo que no hay que minimizar en ese sentido”, mencionó.
Por otro lado, la situación podría retrasar el manejo de proyectos relacionados con programas federales, en vista de la dependencia de Puerto Rico a esa fuente de financiamiento.
“En lo que son programas de gobierno, hay un impacto grande. Hay un montón de contratistas federales y hay proyectos federales que se paralizan porque el dinero deja de fluir. Yo creo que en un lugar como Puerto Rico donde en esta coyuntura la cartera federal representa un insumo tan grande de actividad económica para Puerto Rico, el impacto se va a sentir más quizás que en otras partes del país donde no hay tanta dependencia del financiamiento federal”, avisó.
En términos de programas específicos, destacó el impacto que la clausura podría tener en el Programa Especial de alimentos suplementarios para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) que se sufraga semanalmente.
“Cuando hay cierres de gobierno la gran preocupación es que, si se va a extender más de una semana, que se termine el financiamiento que está disponible para ese programa y que no haya fuentes adicionales para seguir pagando esos beneficios. Obviamente, la gran mayoría de los cierres de gobierno nunca han durado más de una semana, pero como tenemos este precedente de un cierre de gobierno que duró 35 días y rompió todos los récords habidos y por haber, hay una enorme preocupación de que ese programa en particular se vea afectado. Hay un fondo de contingencia que tiene WIC que, cuando se sabe que se avecina un cierre de gobierno, el Ejecutivo aprueba que se use ese fondo durante el cierre para estirar un poco el chicle una semana más. O sea, que el WIC tenga dos semanas de financiamiento. Pasadas esas dos semanas de financiamiento si el Gobierno sigue cerrado pasamos a un espacio más escabroso porque entonces empieza a recaer la responsabilidad sobre Puerto Rico”, abundó el especialista.
En el caso del PAN (Programa de Asistencia Nutricional), subvención en bloque que aplica a Puerto Rico, podría haber un riesgo de interrupción si el cierre se extiende por mucho tiempo.
“El PAN tiene unas asignaciones federales que se dan anualmente. El riesgo aquí sería que el tranque fuera tan grande que el financiamiento anual que tiene que llegar para Puerto Rico, no llegue. Es lo mismo para todo el SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), no solamente PAN. El SNAP se financia anualmente. En caso de que no puedan aprobar un presupuesto para sufragar lo que es la parte alimentaria, podría haber un problema. Yo creo que en este momento particular, no. Si el Gobierno está cerrado un mes o más de un mes, yo creo que entonces deberían empezar a surgir preocupaciones, porque estaríamos en noviembre y habría una gran incógnita de que llegue ese financiamiento anual para el PAN”, señaló.
La segunda votación de los planes, tanto republicano como demócrata, ayer no llevó a la aprobación de ninguno de los proyectos en el Senado.
La Cámara Alta no está en labores hoy debido a la festividad judía de Yom Kipur, por lo que al menos hasta mañana no habrá movimiento legislativo en ese cuerpo.
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