Familia hispana demanda a comisionada NYPD por no despedir al policía que le disparó al conductor Allan Feliz

La familia de Allan Feliz anunció una demanda histórica contra la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, por negarse a despedir al teniente Jonathan Rivera, autor del fatal disparo del 17 de octubre de 2019 en El Bronx.

Los demandantes estuvieron acompañados por el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams; la vicepresidenta del Concejo Municipal, Diana Ayala; las concejalas Carmen de la Rosa, Alexa Avilés y Tiffany Cabán, organizaciones legales y comunitarias, y otros simpatizantes para conmemorar el 6to aniversario de la muerte de Feliz, anunciar la acción legal y seguir exigiendo el despido del teniente Rivera.

“Desde que Allan murió, me falta una parte del corazón”, dijo en un comunicado de Justice Committee Julie Aquino, madre de su hijo Eli, quien era apenas un bebé al momento del hecho. “Pero la otra mitad está fuerte y llena de ira contra Jessica Tisch por tomar la decisión tan injusta e indignante de no despedir a Rivera, ignorando todas las pruebas. Espero que el tribunal vea a Jessica Tisch tal como es y revoque su decisión”.

La demanda amparada por el Artículo 78 -que desafía una acción (o inacción) de las agencias del estado Nueva York y los gobiernos locales- solicita al tribunal que revoque la decisión final de la Comisionada Tisch de revocar el veredicto de culpabilidad de su Comisionada Adjunta (Rosemarie Maldonado) y le ordene despedir al Teniente Rivera. “La demanda describe la decisión de la Comisionada como arbitraria y caprichosa, contradiciendo la evidencia y los precedentes legales, y (como) un abuso de la discreción y responsabilidad de Tisch para disciplinar a los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD)”.

“Los funcionarios gubernamentales están sujetos a la ley, y cualquier acción arbitraria o caprichosa, que contradiga los hechos, puede ser revocada por los tribunales”, declaró Andrew Case, Asesor Jurídico Supervisor de LatinoJustice PRLDEF (Puerto Rican Legal Defense and Education Fund). “La Comisionada Tisch ignoró evidencia crucial posterior a la investigación, incluyendo las nuevas declaraciones contradictorias de Rivera, el nuevo análisis de la cámara corporal y las conclusiones de la Comisionada Adjunta Maldonado, que el tribunal debe adoptar. Su decisión no tiene fundamento legal ni fáctico y debe ser revocada”.

“La decisión de la Comisionada Tisch constituye un claro abuso de discreción que atenta contra la justicia”, declaró Olivia Clark, de la firma Beldock, Levine & Hoffman LLP. “La decisión de Tisch no respeta debidamente las conclusiones sobre credibilidad de la Comisionada Adjunta Maldonado, es extremadamente desproporcionada en relación con la mala conducta demostrada (…) y sienta un precedente alarmantemente peligroso para la rendición de cuentas policial”.

Mientras la familia Feliz emprende acciones legales, también exige cambios importantes en el proceso disciplinario para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia policial. “Si después de seis años de retrasos y obstrucciones, acusaciones fundamentadas de mala conducta y un veredicto de culpabilidad, un policía asesino aún puede conservar su puesto, entonces este supuesto sistema de ‘justicia’ es una farsa”, dijo Samy Feliz, hermano de Allan. “El control sobre la disciplina de los agentes debería ser despojado del control del Comisionado de Policía”, agregó.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el Departamento Jurídico de la ciudad se negaron a hacer comentarios, alegando que aún no habían visto una copia de la demanda.

La comisionada Tisch realizó una revisión exhaustiva de las conclusiones de Maldonado y emitió un dictamen de nueve páginas el 15 de agosto, indicando que se alineaba con el informe de la Fiscalía General de estado. El 19 de agosto, la Junta de Revisión de Quejas Civiles (Civilian Complaint Review Board/CCRB) envió a Tisch una carta solicitando que reconsiderara su decisión. Tisch respondió el mes pasado indicando que había revisado la recomendación de Maldonado “punto por punto”, pero que seguía estando en desacuerdo con ella, recordó Daily News.

La demanda de la familia destaca que, en sus 11 años como Subcomisionada de Juicios, Maldonado sólo recomendó en dos ocasiones el despido de un agente de policía. La única otra vez fue cuando emitió su dictamen contra el agente de policía Daniel Pantaleo, quien sí fue despedido en 2019 por la muerte de Eric Garner mediante una llave de estrangulamiento ilegal.

¿Qué ha pasado en 6 años?

El 17 de octubre de 2019 el teniente Jonathan Rivera -sargento en ese momento- del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y los oficiales Edward Barrett y Michelle Almanzar detuvieron a Feliz (31) en la esquina de la calle East 211st y la avenida Bainbridge por presuntamente no usar el cinturón de seguridad.

Según los demandantes, “las imágenes de la cámara corporal muestran a los oficiales reconociendo que el señor Feliz llevaba puesto el cinturón de seguridad, pero en lugar de permitirle irse, intensificaron la situación deteniéndolo ilegalmente y agrediéndolo. El teniente Rivera se subió al asiento del copiloto, le disparó con una pistola Taser, lo golpeó y amenazó con dispararle, disparándole luego a quemarropa en el pecho (…) Ninguno de los oficiales lo cubrió ni le brindó asistencia médica de inmediato. En cambio, lo dejaron desangrado, esposado y expuesto”.

En mayo de 2023 la Junta de Revisión de Quejas Civiles (CCRB) fundamentó los cargos que justificaban el despido del teniente Rivera por la muerte de Feliz. NYPD presentó los cargos en junio de 2024 y se celebró un juicio disciplinario en noviembre de ese año. En febrero de 2025, la subcomisionada de Juicios, Rosemarie Maldonado, declaró al teniente Rivera culpable de fuerza excesiva y agresión y recomendó su despido. Pero Tisch revocó el veredicto de culpabilidad y desestimó los cargos contra el teniente Rivera, permitiéndole conservar su placa y arma.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.