Concejal boricua de Chicago demanda al gobierno de Trump tras ser detenida cuando asistía a un inmigrante herido

La concejal de Chicago Jessie Fuentes presentó este martes un reclamo legal contra el Gobierno de Donald Trump, alegando violaciones a sus derechos civiles luego de haber sido esposada y detenida cuando confrontó a agentes de inmigración que ingresaron para detener a un inmigrante herido.

La acción legal solicita una indemnización de $100,000 dólares y constituye el paso previo a una demanda formal ante un tribunal federal.

Fuentes sostuvo que el dinero “le importa un bledo” y que su objetivo es exigir responsabilidades a los agentes involucrados.

“Lo que quiero demostrar es que los agentes federales, que supuestamente son agentes del orden, no están por encima de la ley. Vienen a Chicago creyendo que pueden violar todas las leyes locales que tenemos”, declaró al Chicago Sun-Times.

Así fue la detención

El hecho ocurrió el 3 de octubre en el barrio de Humboldt Park. Según un video publicado por la propia funcionaria, Fuentes se encontraba en el hospital cuando los agentes ingresaron para detener al inmigrante, pese a que este recibía atención médica.

En la grabación, la concejal les exige una orden judicial y les recuerda que “ese hombre tiene derechos constitucionales”, antes de ser esposada por uno de los oficiales. “No te he tocado”, alcanza a decir mientras es retirada del lugar.

Fuentes explicó al Chicago Sun-Times que fue liberada solo después de identificarse varias veces como funcionaria electa.

“Les dije que no había impedido el arresto ni había puesto mis manos sobre nadie”, señaló. Antes de quitarle las esposas, los agentes la advirtieron que sería arrestada nuevamente si regresaba al hospital, según dijo.

Seis meses para responder

El operativo que desencadenó el incidente fue parte de un despliegue de agentes de inmigración en Chicago que había sido cuestionado por varios funcionarios locales.

Ese mismo día, Fuentes participaba en una manifestación en Humboldt Park junto a otros representantes para denunciar el uso de “tácticas militares” en los arrestos migratorios.

Su abogada, Jan Susler, del People’s Law Office, indicó al mismo medio que la administración Trump dispone de seis meses para responder al reclamo administrativo. Si el Gobierno lo rechaza o no responde en ese plazo, se presentará una demanda federal por agravio ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos.

El arresto de la concejal generó reacciones inmediatas dentro del gobierno local.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, expresó su respaldo y recordó que los funcionarios electos “tienen derecho, amparado por la Primera Enmienda, a documentar las acciones de ICE e informar a sus electores sobre sus derechos sin interferencia federal”.

Con información de EFE.

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