Comisionado residente Pablo José Hernández pide acción de USDA para evitar freno en pagos del PAN en Puerto Rico
Envió carta a la secretaria del Departamento de Agricultura federal (USDA), Brooke Rollins, para expresarle su preocupación
Pablo José Hernández Rivera es el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C. Crédito: Oficina del Comisionado Residente | Cortesía
NUEVA YORK – El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, le expresó a la secretaria del Departamento de Agricultura federal (USDA), Brooke Rollins, su preocupación sobre el impacto que pudiera tener el cierre del gobierno federal en la transferencia de fondos para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) a beneficiarios en la isla.
El PAN es una subvención en bloque financiada con fondos federales que administra el Departamento de la Familia en Puerto Rico a través de Adsef (Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia).
En una carta a Rollins, el comisionado argumenta que al igual que los recipientes del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP), los del PAN en la isla necesitan recibir a tiempo los fondos para alimentos.
El comisionado pidió a USDA redirigir dinero de fondos de contigencia para cumplir con los pagos.
La agencia puede utilizar el pote para gastos de emergencia o imprevistos.
“Todos los beneficiarios del Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP) y del PAN tienen derecho a recibir ayuda a través del fondo de contingencia que el Congreso asignó, y que, actualmente, cuenta con entre $5,000 y $6000 millones de dólares disponibles para su uso durante un periodo de interrupción en la asignación de fondos”, lee parte de la misiva que además firmaron la representante demócrata de Minnesota, Angie Craig, y la demócrata de Connecticut, Rosa DeLauro.
Craig es miembro de alto rango del Comité de Agricultura de la Cámara y DeLauro, de alto rango del Comité de Asignaciones en el mismo cuerpo.
Hernández Rivera alertó del impacto inmediato y grave que tendría cualquier retraso o reducción de los pagos en las familias puertorriqueñas.
“Decenas de miles de hogares en Puerto Rico dependen del PAN para comprar alimentos y mantener a sus familias. Cualquier retraso o reducción en los beneficios tendría consecuencias inmediatas y graves para las poblaciones vulnerables, incluyendo a las personas mayores, los niños y los trabajadores de bajos ingresos que ya enfrentan dificultades debido al aumento en el costo de los alimentos y el acceso limitado a los programas de ayuda durante el cierre”, señalan los representantes.
Aproximadamente, 1.2 millones de residentes en Puerto Rico se benefician del PAN. Un 68% de los hogares participantes viven bajo el umbral de la pobreza, según un estudio divulgado este año por el Centro de Estudios del Desarrollo (CED) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras.
El informe, con base en datos del Censo del 2023, especifica que en el 55 % de los hogares participantes hay una persona mayor de 60 años, y en el 29% hay un menor de edad.
El texto de los congresistas finaliza con un llamado para que los encargados del USDA tomen las medidas para garantizar la continuidad de los pagos mensuales.
“Instamos al Departamento de Agricultura de los EE.UU. a que tome todas las medidas administrativas disponibles para garantizar la continuidad de los beneficios para los beneficiarios del PAN, incluyendo la utilización de los saldos restantes y la identificación de cualquier facultad o mecanismo de contingencia disponible para evitar una interrupción en la asistencia alimentaria. Las familias de Puerto Rico no deben quedar desamparadas simplemente porque el gobierno se niega a utilizar sus facultades y recursos legales”, añade el documento con fecha del 28 de octubre.
El comisionado residente encabeza un esfuerzo legislativo para que Puerto Rico transicione del PAN al SNAP. El mes pasado, Hernández Rivera presentó el H.R.5168 o “Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act” con el apoyo de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González. La medida busca facilitar la integración de la isla a SNAP en un periodo mínimo de 10 años.
Postura de USDA sobre fondos SNAP
El Departamento de Agricultura dijo la semana pasada que no utilizaría los fondos de contingencia para financiar los pagos de SNAP en noviembre.
El argumento de USDA es que ese dinero no puede ser utilizado para el programa de asistencia alimentaria.
“Los demócratas se han negado a aprobar la Ley de Rescate y a financiar las prestaciones mensuales regulares para el año fiscal 2026. Los fondos de contingencia del SNAP solo están disponibles para complementar las prestaciones mensuales regulares cuando se han asignado montos, pero son insuficientes para cubrirlas. El fondo de contingencia no está disponible para financiar las prestaciones regulares del año fiscal 2026, porque ya no existe la asignación para dichas prestaciones”, lee parte del documento que trascendió públicamente.
El texto añade que la mejor manera de que continúen las transferencias de pagos bajo SNAP es reabriendo el Gobierno. Desde la agencia añaden que el referido fondo es una fuente para emergencias como en el caso del programa SNAP para Desastres (D-SNAP), “que proporciona beneficios para la compra de alimentos a personas en zonas de desastre, incluyendo desastres naturales como huracanes, tornados e inundaciones, que pueden ocurrir rápidamente y sin previo aviso”.
En un artículo de opinión publicado este martes en Newsweek, Rollins culpa a los demócratas del Senado por el cierre y por la anunciada pausa en los pagos SNAP.
“En lugar de centrarse en reabrir el Gobierno y mantener en funcionamiento programas como SNAP y WIC, o en pagar a los controladores de tráfico aéreo y a los agentes del orden, o en financiar a las fuerzas armadas, los demócratas del Senado se mantienen firmes en su empeño de apuntalar programas gubernamentales fallidos con miles de millones en subsidios sanitarios que benefician a las corporaciones en lugar de a las personas”, plantea Rollins.
La funcionaria señala que, supuestamente, el número de beneficiarios del programa de cupones de alimentos, “no solo se ha disparado debido a lagunas legales en los requisitos de elegibilidad y despilfarro regulatorio que permiten que millones de adultos en edad laboral con hijos en edad escolar participen”, sino que se ha convertido en un punto de presión para los demócratas en su autoinfligido cierre del gobierno.
“En consecuencia, casi 42 millones de personas y más de 22 millones de hogares, incluidos veteranos, niños y ancianos, están siendo rehenes de las exigencias de Chuck Schumer (líder de los demócratas en el Senado), que, en esencia, priorizan a los inmigrantes indocumentados sobre los ciudadanos estadounidenses”, aduce la secretaria de USDA en el escrito titulado “El teatro no alimenta a los hambrientos”.
“Ya es hora de dejar de votar en contra del pueblo estadounidense. Reabran el gobierno. Financien estos programas. Basta de teatro y pongan el bienestar del pueblo estadounidense en primer lugar”, emplaza la secretaria del USDA.
Líderes demócratas han catalogado de “insensible” e ilegal” la decisión de la Administración de no liberar los fondos para cubrir los pagos del próximo mes.
Entre otras cosas, los miembros de esa bancada sostienen que el referido fondo fue creado, precisamente, para situaciones de emergencia como el actual cierre de gobierno. Los demócratas argumentan, además, que la negativa del presidente Donald Trump y su equipo estaría en violación de la ley federal que estipula que los fondos asignados para programas como SNAP deben ser destinados según lo dispone el Congreso.
Por otro lado, un grupo de 23 estados, junto al Distrito de Columbia, demandaron ayer a la Administración Trump para mantener el financiamiento del programa.
La demanda, encabezada por California y Massachusetts, indica que los retrasos de los pagos SNAP son resultado de la acción del USDA, ya que los fondos fueron aprobados por el Congreso federal.
“Suspender los beneficios SNAP en estas circunstancias es contrario a la ley y arbitrario y caprichoso, según la Ley de Procedimiento Administrativo”, alegan los demandantes en el recurso presentado ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Massachusetts.
Por su parte, la Administración de González dijo que contaban con los fondos a nivel local para cubrir los pagos del PAN durante la primera semana de noviembre.
Mediante un comunicado esta mañana, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando C. Rivera Berríos, afirmó que el presupuesto certificado del gobierno de Puerto Rico, para el año fiscal 2026, incluye mecanismos específicos para atender la potencial insuficiencia de fondos para programas como el PAN.
“El presupuesto para este año fiscal 2026, elaborado por el gobierno de Puerto Rico y certificado por la Junta (de Control Fiscal) establece responsablemente mecanismos para mitigar riesgos en fondos federales. En gran medida que este presupuesto fuera certificado por la Junta, se debe a que la gobernadora Jenniffer González Colón, autorizó a la OGP a aumentar la reserva presupuestaria de un 2.5% a un 5%, lo que representa unos $655 millones. Además, la OGP tiene bajo su custodia un total de $824 millones como mecanismo de control y reserva que permite reprogramar o reasignar recursos si surgen riesgos o reducciones de fondos federales, manteniendo continuidad en servicios esenciales como establece el Plan de Gobierno de esta administración”, indica Rivera Berrios.
En esa dirección, el director de OGP argumentó que es “incorrecto” decir que la Administración no tiene un plan para atender la falta de fondos relacionados con el PAN.
“Desde que llegamos a la OGP hemos sido proactivos, y nos enfocamos en realizar oportunamente la planificación presupuestaria para el presupuesto del 2026, lo que demuestra que se consideró con anticipación cualquier posible escenario de riesgos de fondos federales, tema que los medios de comunicación han reseñado constantemente. De igual manera, desde enero del 2025, hemos mencionado en nuestras ponencias en vistas públicas, el detalle de la elaboración del presupuesto del 2026, y que estaríamos implementando un fondo para mitigar riesgos federales”, sostiene Rivera Berríos.
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