Fiscal de NY Letitia James pide corregir la guía federal sobre elegibilidad de SNAP
Una coalición liderada por Letitia James pide al USDA corregir errores sobre elegibilidad de SNAP que, aseguran, afectarían a refugiados y residentes legales
Letreros que indican que se acepta el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) del USDA se exhiben en Wild Onion Market, el lunes 27 de octubre de 2025, en Chicago. Crédito: Erin Hooley | AP
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, urgió al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) a corregir de inmediato los criterios federales que determinan quién puede recibir los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ya que, según ella, la guía vigente excluye erróneamente a inmigrantes con estatus legal que, por ley, deberían ser elegibles para recibir asistencia alimentaria.
En una carta enviada a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, James encabezó una coalición de 20 fiscales generales que exige claridad jurídica y correcciones inmediatas.
En el documento, los fiscales afirman que la nueva guía del USDA confunde categorías migratorias, contradice normativas federales de larga data y puede bloquear ilegalmente el acceso a SNAP de residentes permanentes legales que llegaron al país como refugiados, asilados, beneficiarios de libertad condicional humanitaria u otros programas humanitarios.
La coalición sostiene que el USDA debe rectificar estos errores antes de que los estados nieguen asistencia alimentaria a familias que, según la ley, califican para recibirla.
“La guía confusa e incorrecta del USDA pone a las personas vulnerables en riesgo de perder los alimentos que necesitan para sobrevivir”, dijo James.
James agregó que “los refugiados, asilados y otros inmigrantes que obtuvieron el estatus legal no deberían perder el acceso a los beneficios del SNAP porque el gobierno federal malinterpretó sus propias leyes”, al insistir en que el USDA debe corregir los fallos “de inmediato”.
“Confusión” por el memorando del USDA
Los fiscales argumentan que la confusión surge del memorando que el USDA envió el 31 de octubre para implementar los cambios derivados del llamado “One Big Beautiful Bill”.
Ese documento estableció nuevas restricciones a la elegibilidad de no ciudadanos y se volvió vinculante apenas un día después de su publicación, un sábado, dejando a los estados sin margen para ajustar sus procesos.
Según la coalición, el memorando interpreta de forma incorrecta la ley al catalogar como “no elegibles” a varias categorías de migrantes que se convierten en aptos para SNAP tan pronto obtienen la residencia permanente legal.
La coalición también cuestiona la lectura del USDA sobre el período federal de espera de cinco años que aplica a algunos residentes permanentes legales.
Los fiscales recuerdan que los refugiados, asilados, personas con deportación retenida y otros grupos humanitarios están exentos de ese requisito y que la agencia ha reconocido esas exenciones durante décadas. Sin embargo, la guía reciente eliminó equivocadamente a estos grupos de la lista de excepciones.
Otro punto de tensión es el período de transición de 120 días que, conforme a las regulaciones federales, debe otorgarse a los estados cada vez que se emiten nuevas directrices. Los fiscales sostienen que es imposible que ese plazo se haya agotado el 1 de noviembre —un día después de publicada la guía— porque, según las normas del USDA, el período solo puede comenzar en la fecha de emisión del documento.
Dejarlo sin efecto, afirman, expone a los estados a sanciones por errores provocados por la propia agencia federal.
Correcciones propuestas
Ante este panorama, James y la coalición demandan correcciones inmediatas: que el USDA aclare que refugiados, asilados y personas admitidas mediante programas de libertad condicional humanitaria pueden recibir SNAP al obtener la residencia permanente legal; que publique con precisión la lista de grupos exentos del período de espera; que explique de forma clara el funcionamiento de la regla de los cinco años; y que reconozca formalmente el inicio del período de transición de 120 días en la fecha en que se emitió la guía.
Además de James, firman la carta los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
