Casa Blanca confirma que Hegseth autorizó segundo ataque a sobrevivientes de presunta “narcolancha”

La Casa Blanca sugirió este lunes que Estados Unidos realizó un segundo ataque contra sobrevivientes de una presunta narcolancha bombardeada en septiembre en el Caribe pero defendió la legalidad de la operación y aclaró que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó al almirante al mando.

La posición fue expuesta por la portavoz Karoline Leavitt durante una rueda de prensa en la que respaldó públicamente a Hegseth, justo cuando el Congreso acelera los preparativos para revisar si el episodio pudo constituir un crimen de guerra.

“Con respecto a los ataques en cuestión, el 2 de septiembre, el secretario Hegseth autorizó al almirante [Frank] Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos”, dijo Leavitt.

El Washington Post había señalado la semana pasada que, tras un primer bombardeo el 2 de septiembre, se produjo un segundo disparo para matar a dos supervivientes de la embarcación.

La portavoz leyó la versión de la Administración según la cual Hegseth solo autorizó al almirante Frank Bradley, entonces jefe del Comando de Operaciones Especiales Conjunto, a ejecutar “ataques cinéticos” contra los presuntos narcotraficantes designados como organizaciones terroristas extranjeras por la Administración Trump.

“El almirante Bradley actuó con eficacia dentro de su autoridad y de la ley para garantizar la destrucción del barco y la eliminación de la amenaza”, señaló.

No aclara la normativa

A pesar de que Leavitt calificó de “falsas” las informaciones del Washington Post, evitó responder directamente cuando se le preguntó qué normativa avala no dejar sobrevivientes tras un ataque. En su lugar, reiteró que la operación se enmarcó en la política de permitir ataques letales contra grupos narcoterroristas que intentan transportar drogas hacia Estados Unidos.

La Casa Blanca insistió en que la acción se amparó en la autoridad del presidente para actuar contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico que, según explicó Leavitt, representan una amenaza directa para el país.

“El presidente ha dejado muy claro que si los narcoterroristas están traficando drogas ilegales hacia Estados Unidos, tiene la autoridad para eliminarlos”, afirmó.

Mientras tanto, varios comités legislativos iniciaron este lunes una fase más agresiva de supervisión del episodio.

En paralelo al aumento de solicitudes de documentos, las cámaras preparan revisiones formales que deberán determinar si la operación del 2 de septiembre, en la que murieron las 11 personas que viajaban a bordo, se ajustó a los estándares legales que regula el uso de la fuerza en el exterior.

Con información de EFE.