¿En qué consiste el proyecto de ley ante el Congreso que busca evitar que ICE arreste a migrantes en cortes?

Adriano Espaillat, Dan Goldman, Nydia Velázquez, y Robert García introdujeron la “Ley de Protección del Debido Proceso en Materia de Inmigración”

Arresto de ICE en — Agentes federales detienen a una persona frente al tribunal de inmigración en el edificio federal Jacob K. Javits en Nueva York. Crédito: Yuki Iwamura | AP

10 Dic 2025, 10:16 AM EST

Sígueme:

NUEVA YORK – Un grupo de demócratas en la Cámara de Representantes federal presentó un proyecto de ley que busca garantizar el debido proceso de ley a migrantes que acuden a citas en cortes para tratar de regularizar su estatus y evitar que oficiales de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen arrestos.

Los representantes Adriano Espaillat (NY-13), Dan Goldman (NY-10), Nydia Velázquez (NY-7), y Robert García (CA-42) introdujeron esta semana la “Ley de Protección del Debido Proceso en Materia de Inmigración” que busca evitar que los migrantes que acuden a las comparecencias judiciales por órdenes del tribunal sean objeto de detenciones por parte de agentes federales en estos espacios.

En específico, la medida prohibiría que los oficiales o agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) o agencias hermanas arresten o detengan a cualquier persona que se encuentre en una instalación del Tribunal de Inmigración de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) a menos que exista una orden judicial. De acuerdo con un comunicado de prensa este martes, las protecciones se extenderían a las personas cuyo caso de inmigración aún esté activo y no haya resultado en una orden final de deportación.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración es parte del Departamento de Justicia.

La EOIR lleva a cabo procedimientos ante los tribunales de inmigración como los relacionados con deportaciones, revisiones de apelación y audiencias administrativas.

La legislación fue presentada luego de que los representantes de NY visitaran 26 Federal Plaza este lunes para supervisar los procedimientos judiciales migratorios.

Previamente, se les había negado el acceso a dos de los representantes a la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación de ICE en Nueva York, ubicada en el referido complejo. Los encargados del lugar no dejaron entrar a Espaillat y Velázquez en al menos dos ocasiones, la más reciente en julio.

A juicio de los congresistas, las políticas antimigratorias “despreciables” y abusivas de la Administración Trump que encabezan el DHS y ICE se han traducido en una “amplia campaña de arrestos en los tribunales de inmigración con el fin de cumplir con las cuotas de deportación masiva impuestas por Trump”.

Los legisladores cuestionan la presencia de agentes federales a las afueras de las salas con el rostro cubierto, y, en muchas ocasiones, sin la debida identificación. Se ha reportado la práctica recurrente de oficiales que detienen a las personas una vez concluyen las audiencias. En algunos casos, la intervención ocurre luego de que los propios abogados del DHS solicitan la desestimación de los casos o dar por terminados los mismos.

Los legisladores, que catalogaron estas tácticas como “engañosas”, argumentan que las mismas han impactado a inmigrantes no violentos sin antecedentes penales, como lo son solicitantes de asilo, estudiantes y personas en libertad condicional que ingresaron legalmente al país.

“Al anular las solicitudes de asilo pendientes y someter a las personas a un proceso de deportación acelerada, el DHS está eludiendo el debido proceso, negando el acceso a representación legal y acelerando las deportaciones de quienes, de otro modo, estarían siguiendo los procedimientos legales”, especifican en el parte de prensa.

A través de la medida presentada, se implementarían salvaguardias para proteger a los inmigrantes que buscan vías legales y asisten a sus audiencias ante los tribunales de inmigración como corresponde.

“El debido proceso es una protección fundamental en nuestra Constitución. Sin él, todos los demás derechos, privilegios y protecciones contra el abuso de poder se desmoronan”, consideró Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso. “Con este proyecto de ley, reafirmamos que Estados Unidos es una democracia, un país libre. Un día en la corte debe ser un día pacífico de interacción civil entre los ciudadanos y la ley, y no una emboscada”, añadió.

Por su parte, Goldman expuso que, de ser aprobada, el proyecto establecería límites a las “tácticas imprudentes” en los tribunales migratorios y ayudará a garantizar que los extranjeros que busquen asilo legalmente puedan seguir haciéndolo.

“Durante el último año, hemos sido testigos, con consternación y de forma reiterada, de cómo agentes del ICE y del DHS detienen a inmigrantes no violentos y sin antecedentes penales inmediatamente después de sus comparecencias obligatorias ante los tribunales; en muchos casos, incluso mientras su caso sigue activo y viable”, afirmó.
Velázquez señaló que la estrategia de Trump y su equipo es otro ejemplo de cómo la Administración utiliza el sistema de justicia como arma para llevar a cabo su “cruel agenda”.

“Los tribunales de inmigración deberían ser un lugar donde las personas puedan presentar su caso y se garantice el debido proceso”, planteó la congresista. “Cuando los inmigrantes temen que una comparecencia ante el tribunal pueda derivar en un arresto, todo el sistema comienza a colapsar”, consideró.

Detalles de la Ley de Protección del Debido Proceso en Materia de Inmigración:

Prohíbe a los oficiales o agentes del DHS arrestar o detener a una persona que se encuentre físicamente presente en una instalación de EOIR con el propósito de asistir o participar en una audiencia, a menos que medio una orden judicial.
Prohíbe a los oficiales o agentes del DHS arrestar o detener a una persona inmediatamente después de su llegada o salida de una instalación de un tribunal de inmigración si dicha persona llega o sale de la instalación con el propósito de asistir o participar en una audiencia, excepto en virtud de una orden judicial.
Estas restricciones de aplicación de la ley aplican a cualquier persona cuyo caso de inmigración aún esté activo y no haya resultado en una orden final de deportación. Esto incluye casos ante un juez de inmigración o la Junta de Apelaciones de Inmigración. La medida cubre los casos durante la tramitación de cualquier apelación o moción para reabrir, reconsiderar o impugnar de cualquier otra manera una orden final de deportación.
La pieza legislativa incluye una excepción para que los agentes del DHS puedan actuar cuando sea necesario para prevenir un acto de violencia inminente o una amenaza específica y concreta contra la vida, la seguridad pública o la seguridad nacional.
La medida además restringe los arrestos al llegar o salir de las citas o controles de inmigración del ICE o de cualquier otra dependencia del DHS. Para que se realice un arresto durante en medio de esos procesos se requeriría una autorización escrita de un funcionario supervisor de alto rango en la que se especifique el fundamento legal del mismo. La intervención además deberá notificarse al Inspector General del DHS en un plazo de 30 días.
La propuesta de ley además establece que esa oficina debe presentar un informe al Congreso sobre el cumplimiento del DHS con las disposiciones de la legislación. El reporte debe incluir datos sobre el número de arrestos y tentativas de arresto, su fundamento, así como las medidas adoptadas por el secretario de la agencia (en este caso Kristi Noem) para garantizar el cumplimiento.