Cámara federal aprobó nueva ley de defensa de más de $900,000 millones: ¿cómo impacta a Puerto Rico?
Una de las disposiciones más destacadas del paquete es el aumento salarial del 3.8% para los miembros de las fuerzas armadas
El pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Washington D.C: Crédito: Matt Rourke | AP
NUEVA YORK – Con la aprobación en la Cámara de Representantes federal ayer de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), el paquete ahora pasará a la consideración del Senado que podría aprobarlo la semana próxima.
La legislación autoriza unos $901,000 millones de dólares en gastos militares anuales. Del presidente Donald Trump firmar la medida, como se espera, la NDAA se convertirá en ley por 65º año consecutivo.
El referido monto es más que el solicitado por Trump en mayo.
El resultado de la votación en la Cámara fue de 312 votos a favor y 112 en contra.
94 demócratas y 18 republicanos se opusieron al proyecto de ley. A la aprobación le antecedieron trámites por parte del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el secretario de Estado, Marco Rubio, para convencer a algunos republicanos disidentes.
Una de las disposiciones más destacadas del paquete es el aumento salarial del 3.8% para los miembros de las fuerzas armadas. La medida además contempla ayuda militar a Ucrania, la restricción de inversión estadounidense en China y el descarte de sanciones contra Siria.
Otro asunto importante es el freno a la intención de Trump de reducir el despliegue militar en Europa.
El proyecto impide que el número de tropas estadounidenses en Europa caiga por debajo de 76,000 a menos que se pueda garantizar que la reducción no afecta los intereses de EE.UU. El país además deberá consultar antes con los aliados de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).
La negociación entre demócratas y republicanos también se tradujo en una disposición bajo la que se retendría una cuarta parte del presupuesto de viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, si el Pentágono no cumple con diversos requisitos como, por ejemplo, el suministro a la Cámara de Representantes y al Senado de “videos de los ataques realizados contra organizaciones terroristas designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”.
Entre las provisiones que quedaron fuera resalta la dirigida a expandir la cobertura de la fecundación in vitro (FIV) para los miembros de las fuerzas armadas en servicio activo y sus familias.
La representante Sara Jacobs y la senadora Tammy Duckworth, ambas demócratas, pero de California e Illinois, respectivamente, habían logrado la inclusión de la medida.
Sin embargo, líderes como Johnson habrían presionado para que fuera excluida.
Por otro lado, el proyecto de ley no incluye lenguaje para cambiar el nombre del Departamento de Defensa (DOD) al de Departamento de Guerra a tono con una orden ejecutiva firmada por Trump en septiembre. El mismo decreto alteraba simbólicamente el título del secretario de Defensa, Pete Hegseth, a secretario de Guerra. Estos cambios solo serían oficiales si el Congreso los aprueba.
El impacto en Puerto Rico
Puerto Rico, por ser un territorio de EE.UU., no cuenta con su propia milicia. Los puertorriqueños sirven en las fuerzas armadas estadounidenses desde principios del siglo pasado.
La isla además cuenta con bases militares en el archipiélago en las que actualmente personal realiza prácticas ante la ofensiva contra Venezuela por parte de la Administración Trump que no ha descartado un ataque por tierra.
En respuesta a la aprobación en la Cámara de NDAA, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, resaltó que la legislación destina $81 millones de dólares a la infraestructura militar en la isla.
Según un comunicado enviado por la oficina de prensa del comisionado, la pieza legislativa “desempeña un papel fundamental en el apoyo a las familias militares, los veteranos y los activos de defensa clave en la isla, incluyendo Fort Buchanan, la Guardia Nacional de Puerto Rico y las operaciones regionales de la Guardia Costera de Estados Unidos”.
En específico, el parte de prensa señala que, parte de los fondos, serán destinados para el reemplazo de la Escuela de la Unidad Ramey en Punta Borinquen.
Para esos fines, se autorizaron $66.5 millones como parte de un proyecto total de $155 millones.
Con unos $14.5 millones, se financiarán talleres de ingeniería y mantenimiento de viviendas en Camp Santiago, principal instalación de entrenamiento de la Guardia Nacional de Puerto Rico.
Hernández añadió que el aumento salarial del 3.8% también aplicará a militares puertorriqueños.
En un comunicado aparte, la Administración de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, expuso que los fondos para el Campamento Santiago en Salina ya habían sido asignados como parte del paquete para reabrir el gobierno federal.
“Según habíamos adelantado, el Congreso ya había asignado los fondos para este proyecto a través de las medidas de asignaciones de construcción militar y fue firmado por el presidente Trump como parte de la Ley que reabrió el gobierno federal. Seguimos impulsando y dando continuidad a las gestiones de la gobernadora González Colón, quien apoyó este proyecto de construcción militar durante su trayectoria en el Congreso, logrando su autorización original en la NDAA del año fiscal 2018 y una extensión en la NDAA del año fiscal 2024,” expresó Gabriella Boffelli, directora ejecutiva de PRFAA (Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C.).
Por otro lado, el gobierno de Puerto Rico resaltó que NDAA incluye la Ley de Autorización de la Guardia Costera de 2025, que reautoriza la financiación y los programas de la Guardia Costera y sus operaciones para los años fiscales 2026 y 2027.
De acuerdo con la Administración, parte del texto de la legislación fue redactado por González durante su incumbencia en el Congreso como comisionada residente.
La Sección 7119 de la legislación le requiere al comandante de la Guardia Costera desarrollar, en colaboración con el secretario de Estado y el de Defensa, un plan anual para apoyar las operaciones de la Guardia Costera en la región del Caribe, “incluyendo una evaluación de las necesidades de personal, infraestructura, administración, logística y tecnología”.
“Esta disposición busca garantizar que la Guardia Costera cuente con las capacidades necesarias para llevar a cabo operaciones de seguridad nacional y seguridad fronteriza marítima en el Caribe”, detalla el comunicado divulgado por el equipo de la gobernadora.
“La gobernadora González-Colón ha priorizado desde hace tiempo los esfuerzos para garantizar que la Guardia Costera y el sector San Juan tengan acceso a los recursos adecuados para combatir eficazmente la actividad marítima ilícita y las organizaciones criminales transnacionales que operan alrededor de Puerto Rico y el Caribe. El requisito de elaborar un plan anual sobre las operaciones de la Guardia Costera en la región debería contribuir a este objetivo y destacar aún más la creciente importancia de Puerto Rico para promover los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”, afirmó Boffelli.
La Administración González además celebró la inclusión de la Sección 7218 que autoriza al secretario de Seguridad Nacional, en este caso Kristi Noem, a adquirir tecnología de vanguardia, como sistemas tácticos de vigilancia marítima, para su uso por parte de la Guardia Costera y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en sectores como el de San Juan.
A juicio de la gobernadora, esto garantizará que el personal de dichas agencias “tengan acceso a herramientas vitales para detectar e interceptar a narcotraficantes y contrabandistas de personas antes de que lleguen a nuestras costas”.
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