Maine avanzará con ley que limita la cooperación policial con ICE

La gobernadora de Maine, Janet T. Mills, anunció este lunes que permitirá que avance la ley aprobada por la Legislatura estatal que limita la cooperación de la policía local con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y que además deroga una orden ejecutiva vigente desde 2011 que obligaba a funcionarios estatales a colaborar con autoridades federales de inmigración.

El proyecto de ley, identificado como LD 1971, limita las circunstancias en las que las fuerzas del orden estatales y locales pueden cooperar con ICE, en un contexto marcado por la intensificación de las deportaciones bajo la administración del presidente Donald Trump.

La decisión, comunicada a través de una carta abierta publicada en un medio local, implica que Mills no vetará el proyecto y dejará que entre en vigor cuando los legisladores se reúnan nuevamente en enero, con aplicación prevista a partir de 2026.

El texto legal fue aprobado en la pasada primavera, pero la gobernadora había pospuesto su determinación final hasta ahora.

En su mensaje, Mills explicó que evaluó las posibles dificultades operativas que la norma podría generar para las fuerzas del orden, pero concluyó que pesan más los efectos de la política migratoria federal actual.

“He sopesado mis preocupaciones sobre las restricciones confusas que impone a las fuerzas del orden… frente a las acciones extraordinarias y horribles de una agencia federal que ha sido utilizada por el Presidente para socavar los derechos de todos nosotros”, señaló.

Leyes de Maine y no federales

La gobernadora sostuvo que el objetivo central del proyecto es asegurar que la policía estatal y local aplique las leyes de Maine y no actúe como extensión de la política federal de inmigración.

Mills enmarcó su decisión en una crítica más amplia al sistema migratorio de Estados Unidos, al que calificó de fallido, y defendió que cualquier reforma debe priorizar a quienes representan un riesgo real para la seguridad pública.

Según expresó, dicho sistema no debería centrarse en “los escolares y sus padres” ni empujar a personas respetuosas de la ley a vivir en la clandestinidad.

“Con esta decisión, Maine está dejando claro en qué cree”, escribió la gobernadora, al rechazar que el estado se vea forzado a abandonar a miembros de sus comunidades “por el color de su piel o el país que alguna vez, si es que lo hicieron, consideraron su hogar”.

Tras el anuncio de Mills, organizaciones como el Proyecto de Defensa Legal para Inmigrantes y la ACLU expresaron su respaldo a la medida, al considerar que refuerza la protección de las comunidades inmigrantes y establece límites al uso de recursos estatales en la aplicación de la política migratoria federal.

Con información de EFE.