Corte ordena permitir visitas sin previo aviso de miembros del Congreso a centros federales de detención de migrantes

Un tribunal federal frenó este miércoles la política de la administración Trump que impedía a los miembros del Congreso realizar visitas de supervisión sin previo aviso a los centros de detención migratoria.

La decisión restablece la capacidad del Congreso para supervisar en tiempo real cómo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a personas, incluyendo ciudadanos estadounidenses. Las organizaciones Democracy Forward y American Oversight representan a los demandantes, informó la fundación Democracy Forward.

​Restricciones al acceso legislativo

La demanda, Neguse et al. v. U.S. Immigration and Customs Enforcement et al., fue presentada por 12 miembros de la Cámara de Representantes. La acción legal se produjo después de que la administración impusiera un periodo de espera de siete días y prohibiera el acceso a ciertas oficinas de campo, lo cual contraviene la ley federal vigente sobre supervisión legislativa.

​Los demandantes incluyen a los representantes Joe Neguse, Adriano Espaillat, Bennie G. Thompson, Jamie Raskin, Robert Garcia, J. Luis Correa, Jason Crow, Veronica Escobar, Dan Goldman, Jimmy Gomez, Raul Ruiz y Norma Torres.
​Declaraciones de los congresistas y organizaciones.

​“La decisión de hoy es una victoria crítica para restablecer nuestra capacidad de llevar a cabo una supervisión de importancia esencial para el pueblo estadounidense. Refuerza el estado de derecho y recuerda a la administración que la supervisión no es opcional. Las visitas en tiempo real y sobre el terreno a los centros de detención ayudan a prevenir abusos y garantizan la transparencia. La supervisión es una responsabilidad fundamental de los congresistas y un deber constitucional que no tomamos a la ligera. Seguiremos defendiendo el estado de derecho”, precisaron los miembros del Congreso.

Por su parte, Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, afirmó que “este fallo es una victoria para el pueblo estadounidense y sus representantes electos. Esta decisión deja claro que ningún presidente puede ocultar la verdad sobre cómo se trata a las personas bajo custodia migratoria federal. Nos honra representar a estos miembros del Congreso en la defensa de la rendición de cuentas, la transparencia, el estado de derecho y la dignidad humana”.

Entretanto, Chioma Chukwu, directora ejecutiva de American Oversight, añadió que el fallo “es una clara victoria para el estado de derecho y una afirmación de que ninguna administración está por encima de él”.

“Los miembros del Congreso tienen el derecho incuestionable de realizar supervisiones en tiempo real y el pueblo estadounidense tiene derecho a saber qué ocurre en su nombre. Al bloquear esas visitas, la administración no solo rompía la ley, intentaba ocultar la realidad de estas instalaciones: personas en condiciones de hacinamiento e inhumanas sin camas, duchas o atención médica adecuada”, apuntó Chukwu.