NYC dejó sin cobrar más de $42 millones en multas a autobuses escolares pese a miles de quejas

El sistema de transporte escolar de la ciudad de Nueva York volvió a quedar bajo escrutinio público tras la publicación de una auditoría del contralor municipal, Brad Lander, que concluye que el Departamento de Educación (DOE, por sus siglas en inglés) dejó sin cobrar más de $42.6 millones de dólares en multas a empresas privadas de autobuses escolares durante el último año fiscal, a pesar de reiteradas fallas en el servicio que afectaron a miles de estudiantes y familias.

El informe, difundido el miércoles, señala que las penalizaciones estaban relacionadas principalmente con incumplimientos en el uso del sistema GPS, una tecnología obligatoria que los conductores deben activar al inicio de cada ruta para que madres y padres puedan rastrear el recorrido del autobús y verificar cuándo sus hijos suben o bajan del vehículo. Sin embargo, según la auditoría, las autoridades escolares solo aplicaron sanciones en 5.5% de los casos documentados, recaudando apenas $1.7 millones.

Para el contralor, esta falta de aplicación de penalidades refleja un problema estructural de supervisión. “Durante décadas, el sistema de autobuses escolares de nuestra ciudad ha fallado a estudiantes y familias”, afirmó Lander en un comunicado. “Padres pierden horas de trabajo, estudiantes pierden clases y desayuno, y niños con discapacidades quedan varados cuando no existe la rendición de cuentas necesaria”.

Miles de retrasos y autobuses que nunca llegaron

Los datos recopilados por la oficina del contralor muestran la magnitud del problema. Durante el ciclo escolar 2023-2024, las familias realizaron más de 15,000 llamadas para reportar retrasos en recogidas o llegadas a las escuelas. Además, se presentaron más de 14,000 quejas formales por autobuses que no llegaron, dejando a estudiantes sin transporte.

El informe advierte que estas cifras podrían ser aún mayores, ya que se registraron más de 5,000 llamadas desconectadas, lo que sugiere dificultades para que las familias logren siquiera reportar los problemas. Muchos de los estudiantes que dependen del transporte escolar pertenecen a poblaciones vulnerables, incluidos niños con discapacidades y estudiantes en situación de falta de vivienda, para quienes la falta de servicio tiene consecuencias más graves.

Un sector multimillonario bajo tensión

La auditoría se publica tras meses de tensión en el sistema de transporte escolar, un sector que mueve alrededor de $2,000 millones al año y que depende de 48 empresas privadas para operar rutas en los 5 distritos de la ciudad.

Al inicio del actual ciclo escolar, el Panel para la Política Educativa (PEP, por sus siglas en inglés), organismo que supervisa el sistema educativo en una estructura controlada por la alcaldía, se negó a aprobar automáticamente una extensión de contrato con las empresas de autobuses, exigiendo un plan concreto para mejorar el servicio. La negativa abrió la puerta a un posible colapso del sistema que habría afectado a decenas de miles de estudiantes.

Finalmente, el mes pasado, la ciudad y las compañías acordaron una extensión retroactiva por 3 años, en lugar de los 5 inicialmente propuestos. Aun así, defensores de las familias consideran que la solución es insuficiente y que se requieren cambios más profundos a nivel estatal.

Críticas de padres y defensores

Organizaciones de padres afirman que la auditoría confirma problemas denunciados desde hace años. “Este informe valida, con datos, lo que las familias han dicho repetidamente: que el sistema debe funcionar mejor, con más planificación y menos desperdicio”, señaló Sara Catalinotto, cofundadora de Parents to Improve School Transportation (PIST), en declaraciones recogidas por Daily News.

Catalinotto cuestionó el modelo actual del transporte escolar en la ciudad. “¿Qué otro sistema escolar subcontrata el servicio a casi 50 empresas privadas, considera aceptables rutas de hasta 2 horas y trata a estudiantes de kindergarten y preparatoria como si tuvieran las mismas necesidades?”, preguntó. “Este enfoque, objetivamente, expone a los estudiantes a un daño educativo”.

El DOE rechazó parte de las conclusiones de la auditoría y afirmó que el informe carece de “contexto crítico”. En su respuesta formal, incluida en el documento, funcionarios del Departamento señalaron que las cifras de retrasos y quejas deben analizarse considerando la enorme escala del sistema, que opera más de 8,000 rutas diarias, dos veces al día.

Según el DOE, durante el último año fiscal se emitieron $4.9 millones en daños liquidados por diversos problemas de servicio, no solo relacionados con el uso del GPS. “Investigamos todas las quejas, exigimos responsabilidades cuando hay fallas graves y hemos logrado avances significativos con el tiempo”, dijo Dominique Ellison, portavoz de las escuelas públicas de la ciudad.

Un problema que persiste

Pese a esas explicaciones, la auditoría deja al descubierto una brecha entre la cantidad de fallas reportadas por las familias y la aplicación efectiva de sanciones a las empresas responsables. Para muchas familias trabajadoras de Nueva York, especialmente aquellas con hijos con necesidades especiales, el transporte escolar sigue siendo una fuente constante de estrés, con impacto directo en la educación, la estabilidad laboral y la rutina diaria.

Mientras tanto, millones de dólares en multas continúan sin cobrarse, alimentando el debate sobre la necesidad urgente de reformar un sistema que, según críticos y ahora también datos oficiales, no está cumpliendo con los estudiantes que más dependen de él.

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