Anticonceptivos en la mira: la ofensiva estatal que amenaza el acceso al control de la natalidad en EE.UU.

El acceso a los métodos anticonceptivos es un pilar central de la salud pública, la autonomía personal y la igualdad social. Poder decidir si, cuándo y cómo tener hijos impacta directamente en la educación, el empleo, la estabilidad económica y el bienestar físico y mental de millones de personas.

Sin embargo, en Estados Unidos este derecho, que durante décadas se dio por sentado, atraviesa uno de sus momentos más frágiles en lo que va del siglo XXI.

Desde que la Corte Suprema anuló en 2022 el precedente de Roe v. Wade, la conversación pública se ha centrado principalmente en el aborto. Pero expertos en derechos reproductivos advierten que ese fallo no solo eliminó la protección constitucional al aborto, sino que abrió la puerta a una ofensiva más amplia contra el acceso a la anticoncepción. A 3 años de esa decisión, las señales son cada vez más claras: en los estados, la batalla por el control de la reproducción se ha intensificado y los anticonceptivos se han convertido en un nuevo frente de disputa política e ideológica.

Una ofensiva que se acelera en los estados

Aunque el fallo de la Corte Suprema marcó un punto de inflexión, los intentos por limitar el acceso a la anticoncepción ya estaban en marcha antes de 2022, así lo demuestra un informe publicado por National Women’s Law Center. Organizaciones contrarias a los derechos reproductivos han seguido, paso a paso, el mismo guion utilizado para restringir el aborto: impulsar leyes estatales, introducir definiciones legales ambiguas y promover excepciones amplias basadas en creencias personales o religiosas.

Durante las sesiones legislativas estatales de 2025, este patrón se hizo especialmente evidente. En distintos puntos del país se presentaron iniciativas que, de aprobarse, habrían debilitado seriamente el acceso a métodos anticonceptivos modernos, en particular aquellos que han sido blanco frecuente de desinformación, como la anticoncepción de emergencia y los dispositivos intrauterinos (DIU).

El peligro de la “personalidad fetal”

Uno de los mecanismos más controvertidos para limitar la anticoncepción es la incorporación de definiciones de “personalidad fetal” o “derechos desde la fertilización” en las leyes estatales. Estas iniciativas buscan otorgar estatus legal a embriones y fetos, una estrategia que puede tener consecuencias profundas no solo para el aborto, sino también para ciertos métodos anticonceptivos.

Un ejemplo paradigmático se dio en Carolina del Sur, donde legisladores impulsaron el llamado Unborn Child Protection Act. Esta propuesta pretendía otorgar derechos legales desde el momento de la fertilización, endureciendo aún más una prohibición casi total del aborto ya vigente en el estado. El proyecto incluía, además, definiciones médicamente inexactas de “anticoncepción” y “contraceptivo”, lo que generó alarma entre profesionales de la salud y defensores de derechos civiles.

La preocupación no era infundada: expertos advirtieron que, de aprobarse, la ley podría haber criminalizado métodos ampliamente utilizados y recomendados por la comunidad médica, como la anticoncepción de emergencia y los DIU, bajo la premisa errónea de que actúan después de la fertilización. Aunque el proyecto finalmente no avanzó, el episodio dejó en evidencia el efecto paralizante que estas propuestas pueden tener, incluso sin convertirse en ley. La confusión legal y el miedo a sanciones pueden disuadir a médicos, farmacéuticos y pacientes de utilizar o recetar ciertos métodos.

Métodos anticonceptivos bajo ataque selectivo

Otra tendencia preocupante observada en 2025 fue el intento de excluir deliberadamente determinados métodos anticonceptivos de programas de acceso ampliado. En Indiana, por ejemplo, un proyecto de ley diseñado originalmente para ampliar el acceso a anticonceptivos para personas de bajos ingresos fue modificado mediante una enmienda que eliminaba de la definición de “control de la natalidad” a los condones, la anticoncepción de emergencia, los implantes y los DIU.

La propuesta, que sí incluía métodos basados en el seguimiento del ciclo menstrual, fue duramente criticada por profesionales de la salud y organizaciones médicas, que la calificaron como un ataque basado en desinformación científica. Aunque la iniciativa no prosperó, puso de relieve un cambio de estrategia: no siempre se trata de prohibir abiertamente la anticoncepción, sino de restringir el acceso a los métodos más eficaces y confiables.

La objeción de conciencia y las negativas a dispensar anticonceptivos

El aumento de leyes que permiten a proveedores de salud y entidades privadas negarse a ofrecer ciertos servicios por motivos de creencias personales representa otra amenaza significativa. Estas normas, conocidas como leyes de “rechazo” o “negativa”, pueden afectar de manera desproporcionada a comunidades vulnerables, especialmente en zonas con pocos recursos sanitarios.

En Tennessee, una ley aprobada en 2025 permite que proveedores, instituciones e incluso aseguradoras se nieguen a participar o pagar procedimientos médicos que entren en conflicto con sus creencias. Aunque el texto no menciona explícitamente la anticoncepción, su redacción amplia deja la puerta abierta a que farmacéuticos se nieguen a dispensar métodos anticonceptivos.

Las consecuencias pueden ser graves, sobre todo en los llamados “desiertos farmacéuticos”, donde el acceso a una farmacia ya es limitado. Para una persona joven, de bajos ingresos o perteneciente a la comunidad LGBTQ+, una negativa puede significar retrasos críticos o la imposibilidad total de acceder a un método anticonceptivo.

El estancamiento de las Leyes de Derecho a la Anticoncepción

Frente a este panorama, varios estados intentaron avanzar en la dirección opuesta mediante la aprobación de Leyes de Derecho a la Anticoncepción, diseñadas para garantizar explícitamente el acceso a métodos anticonceptivos en la legislación estatal. Estas iniciativas buscan proteger el derecho incluso si la Corte Suprema revocara precedentes clave que hoy lo respaldan a nivel federal.

Sin embargo, en 2025, al menos once estados no lograron aprobar este tipo de leyes. En Virginia, el gobernador vetó por segunda vez una propuesta de este tipo, argumentando, según críticos, afirmaciones engañosas sobre derechos parentales y libertades religiosas. Para defensores de la salud reproductiva, estos vetos ilustran cómo el debate se contamina con retórica que distorsiona el alcance real de las leyes.

Avances y resistencia: cuando los estados protegen el acceso

A pesar de las amenazas, 2025 también dejó ejemplos claros de resistencia y avances significativos. En Tennessee, el mismo estado que aprobó una amplia ley de negativas, se logró una victoria histórica: la promulgación de una ley que consagra explícitamente el derecho a la anticoncepción y a los tratamientos de fertilidad.

La iniciativa, impulsada con apoyo bipartidista y liderada por organizaciones de base, superó intentos de desinformación y fue firmada por el gobernador. Su entrada en vigor garantiza que tanto pacientes como profesionales de la salud cuenten con una base legal clara para acceder y ofrecer estos servicios.

En Maryland, el foco estuvo en la implementación efectiva. Un nuevo proyecto creó una colaboración estatal para asegurar que los anticonceptivos de venta libre estén cubiertos por seguros médicos sin costos adicionales. La medida reconoce una realidad clave: aprobar leyes no es suficiente si no se eliminan las barreras prácticas que enfrentan las personas en su vida cotidiana.

Un derecho en disputa en el siglo XXI

La lucha por el acceso a la anticoncepción enEE.UU. refleja tensiones más amplias sobre autonomía, ciencia y derechos civiles en el cierre del segundo cuarto del siglo XXI. Para defensores, garantizar el acceso sin barreras, estigmas ni desinformación es esencial, especialmente considerando la larga historia de coerción reproductiva que ha afectado de manera desproporcionada a comunidades racializadas y marginadas.

El futuro del control de la natalidad en el país dependerá en gran medida de lo que ocurra en los estados: de la capacidad de legisladores, activistas y ciudadanos para defender políticas basadas en evidencia científica y derechos humanos. En un contexto federal cada vez más incierto, las decisiones locales se han convertido en el campo de batalla decisivo para preservar uno de los derechos más fundamentales de la salud reproductiva.

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