Trump debe dar “luz verde” a reforma migratoria para avanzar en el Congreso, reconoció María Elvira Salazar
El proyecto de Ley Dignidad se encuentra estancado en el Congreso, aunque tiene respaldo de republicanos y demócratas
María Elvira Salazar es congresista republicana que impulsa la Ley Dignidad. Crédito: Jesús García | Impremedia
Sin el apoyo del presidente Donald Trump, el proyecto de Ley Dignidad, para abrir paso a otorgar la Green Card para millones de personas, no avanzará en el Congreso.
En conferencia de prensa en Times Square, en Nueva York, la congresista republicana María Elvira Salazar (Florida), reconoció que es necesario que el presidente Trump “dé luz verde”, para que los congresistas avancen con la aprobación del proyecto presentado en julio pasado.
“Los siguientes pasos son básicamente que el presidente [Donald] Trump entienda que esta es una legislación que necesitamos y que esto se de la luz verde para que el Congreso federal sepa que una vez que nosotros pasemos esta legislación, él la va a firmar”, aseguró Salazar este lunes.
Hasta el momento, el proyecto tiene poco respaldo en la Cámara, con apenas 31 representantes, aunque 15 son demócratas y 15 son republicanos, pero insuficientes todavía.
Salazar dijo que los republicanos tienen mayoría en el Congreso, lo que podría permitir el avance del proyecto de ley, aunque el debate migratorio en la Cámara está prácticamente estancado.
“La única ley que está en este momento en el Congreso federal que está relacionada con inmigración es la Ley Dignidad, es la única que hay”, afirmó Salazar. “Nosotros estamos en la mayoría, en la Cámara de Representantes en el Senado y en la Casa Blanca. Este es el momento de los republicanos de demostrarle a los que votaron por nosotros que nosotros le vamos a devolver este ese favor y le vamos a le vamos a servir a esta comunidad dándole dignidad a los hermanos que no tienen legalidad”.
La republicana abogó para que el presidente Trump apoye el proyecto y siga los pasos del expresidente Ronald Reagan, quien firmó una reforma migratoria en los años 80s, tras la cual no ha habido cambios que ayuden a proteger a millones de indocumentados.
“Sabemos que el presidente de la misma manera que Ronald Reagan fue el que impulsó la última vez hace 40 años, esta va a ser una ley que el presidente Trump impulse”, expresó. “Yo no tengo ninguna duda que él entiende la necesidad”.
A pesar de la confianza que Salazar expresa, ni el presidente Trump ni algún otro funcionario de alto nivel ha hecho público su interés de avanzar con una reforma migratoria, en medio de operaciones contra cualquier inmigrante indocumentado y de cambios administrativos para diversos tipos de visas, además de cancelaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de personas, entre otros permisos provisionales obtenidos legalmente por extranjeros en los últimos años.
¿Los republicanos contra la amnistía?
Salazar reconoció que entre sus colegas republicanos no hay un respaldo suficiente, pero lo justificó a la “confusión” que existe sobre la amnistía, pues aseguró que la ley no otorgaría un perdón, sino que obligaría a un inmigrante a pagar $7,000 dólares, entre otros requisitos, para lograr la protección permanente.
“El problema es que desde hace 40 años hay miedo, porque no se entiende bien la palaba amnesty (amnistía) es la palabra que confunde a muchos de mis colegas que sí saben que hace falta algún tipo de reforma migratoria, pero no entienden el camino”, afirmó. “Esto es un tema muy tóxico, que confunde y cuando hay miedo, las cosas no se ven claras”.
El proyecto de ley establece que los inmigrantes indocumentados que demuestren que han vivido en Estados Unidos al menos cinco años y no tienen historial criminal podrían ser beneficiados.
Tras aprobar la revisión de seguridad correspondiente y otros criterios, el inmigrante debería pagar $7,000 dólares, para obtener una protección legal temporal con un permiso de trabajo, además de tener un impuesto adicional del 1% sobre la renta sin beneficios federales.
El permiso de estancia en EE.UU. se renovaría cada siete años en forma perpetua, sin acceso directo a la ciudadanía.
