LUMA, la Junta y bonistas insisten en que demandas para anular el contrato de la empresa se vean en el tribunal federal
En el Tribunal del Distrito de EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico es donde se dilucida el caso por la quiebra de la isla bajo Título III de la ley PROMESA
Trabajadores de LUMA Energy reparan líneas eléctricas en San Juan tras el paso del huracán Ernesto. Crédito: Alejandro Granadillo | AP
NUEVA YORK – Tanto LUMA Energy, la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) y el grupo de bonistas que busca que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) le pague la totalidad de la deuda argumentaron esta semana que la disputa por las demandas presentadas por la Administración de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, para anular el contrato de la compañía debe resolverse en el tribunal federal y no en el estatal.
En el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico es donde se dilucida, desde el 2016, la quiebra de la isla bajo el Título III de PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y. Estabilidad Económica de Puerto Rico). La jueza que preside los procesos es la del distrito sur de Nueva York, Laura Taylor Swain. La referida ley federal es la que establece el procedimiento para la reestructuración de la deuda de las agencias del gobierno local e instrumentalidades.
La Junta, creada bajo la misma ley, es la entidad encargada de negociar, estructurar y presentar los planes de ajuste para reestructurar la deuda pública.
Taylor Swain es quien confirma o descarta los planes que somete la Junta.
Actualmente, el foco de los procedimientos en el tribunal federal es el pago de la deuda de la AEE.
Taylor Swain determinó, en diciembre pasado, que no procedía el recurso incoado por LUMA para que las demandas se evaluaran en el foro federal.
Aunque la jueza estableció que tiene jurisdicción en términos de la disputa y que la AEE está sujeta al Título III, determinó que se abstendría de entrar en los méritos debido a que los alegatos se centran específicamente en la interpretación del Acuerdo de Operación y Mantenimiento (OMA), o sea, en el contrato entre el Gobierno y LUMA, y que esa evaluación debe realizarse de acuerdo con las leyes de Puerto Rico.
La gobernadora catalogó como una victoria la decisión de la jueza de desestimar el procedimiento adversativo iniciado por LUMA Energy contra las Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la AEE.
Sin embargo, un reporte ayer de El Nuevo Día señala que la empresa privada, la Junta y un grupo de acreedores cuestionaron ante el tribunal los argumentos sobre la evaluación del caso a nivel federal.
El grupo de acreedores, compuesto por Golden Tree Asset Management, Syncora Guarantee y el Paul Weiss Ad Hoc Group, que son los que insisten en el pago total de la deuda u $8,000 millones en bonos emitidos por la AEE, argumentaron sobre los riesgos que implicaría la anulación del contrato a raíz de las demandas.
“Estas acciones amenazan con potencialmente retrasar este caso de Título III por años, impactando no solo a las partes interesadas, sino a los residentes de Puerto Rico. De hecho, como LUMA y el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) han expresado por años, la bancarrota de la AEE y su falta de acceso a los mercados financieros socavan los esfuerzos de todas las partes por salvaguardar la red”, expusieron a través de un escrito a la jueza que cita el referido periódico.
Al negarse al traspaso del pleito al foro estatal, los acreedores radicaron una moción que Taylor Swain deberá evaluar.
LUMA, por su parte, insistió en el alegato de que la Administración González actúa bajo motivaciones políticas.
A juicio del consorcio, el fin del Gobierno es intentar invalidar el contrato que tanto la AEE y la AAPP “establecieron, respaldaron públicamente y aprobaron hace más de cinco años”.
“Estas acciones perjudican a los clientes y retrasan la transformación energética de Puerto Rico que es fundamental para reparar las décadas de abandono y mal manejo por parte del operador anterior, la AEE, que permanece en bancarrota después de casi diez años”, indicó LUMA mediante declaraciones escritas al periódico.
En el caso de la Junta, el organismo planteó que, de estipularse ilegalidad en la extensión del contrato de LUMA en el 2022, que es centro de la disputa legal, es la corte federal, bajo Título III, la entidad que podría implementar los remedios menos destructivos para la AEE.
En diciembre pasado, la gobernadora anunció el inicio de un pleito judicial para dejar sin efecto el contrato de LUMA. La funcionaria sostuvo que, luego de agotar todos los recursos, LUMA sigue sin cumplir con el compromiso que hizo de brindar un servicio eficiente y confiable a los puertorriqueños.
El recurso de interdicto preliminar busca que se declare nula la Carta-Extensión que suscribió el gobierno de Puerto Rico con la empresa, el 30 de noviembre de 2022, para extender la vigencia del Acuerdo Suplementario bajo el que operaba LUMA.
“Esa carta otorgó a LUMA un control indefinido – sin término de tiempo – sobre la operación del sistema de transmisión y distribución, alterando sustancialmente las condiciones del Acuerdo Suplementario. Con ello, se despojó al gobierno de Puerto Rico de la facultad regulatoria originalmente diseñada en los primeros contratos para proteger el interés público y se subordinó la continuidad del contrato a una sola voluntad del operador privado”, declaró la primera mandataria en un mensaje televisivo.
Cabe señalar que las propias métricas de LUMA arrojan un aumento mayor en los apagones en la isla.
Un informe del mes pasado sobre indicadores de rendimiento que LUMA proveyó al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) reveló que, entre enero y diciembre del 2025, el consumidor promedio en la isla pasó 30% más tiempo sin servicio eléctrico en comparación con los tres años anteriores.
El argumento recurrente de LUMA ante las denuncias de pobre servicio versus altas facturas de electricida es una supuesta falta de liquidez y de recursos por parte del Gobierno.
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