Demócratas piden acabar con “Doctrina Monroe” y que EE.UU. deje de intervenir en países de América Latina y el Caribe
Las congresistas Nydia Velázquez (Nueva York) y Delia Ramírez (Illinois) presentaron una resolución a esos fines
Simpatizantes del Gobierno rasgan una bandera estadounidense por la mitad durante una protesta en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro. Crédito: Ariana Cubillos | AP
NUEVA YORK – Las congresistas demócratas Nydia Velázquez (Nueva York) y Delia Ramírez (Illinois) impulsan una resolución que exige la anulación de la “Doctrina Monroe” y en su lugar el desarrollo de una política de “Nueva Buena Vecindad” hacia América Latina y el Caribe, que deje atrás el intervencionismo y que mejore las relaciones entre todos los países del hemisferio occidental.
Este martes, las congresistas realizaron una conferencia de prensa en la que confirmaron la presentación de la resolución que busca “enviar una señal contundente a la región de que el gobierno de Estados Unidos desea dar vuelta la página a una larga era de interferencia política y militar en la región”.
A juicio de las demócratas, EE.UU. debería confirmar formalmente que la Doctrina Monroe ya no forma parte de su política hacia América Latina y el Caribe.
La acción legislativa copatrocinada por otros 16 demócratas en la Cámara se da tras la intervención de EE.UU. en Venezuela que culminó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y en medio de especulaciones de que el Gobierno podría proceder de manera similar en Cuba.
La Doctrina Monroe, proclamada en 1823 por el presidente de EE.UU. James Monroe, estableció la política exterior de no intervención o colonización europea en el continente americano.
Bajo la doctrina, se consideraba cualquier intento de injerencia como una agresión directa a EE.UU. Con la política, EE.UU. buscaba ampliar su esfera de influencia.
“La Administración de Monroe advirtió a las potencias imperialistas europeas contra la intromisión en los asuntos de los recién independizados estados latinoamericanos o de los posibles territorios estadounidenses”, especifica una entrada en la página web de Office of the Historian.
Las congresistas señalan que, con el tiempo, la Doctrina Monroe llegó a ser interpretada por muchos políticos estadounidenses como un mandato para la interferencia del país en los asuntos soberanos de otros en América Latina y el Caribe con el fin de proteger y promover, no solo intereses económicos, sino políticos.
Para Velázquez, la postura “agresiva” de la Administración Trump hacia América Latina hace que la resolución sea fundamental.
“Su Doctrina Donroe no es más que una versión aún más grotesca de las políticas intervencionistas que han fallado durante dos siglos. EE.UU. y América Latina enfrentan desafíos compartidos en materia de narcotráfico, migración y cambio climático. Solo podemos resolverlos mediante una verdadera cooperación, no mediante la coerción. Debemos dejar atrás de una vez por todas la Doctrina Monroe y avanzar hacia una política exterior basada en el respeto mutuo y la prosperidad compartida”, expuso en el comunicado en el que se informó de la resolución.
Por su parte, Ramírez planteó que, por más de 200 años, el país del norte ha invocado la Doctrina Monroe para justificar un “enfoque paternalista y profundamente perjudicial en sus relaciones con América Latina y el Caribe”.
“El resultado ha sido un legado de inestabilidad política, pobreza estructural, migración forzada y colonialismo. Ya es hora de cambiar de rumbo”, argumentó. “Debemos reconocer nuestra interdependencia y admitir que la Doctrina Monroe socava la alianza que necesitamos para enfrentar los complejos desafíos de este siglo. Es momento de convertirnos en mejores vecinos”, añadió.
Varios expertos y líderes de organizaciones, algunas religiosas, apoyaron el esfuerzo congresional.
Alex Main, director de Política Internacional del Centro de Investigación Económica y Política, expuso que la acción legislativa es necesaria para limitar la interferencia militar poco democrática de EE.UU. y evitar violaciones de derechos humanos.
“El presidente Trump está lanzando una nueva ofensiva contra América Latina y el Caribe, llevando a cabo ataques militares ilegales y no provocados, ejecuciones extrajudiciales e interviniendo descaradamente en los asuntos internos de otros países en un esfuerzo manifiesto por controlar los recursos y la política de la región. Si bien las acciones de Trump son especialmente atroces, son solo el último capítulo de una historia centenaria de interferencia militar, política y económica estadounidense que ha subvertido la democracia y alimentado la inestabilidad y los crímenes de derechos humanos en todo el hemisferio. A EE.UU. le conviene rechazar esta doctrina de dominación unilateral y trazar un nuevo rumbo para las relaciones entre Estados Unidos y América Latina: tratar a nuestros hermanos latinoamericanos como vecinos, no como vasallos”, cuestionó Main.
Colleen Moore, directora de Paz con Justicia en la Iglesia Metodista Unida — Junta General de Iglesia y Sociedad, afirmó que la entidad rechaza el uso de la guerra como instrumento de política exterior.
“La Junta de Iglesia y Sociedad de la Iglesia Metodista Unida (IMU) rechaza el uso de la guerra como instrumento de política exterior y se arrepiente de la participación de la Iglesia en el colonialismo y el neocolonialismo. Como seguidores de Jesucristo y de nuestros Principios Sociales oficiales de la IMU, rechazamos rotundamente cualquier ideología militarizada que profundice la inestabilidad política en cualquier parte del mundo. La Iglesia y Sociedad celebra la reintroducción de esta resolución de la congresista Velázquez que describe una política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica basada en la diplomacia, el estado de derecho y la cooperación”, expresó.
La resolución también pide un nuevo enfoque para promover el desarrollo económico, el fin de todas las sanciones económicas unilaterales impuestas mediante órdenes ejecutivas y mediante legislación, como el embargo a Cuba; y legislación que active la suspensión de la asistencia a un Gobierno cada vez que se produzca una transferencia de poder extraconstitucional.
El texto legislativo también solicita la desclasificación de todos los archivos del gobierno de EE.UU. relacionados con golpes de Estado, dictaduras y períodos de la historia de países de América Latina y el Caribe caracterizados por altos niveles de violaciones a los derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad.
Más de 200 años de intervencionismo de EE.UU.
La resolución incluye una recopilación de los efectos nocivos de la política de EE.UU. que se remonta a más de 200 años.
Por ejemplo, el escrito indica que, tras anexar el territorio de Texas, EE.UU. invadió militarmente México en 1846. Añade que, luego de la derrota del Ejército Mexicano y la ocupación de la Ciudad de México, EE.UU. adquirió el 55 % del territorio mexicano mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848.
La resolución además menciona los hechos de 1898, cuando EE.UU. invadió Puerto Rico y Cuba durante la guerra Hispano-Estadounidense. Al momento, el país mantiene el control de Puerto Rico, así como de un territorio en Guantánamo, Cuba.
En el caso de Puerto Rico, el texto especifica que, de 1941 a 2003, las operaciones de la Marina de los Estados Unidos en Vieques, “causaron la muerte de civiles y altas tasas de enfermedades letales a la población”.
En cuanto a Venezuela, se indica que, en el 2017, el presidente Donald Trump había amenazado con invadir militarmente el país del sur e impuso amplias sanciones unilaterales contra el país que han dañado significativamente a la población civil.
Con respecto a este segundo mandato, la resolución plantea que “el presidente Trump ha ordenado una serie de ataques militares no autorizados en aguas internacionales contra ciudadanos venezolanos y otras personas presuntamente involucradas en el narcotráfico, los que han causado más de 100 víctimas. A juicio de los legisladores, las agresiones se llevaron a cabo en violación de la Constitución de EE.UU., leyes federales y el derecho internacional.
“El 3 de enero de 2026, la Administración Trump, invocando la Doctrina Monroe, lanzó un ataque militar no autorizado contra Venezuela, violando la Constitución de EE.UU. y el derecho internacional, asesinando a decenas de personas y secuestrando al presidente y a la primera dama del país”, denuncia la resolución.
El documento también destaca que Trump admitió públicamente que dichas acciones se llevaron a cabo con la intención de que EE.UU. “controlara” Venezuela y tomara el control de sus reservas petroleras.
El escrito detalla que, de 1898 a 1934, EE.UU. llevó a cabo intervenciones militares en Cuba, Panamá, Honduras, Nicaragua, México, Haití y la República Dominicana, conocidas como las “Guerras del Plátano”, “con el fin de promover poderosos intereses financieros corporativos estadounidenses, que a menudo se produjeron a expensas del apoyo de EE.UU. a dictaduras y flagrantes violaciones de los derechos humanos en toda la región”.
Mas, recientemente, y en referencia a Cuba, el texto establece que la comunidad internacional condenó “rotundamente” el embargo estadounidense a Cuba durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) de 2025.
La resolución expone que, también el año pasado, la Administración Trump comenzó a sancionar a funcionarios extranjeros involucrados en las misiones médicas internacionales de Cuba, que durante décadas se han desplegado en América Latina, África y Europa, para brindar servicios de salud cruciales a comunidades marginadas.
El texto legislativo además se refiere a la “Estrategia de Seguridad Nacional 2025” de la Administración Trump en la que se decreta un “Corolario Trump a la Doctrina Monroe” que prioriza la “preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental, el acceso a geografías clave en toda la región” y el uso de la “presencia militar” estadounidense en el hemisferio para “establecer o ampliar el acceso a lugares estratégicamente importantes”.
Además de Velázquez y Ramírez, la resolución cuenta con aval de los representantes demócratas Henry “Hank” Johnson (Georgia), Jesús “Chuy” García (Illinois), Rashida Tlaib (Michigan), Alexandria Ocasio-Cortez (NY), Yvette Clarke (NY), Summer Lee (D-PA), Eleanor Holmes Norton (Washington D.C.), Greg Casar (Texas), Adelita Grijalva (Arizona), Jan Schakowsky (Illinois), Sylvia García (Texas), Pramila Jayapal (Washington), Jonathan Jackson (Illinois), Mark Pocan (Wisconsin), Ilhan Omar (Minnesota) y Lateefah Simon (California).
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