Jueza federal en Puerto Rico ordena audiencia de fianza a otro migrante detenido por ICE y representado por la ACLU
La de Perfecto Paula es la sexta solicitud de habeas corpus que presenta la ACLU en beneficio de migrantes detenidos por las autoridades federales en la isla
Mensajes en apoyo a migrantes en una estructura en Barrio Obrero, San Juan, Puerto Rico. Crédito: Alejandro Granadillo | AP
NUEVA YORK – El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico determinó este martes que a un migrante dominicano detenido por las autoridades de Estados Unidos en el territorio se le debe conceder una audiencia de fianza en o antes del 25 de febrero.
La decisión de la jueza María Antongiorgi Jordan se dio tras la presentación por parte de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) de una petición urgente de habeas corpus.
La ACLU de Puerto Rico radicó la solicitud a favor de Perfecto Paula, quien se encontraba en el proceso de regularizar su estatus cuando fue intervenido por oficiales.
El tribunal federal concedió la orden de restricción temporera (TRO) y prohibió a las agencias federales trasladar al migrante fuera de Puerto Rico.
“Como este distrito ha sostenido repetidamente en casos recientes, las personas no ciudadanas que están detenidas bajo la Sección 1226(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) tienen derecho a una vista de fianza ante un ente decisional neutral”, estableció Antongiorgi Jordan mediante su orden según resaltó en un comunicado la organización.
A juicio de la organización, la decisión valida el reclamo al debido proceso de ley sobre el que llevan insistiendo.
“La orden de la jueza Antongiorgi, junto a otras recientes de jueces federales del Distrito de Puerto Rico, es indispensable para continuar llevando el mensaje de que las personas inmigrantes tienen derecho a un debido proceso y que sus derechos no pueden ser violentados, como hemos afirmado desde el día uno de la implementación de las políticas discriminatorias de la administración Trump”, consideró Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.
En el recurso, la ACLU alegó que la detención de Paula carece de base legal válida y se hizo en violación de las garantías procesales consignadas bajo la Constitución. Los demandantes alegan además que el hecho de que el detenido pueda ser trasladado a territorio continental de EE.UU. limitaría el acceso de este, no solo a sus familiares, sino a representación legal adecuada.
Si la audiencia que ordenó la jueza no se realiza en o antes del 25 de febrero, Paula debe ser liberado. El dominicano fue detenido por oficiales federales el 14 de febrero en el barrio de Puerto Nuevo en San Juan.
El hombre fue intervenido mientras se encontraba estacionado en su vehículo. Fue trasladado a la instalación conocida como GSA Federal Center en Guaynabo, donde permanece bajo custodia federal.
De acuerdo con la ACLU, Paula está casado con una ciudadana estadounidense y es padre de una menor que también cuenta con ciudadanía. El dominicano ha residido en EE.UU. desde el 2000. El proceso bajo el que se encontraba el migrante para regularizar su estatus incluía una Petición de Familiar Extranjero (I-130) aprobada y una dispensa provisional por presencia ilegal (I-601A) aprobada.
La Petición de Familiar Extranjero viene a ser el primer paso para que ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes soliciten la residencia legal para familiares elegibles, que pueden ser cónyuges, hijos, padres o hermanos.
En el caso del formulario I-601A, algunos solicitantes de visas de inmigrante que son familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes legales pueden utilizarlo para solicitar una exención provisional de las causales de inadmisibilidad por presencia ilegal bajo INA antes de salir de EE.UU. para presentarse a un consulado o embajada estadounidense en el extranjero para su entrevista de visa de inmigrante.
La de Paula es la sexta solicitud de este tipo que radica la ACLU.
Un comunicado previo de la entidad señala que, desde finales de diciembre de 2025, han presentado otras cinco peticiones de habeas corpus. En los casos de Martín Medina de la Cruz, Diógenes Fermín Fernández y Teófilo Ávila, estos fueron liberados bajo fianza. Joan Alberto Zorrilla Lora continúa detenido. En cuanto al caso de Albeto Pierre, un juez de inmigración de Florida denegó el jueves pasado su libertad temporal, decisión que la organización catalogó de errónea y contraria a derecho. Previamente, un juez de distrito de Florida había emitido una orden de habeas corpus a favor del haitiano.
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