MTA demanda a gobierno de Trump por retención de fondos para expandir Metro de Nueva York
MTA reclama al gobierno federal unos $58 millones de dólares en fondos prometidos para la expansión del Metro de la 2da Avenida de Manhattan
Túnel del Metro de Nueva York. Crédito: Andres Correa Guatarasma | Cortesía
La autoridades de transporte del estado Nueva York demandaron al gobierno federal por retener unos $58 millones de dólares en fondos prometidos, lo que podría paralizar nuevamente la expansión del Metro de la 2da Avenida de Manhattan, un proyecto que lleva un siglo gestándose.
La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), la agencia estatal que opera el Metro de la ciudad, presentó hoy una demanda por incumplimiento de contrato ante el Tribunal Federal de Reclamaciones en Washington DC, argumentando que los reembolsos atrasados podrían retrasar la expansión de la línea del Metro de la 2da Avenida hacia East Harlem, un proyecto valorado en casi $7 mil millones de dólares.
La demanda alega que el gobierno estadounidense se había comprometido a proporcionar más de $58 millones de dólares para el proyecto, pero se ha negado indebidamente a desembolsarlos. La MTA advirtió a la administración Trump el mes pasado que su falta de pago de la parte que le corresponde del proyecto podría causar un efecto dominó de retrasos y sobrecostos, reportó The New York Times.
La MTA planea extender la línea Q desde la calle 96 y la 2da Avenida hasta la calle 125 y la avenida Lexington. La construcción de la extensión, una versión de la cual se incluyó en la propuesta original para la línea de Metro en la década de 1920, ya está en marcha. Actualmente se prevé que la ampliación esté terminada en 2032.
Se espera que aproximadamente la mitad del costo estimado de $6,900 millones de dólares, es decir, $3,400 millones, provenga del gobierno federal, según ha declarado la MTA. Sin embargo en octubre, el presidente Trump anunció que retendría los fondos federales para el proyecto, así como para un plan multimillonario de construcción de túneles bajo el río Hudson, tras una disputa política con los demócratas de Nueva York.
En un comunicado, la gobernadora Kathy Hochul atribuyó la responsabilidad de la demanda directamente al Trump. “Sus acciones por sí solas han puesto en riesgo los desplazamientos diarios de más de 130,000 neoyorquinos y los empleos de miles de trabajadores sindicalizados, pero Nueva York no cederá”, afirmó.
La demanda surge tras una disputa similar por la financiación del proyecto del túnel del río Hudson, conocido como Gateway, para el cual el gobierno federal había prometido más de $11 mil millones de dólares. El mes pasado una jueza federal impidió que la administración Trump retuviera más de $200 millones de dólares del proyecto. El Departamento de Transporte (DOT) liberó el dinero, además de otros $50 millones que se adeudaban, pero no sin antes que el déficit presupuestario obligara a los planificadores a detener las obras durante más de una semana y a despedir a cerca de 1,000 trabajadores sindicalizados.
En un caso aparte, un juez federal se negó a emitir una orden que impidiera al DOT retener fondos adicionales para el proyecto Gateway, dejando abierta la posibilidad de otra disputa. La MTA ya ha comprometido miles de millones de dólares para la extensión del Metro de la Segunda Avenida, que se prevé que cree más de 70,000 empleos, reduzca la saturación en las líneas 4, 5 y 6, y mejore el servicio en zonas del Alto Manhattan que carecen de opciones de transporte público.
Si bien la extensión del Metro depende menos de fondos federales que el proyecto Gateway, la MTA ha declarado que retrasos similares, y la consiguiente falta de claridad en la financiación, podrían obstaculizar seriamente sus planes.
La administración Trump suspendió los fondos en octubre, al mismo tiempo que presionaba a Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado y demócrata por Nueva York, para que pusiera fin al cierre del gobierno.
El DOT había informado a la MTA que la financiación del Metro se había retrasado debido a una revisión de los criterios de la autoridad, basados en la raza y el sexo, para trabajar con empresas desfavorecidas. Sin embargo, la MTA afirmó haber cumplido ya con las nuevas solicitudes.
La norma, publicada en el registro federal el viernes 3 de octubre de 2025, pretendía prohibir el uso de factores de raza o sexo para determinar si un contratista puede ser considerado una “Empresa Comercial Desfavorecida” (DBE) a efectos de un programa del gobierno de Ronald Reagan creado en 1983 para apoyar contratos de grandes proyectos para pequeñas empresas “en desventaja” social o económica.
