Sólo podía decir “mamá, casa, ICE”: el regreso de la persecución sin límites
Inmigrantes de Ecuador y expertos revelan los impactos de la política migratoria del presidente Trump
Las operaciones contra inmigrantes se realizan incluso en cortes. Crédito: Yuki Iwamura | AP
“Mamá, casa, ICE”. Con esas tres palabras, un joven con autismo logró expresar en la consulta de un psicólogo el miedo que lo consume desde que las redadas migratorias se intensificaron en Estados Unidos. Para el especialista en trauma migratorio, Alfonso Mercado, ese caso no es una excepción, sino el reflejo de un trauma colectivo que marca a comunidades enteras de indocumentados.
Según el Censo de 2022 en Estados Unidos, más de 11 millones de personas estaban en condición irregular o indocumentadas. Según el Migration Policy Institute, organización que se dedica al estudio de la migración con sede en Washington D.C., en 2023 más de 13.7 millones de migrantes estaban en condición irregular en el país, una cifra que revela la magnitud de la población expuesta a estas políticas.
El resultado, advierten expertos, es un miedo colectivo que condiciona la vida diaria, fragmenta familias y redefine la experiencia de ser migrante en Estados Unidos.
Soledad, una vida en el encierro en tiempo de redadas
Soledad (su nombre fue cambiado a petición de la entrevistada) lo sabe. Cada día, su libertad parece desvanecerse. Ella forma parte de esta cifra, de ese miedo y su historia no es la única.
Ella es una migrante ecuatoriana que reside en una ciudad santuario cerca de Nueva York. “Es bastante tenso vivir con ese miedo todos los días, porque tú no sabes a qué hora de la noche te caiga”, afirma Soledad en referencia a las detenciones con fines de deportación que practica la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).
La ecuatoriana, sobreviviente del terremoto que sacudió a su país de origen en 2016 narra que esta situación la hace vivir luchando a diario con ese “monstruo”. Para Soledad, este país (Estados Unidos) es para “valientes”.
La Casa Blanca impulsó el 20 de enero de 2025 la Orden Ejecutiva 14159: “Protecting The American People Against Invasion”, para expulsar extranjeros ilegales que representen una amenaza para el país.
El presidente Donald Trump ordenó que los lugares como escuelas, iglesias y hospitales puedan ser blancos de las redadas, dejando sin efecto la orden emitida por Joe Biden de evitar incursiones en estos sitios. La decisión la informó el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, en un comunicado oficial el 21 de enero de 2025. Desde entonces, vive con la sensación de que la seguridad es una ilusión frágil: aunque su ciudad se declare santuario, ella se encierra por decisión propia.
La ansiedad y el miedo la llevaron a caer en depresión en Estados Unidos, asegura. En Ecuador, ejercía su profesión con estabilidad: es ingeniera en contaduría y auditoría. Además, tenía su propio negocio en Pedernales, ciudad costera ecuatoriana donde ella residía. Sin embargo, la inseguridad la obligó a abandonar el país.
Para Soledad es difícil seguir hablando. Se le nota en la voz. Pero continúa, va recobrando fuerzas poco a poco en las siguientes palabras. Ella dice que en distintas situaciones se ha quebrantado. Ha llorado, pero también ha sabido ‘darse una palmada en el hombro’ y continuar porque las deudas y las cuentas no esperan. La operaron de un seno, pero ella hace énfasis en “aquí está prohibido enfermarse”.
El miedo de Soledad no carece de sustento. ICE ha detenido a más de 59,000 personas entre el 12 de enero de 2025 hasta el 10 de agosto del mismo año. La cifra no es estática, aumentó. El último corte, 24 de agosto de 2025, la cantidad de arrestos llegó a más de 61,000 personas. El 71% de ellos no tenían antecedentes penales. Algunos apenas registraban infracciones menores de tránsito, según datos de Trac Immigration (Transnational Records Access Clearing House), organización de la Universidad de Syracuse de Nueva York que se dedica a recopilar datos migratorios.
Sin embargo, la cifra más alta es la de deportados. Entre enero y julio de 2025 según la vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin se han deportado a 150,000 personas.
Detenciones, encierro y discurso: entre los hechos, reacciones y respuestas
El 1 de julio de 2025, un video se volvió viral: agentes de ICE arrestaron a Rosalina Luna Vargas frente a sus hijos en Pasadena, California. Alegaron contar con una orden judicial, pero en ningún momento la exhibieron. Durante el operativo, los niños lloraban y forcejeaban con los oficiales.
Según William Murillo, fundador de 1-800-Migrante y experto en la materia, la actuación de los uniformados se aparta del marco legal; en otras palabras, procede de manera antijurídica, ejercitando la fuerza de forma arbitraria, sin justificación ni apego a la ley. “Están utilizando el poder coercitivo del Estado para detener sin orden judicial, y eso es inaceptable”, agregó Murillo.
Por su parte, la Casa Blanca ha defendido su postura y el accionar de ICE. La retórica fuerte y clara del Gobierno estadounidense parece no incomodarse con las denuncias y protestas realizadas en su contra. Las publicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) en redes sociales funcionan como un altavoz para incentivar el accionar de ICE y de otros agentes gubernamentales contra la migración irregular. En ellas, la narrativa oficial refuerza operativos y medidas de control, a la vez que resalta decisiones altamente controversiales, como la implementación del Centro de Detención del Sur de la Florida, conocido como “Alligator Alcatraz”, que ha generado un intenso debate por sus implicaciones, según expertos, humanitarias y legales.
Los medios estadounidenses hablan de violación a los derechos humanos por las condiciones de ese lugar. Según el editorial de The Washington Post, publicado el 18 de julio de 2025, los migrantes son confinados en condiciones de hacinamiento, en un entorno hostil y dentro de una zona considerada peligrosa. Entre las prácticas reportadas sobresale la llamada “jaula de perros”: un método de tortura psicológica que consiste en mantener a las personas bajo una luz intensa, encendida de forma constante, privándolas de descanso y alterando su salud mental.
Según la Unión por las Libertades Civiles (ACLU), el aislamiento es absoluto. No hay posibilidad de comunicarse con el exterior: los detenidos no pueden llamar a sus familiares ni contratar un abogado que los represente. Esta incomunicación forzada los coloca en un estado total de indefensión, asegura ACLU, violando de manera directa el debido proceso, conjunto de garantías legales que amparan a cualquier persona, sin importar su origen o condición migratoria.
“Alligator Alcatraz”, según el medio de noticias The Economics Times, va en contra de lo establecido por la octava enmienda de la legislación de los Estados Unidos, la cual prohíbe los castigos crueles e inusuales. De igual manera, el análisis de Human Rights Watch (HRW) titulado “Sientes que tu vida se acabó”, publicado el 21 de julio de 2025, asegura la existencia de prácticas abusivas en centros de detención migratoria, en violación de la Convención contra la Tortura, pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, que exige condiciones humanas, prohibición de tratos denigrantes y acceso a procesos justos. Esta aseveración está ampliada en la sección de Estándares Internacionales de Derechos Humanos de dicho análisis.
El DHS no solo evita pronunciarse sobre las denuncias y protestas en su contra, aprovecha los espacios digitales para desmentir reportajes críticos en contra de las medidas migratorias. Un ejemplo reciente fue su respuesta a una investigación de El Nuevo Herald, que revelaba que la administración de Donald Trump apunta a niños de acogida en Florida y a jóvenes migrantes para su deportación. (Poner foto de instagram que hicieron esta publicación).
La entidad oficial calificó la información como “fake news” (noticia falsa) y aseguró que, por el contrario, la agencia lidera esfuerzos de control de bienestar para garantizar la seguridad de estos menores. Sin embargo, el medio respaldó su investigación con pruebas y testimonios que confirman la veracidad de los hechos expuestos, según el reportaje publicado.
Para Andrea Ledesma, abogada de inmigración, la idea de “Make America Great Again” se convirtió en un disfraz de persecución hacia los migrantes. A juzgar por el accionar de ICE y otros entes estatales que se suman al rol de las detenciones, al parecer las medidas tienen un tinte de acoso o “cacería de brujas” asegura Ledesma.
Del miedo al proceso acelerado
Mientras Soledad vive con el miedo constante de una redada, otros migrantes enfrentan la presión de un sistema legal que parece diseñado para expulsarlos en tiempo récord. Es el caso de Leonel (nombre cambiado a petición del entrevistado). Él vivió tres audiencias en menos de seis meses.
Leonel conoce de primera mano la presión de un sistema que, según denuncian organizaciones migratorias, busca acelerar la expulsión de quienes solicitan asilo en Estados Unidos. En menos de seis meses, enfrentó tres audiencias en las que el juez y el fiscal intentaron deportarlo rápidamente, asumiendo que carecía de pruebas para respaldar su solicitud.
Su caso fue incluido en un listado prioritario de deportación. “Se me enfrió todo el cuerpo; vine huyendo de mi país a resguardarme acá y que me digan que tengo la posibilidad de regresar… eso fue una tristeza”, recuerda. Durante meses vivió con miedo, gastando aproximadamente $20,000 dólares en un proceso que parecía sentenciado desde el inicio.
Leonel es originario de Quito, Ecuador, donde tenía un restaurante. La tranquilidad se rompió cuando grupos de delincuencia organizada comenzaron a extorsionarlo, exigiendo elevadas sumas mensuales a cambio de no atentar contra su negocio, su vida y la de su familia. La amenaza lo obligó a huir.
En 2024, cruzó la frontera ubicada al sur de California, se presentó a las autoridades solicitando asilo. Posterior a eso fue trasladado a un centro de detención en San Diego. De ahí lo trasladaron a otro centro de detención en Texas, Leonel no recuerda los nombres y prefiere olvidarlos. En ese momento, el ingreso regular se tramitaba mediante citas en la aplicación CBP One, creada durante la administración de Joe Biden para gestionar entradas por puertos oficiales.
La situación cambió drásticamente cuando Donald Trump desactivó CBP One, cancelando miles de citas ya programadas. La aplicación fue reabierta posteriormente, pero con una modalidad diferente: programar una “salida voluntaria”. El gobierno incluso ofreció hasta 1.000 dólares y pasajes a quienes aceptaran abandonar el país bajo esa figura.
Para Ledesma, la situación se vuelve más compleja con la nueva ley migratoria en EE.UU.: los casos de asilo deben resolverse en un plazo de 180 días, lo que en teoría busca agilizar los procesos, pero en la práctica resulta difícil por la acumulación de expedientes y la falta de jueces suficientes, asegura. Esto pese a que el Estado ha prometido más financiamiento para contratar personal y construir centros de detención.
Contra reloj y con el respaldo urgente de la organización 1-800-MIGRANTE —con sede en Nueva York y especializada en asesoría migratoria—, Leonel logró frenar su deportación. Su historia no solo evidencia las grietas del sistema, sino también la lucha silenciosa de cientos de migrantes que intentan permanecer legalmente en Estados Unidos.
Murillo explica que las autoridades detienen incluso, a quienes tienen un proceso migratorio en curso, pero no pueden demostrarlo en ese momento. La forma irregular de manejarlo es trasladar deliberadamente a los detenidos de un estado a otro para dificultar que sus familias y abogados puedan localizarlos. Además, enfatiza que esto es jugar violentando derechos civiles. “Se están saltando el debido proceso y deportando a personas sin siquiera darles oportunidad de defenderse”, comenta.
Para ilustrar las prácticas inconsistentes de ICE, William habla sobre una joven ecuatoriana, menor de edad, residente en Georgia, que iba de su casa a la universidad con un permiso de manejo. Por su edad, debe estar acompañada de un adulto con licencia de conducir. Una infracción menor, pero la policía de tránsito llamó a migración. Aunque estaba en proceso de asilo, fue arrestada por ICE con el objetivo de expulsarla del país, en lo que Murillo describe como una actitud discriminatoria hacia la comunidad latina. Y agrega que deja en evidencia la colaboración entre las agencias estatales.
“Nuevamente: se violan la quinta y decimocuarta enmiendas en las que se garantiza el debido proceso y la protección igualitaria”, afirma Murillo.
Durante el mes de junio de 2025, los cruces no autorizados en la frontera suroeste cayeron un 93% respecto al año anterior según informes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Además, este organismo informó que ICE detuvo a unas 59,000 personas.
“Este alarmante aumento se produce en medio de la escalada cada vez más autoritaria de Trump para implementar su agenda multidimensional de detenciones y deportaciones masivas” , según un post de Instagram, publicado el 25 de junio de 2025 por el National Immigrant Justice Center, organismo que defiende los derechos de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Por su parte, en el informe titulado Human Rights Watch (HRW) titulado “Sientes que tu vida se acabó”, publicado el 21 de julio de 2025, HRW destacó entre sus primeros párrafos que este número es el más alto en la historia de detenciones migratorias en Estados Unidos.
El informe “Sientes que tu vida se acabó” pone en alerta a los migrantes; Leonel menciona que pese a tener su asilo aprobado, él vive su cotidianidad con miedo. “A ellos [ICE] no les interesa que tengas un permiso o un estatus legal. Agarras a la persona que es y no es; y las deportas, no les importa si tienes papeles o no”.
Además, Human Rights Watch denuncia las prácticas de los agentes de ICE y el hacinamiento en los centros de detención. Desde enero hasta junio de 2025, miles de personas estuvieron detenidas en el Centro de Procesamiento de Servicios de Norte de Krome (Krome), el Centro de Transición de Broward (BTC) y el Centro Federal de Detención (FDC), en el estado de Florida, según la ONG en condiciones que vulneran flagrantemente los estándares internacionales de derechos humanos. “Las celdas tenían un hacinamiento extremo. Los detenidos tenían que dormir en el suelo de cemento, que estaba helado, bajo una luz fluorescente constante. A muchos se les negaba el acceso a servicios básicos de higiene y atención médica”.
“Los migrantes no tienen derechos, están en proceso de adquirir una legalización y luego vienen los derechos. Entonces, la forma hipócrita en que se maneja la política pública, tanto de los republicanos como de los demócratas, de deshumanizar a los migrantes ha provocado esta violación de derechos civiles”, agregó Murillo. Además, hace un llamado de atención sobre los migrantes muertos en las cárceles, donde la información al respecto es escasa o nula.
La crisis invisible: la salud mental
Alfonso Mercado es profesor de la Universidad de Texas, Río Grande Valley y psicólogo clínico y ha dedicado años a investigar y atender traumas migratorios en la frontera sur de Estados Unidos. Su diagnóstico es firme: “La crisis ya vino. Nada nuevo. El trauma ha estado aquí por mucho tiempo”.
El especialista subraya que, aunque las administraciones presidenciales cambien, el patrón de ciertas políticas migratorias se mantiene. “Con Biden y con Trump las políticas esenciales fueron las mismas, solo con otro nombre. Ahora las estamos viendo aplicadas de manera más forzada, sin juicio, y eso incrementa el nivel de ansiedad y trauma” asegura.
Al consultorio de este especialista llegan unos casos más severos que otros. Hace unas semanas llegó un joven de 18 años. Mercado relata que el paciente entró solo, mientras su hermana de 16 años se quedó esperándolo en el vehículo.
Este joven apenas pudo completar la ficha médica que le entregaron en el consultorio. Mercado, intrigado, lo recibió. “Viéndolo y tratando de comunicarme, era evidente que tenía un historial de autismo y bajo nivel intelectual”. Seguido a esto, el experto le preguntó el motivo de su presencia ahí y en dónde estaban sus padres. El paciente con mucha dificultad de interacción y articulación mencionó una palabra a la vez: “casa, miedo, ICE”.
“Yo vi el miedo en sus ojos, lo sentí”, relata Mercado y enfatiza que ese caso es un ejemplo de que hasta la gente que tiene una discapacidad está sintiendo ese temor.
Mercado explica que no se trata de un problema exclusivo de las poblaciones migrantes. La ola de ansiedad, depresión y estrés postraumático se extiende a todas las comunidades, incluso a ciudadanos estadounidenses con residencia y estabilidad legal. Los síntomas, advierte, se manifiestan tanto a nivel emocional como físico: dolores de cabeza, de espalda o estómago; pérdida de apetito; aislamiento social; negligencia en el autocuidado.
En la frontera, la verdadera crisis no es la violencia, como afirman algunos medios, sino la salud mental, dice Mercado. McAllen (ciudad fronteriza donde vive el experto), por ejemplo, es la tercera ciudad más segura de Estados Unidos. “La única crisis que hay en el país es la crisis de salud mental. Los datos psicológicos que tenemos de investigaciones nos hacen llegar a esa conclusión”, afirma.
Precisamente, Soledad vive algo similar. Ella asegura que lo más difícil de todo este tiempo de hostilidad hacia los migrantes es la situación que experimenta con su hijo. “Mi hijo no estaba preparado para estar en este país”, refiriéndose a la realidad que deben enfrentar esta comunidad en territorio norteamericano.
La migrante cuenta que su hijo hace poco más de un año decidió emprender la travesía hacia Estados Unidos. “Estamos pasando una situación dura, su estado anímico no está bien, ni su estado mental con esto de la migración, de ICE, tiene un desequilibrio”, asevera.
El joven ecuatoriano tiene un desequilibrio mental que se desarrolló a raíz del autoencierro que vive a modo de protección. El cuadro empeoró cuando una garrapata venenosa lo picó, así asegura Soledad. Ella llegó al país de manera regular; sin embargo, con el pasar del tiempo, su hijo decidió mudarse junto a su mamá. Él emprendió el viaje a través de la frontera terrestre y exponiéndose al peligro que implica esta ruta. Ambos se vieron obligados a migrar por la inseguridad que vive el Ecuador sin imaginar que su refugio se transformaría en lo contrario.
Las recomendaciones entre los expertos y protagonistas
Soledad recomienda: “Aquí se sufre mucho. Pero como ya estamos aquí, debemos avanzar. De corazón: no vengan. Aquí uno es humillado, maltratado, hay racismo”. Trata de seguir, pero debe hacer una pausa, se le hizo un nudo en la garganta. Respira fuerte, cuenta unos segundos y avanza con la voz quebrantada: tengamos fe y seamos fuertes. Las cosas negativas, cambiemos a positivas.
Ledesma califica como ‘inhumana’ la situación que se está viviendo en Estados Unidos. Ella considera que pedir una reforma integral para que no se separen las familias migrantes es una oportunidad que se debe encaminar. “Hay familias que están siendo separadas que han vivido ya 20 años, 30 años. Hay personas que han sido casadas con ciudadanos y estamos viendo que se están separando de sus esposas” menciona con énfasis Ledesma al referirse de manera general sobre la situación migratoria que se vive.
Leonel se suma a estas recomendaciones y enfatiza que su intención en Estados Unidos no es causar daño, sino trabajar y regularizar su situación. “Si yo viniera a hacer algo de malo, yo no estuviese tramitando mis documentos y mis papeles por estar movido legalmente en este país”. Critica que el gobierno no comprenda esta realidad y hace un llamado a otros migrantes a mantener la fe, actuar con calma, buscar asesoría legal adecuada y continuar luchando por sus papeles de forma correcta.
Por otro lado, Murillo dice que ante la situación migratoria en EE. UU., se debe de seguir los canales legales. “Si hay algunos migrantes que pueden utilizar el sistema y están en capacidad de hacerlo, deberían hacerlo”. Quienes puedan solicitar asilo con pruebas deben presentarse, mientras que para otros el panorama es más complicado. También se subraya la necesidad de actuar políticamente en las elecciones intermedias para “retomar el control del Congreso y del Senado” y así equilibrar el poder frente a actitudes autoritarias del presidente Trump, agrega.
Mercado indica que los gobiernos deberían consultar con profesionales antes de implementar políticas que puedan causar daño, especialmente a niños. “No es bueno tener esas políticas sin consulta de un profesional de psicología […] eso es negligencia”. Para las comunidades afectadas, es fundamental entender que los síntomas emocionales que experimentan son reales y válidos. “Está bien buscar ayuda, aceptar lo que está pasando y aceptar la ayuda”. Buscar apoyo psicológico no es señal de debilidad, sino una muestra de resiliencia, algo que, como se afirma, “está en nuestro ADN”.
(*) Este reportaje es parte de Deportation Tracker, un proyecto del Border Center for Journalists and Bloggers, con el apoyo de Global Exchange
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