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Cambios en beneficios de SNAP podrían provocar 70,000 muertes, según el grupo Center for American Progress

Cambios en SNAP podrían dejar sin ayuda a 2.4 millones y provocar hasta 69,600 muertes para 2040, según análisis del CAP

Nuevos requisitos laborales del SNAP entran en vigor en Nueva York y afectarían a miles

Los nuevos requisitos entraron en vigor el 1 de marzo. Crédito: Stephanie Scarbrough | AP

Un nuevo análisis advierte que modificaciones recientes al programa de asistencia alimentaria SNAP podrían tener consecuencias graves en la salud pública, especialmente entre personas de bajos ingresos en Estados Unidos.

El informe del Center for American Progress (CAP, por sus siglas en inglés) estima que la ampliación de requisitos laborales y restricciones en el programa podría derivar en hasta 69,600 muertes evitables para el año 2040, debido a la pérdida de acceso a alimentos.

Un programa clave en riesgo

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) es actualmente el principal apoyo contra el hambre en Estados Unidos, con cerca de 40 millones de beneficiarios que dependen de este recurso para comprar alimentos.

Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) ya había advertido que los cambios aprobados podrían dejar fuera del programa a aproximadamente 2.4 millones de personas cada mes, incluyendo padres, adultos mayores y otros grupos vulnerables.

Nuevos requisitos y población afectada

La legislación forma parte de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, aprobada en julio de 2025, que endurece los criterios de elegibilidad y amplía las condiciones laborales.

Con las nuevas reglas, muchos adultos de entre 18 y 64 años sin hijos dependientes deberán cumplir al menos 80 horas mensuales de trabajo, capacitación o voluntariado.

De lo contrario, enfrentarán un límite de tres meses de beneficios dentro de un periodo de tres años.

Además, estos requisitos ahora se extienden a grupos que antes estaban exentos, como personas de entre 55 y 64 años y padres con hijos mayores de 14 años.

También se eliminan excepciones previas para veteranos, personas sin hogar y algunos jóvenes que salieron del sistema de acogida.

Impacto en salud y acceso a alimentos

El reporte de CAP advierte que la reducción en la cobertura podría tener efectos directos en la salud de los beneficiarios.

Según el documento: “A medida que más familias vean recortada o eliminada su asistencia alimentaria, es probable que enfrenten peores resultados de salud y un aumento en la mortalidad“.

Además, a partir del año fiscal 2028, los estados con altas tasas de errores en pagos deberán asumir entre el 5% y el 15% del costo de los beneficios, además de mayores gastos administrativos.

La CBO señala que esto podría llevar a algunos estados a reducir su participación en el programa o incluso abandonarlo.

Posturas encontradas

Funcionarios del gobierno han defendido los cambios como una forma de fortalecer el sistema.

La secretaria de Agricultura Brooke Rollins, junto con otros líderes, afirmaron: “Los requisitos laborales también darán nueva vida a los programas de asistencia en

Estados Unidos, que están fallando bajo el peso de prioridades mal enfocadas”.

“Nuestra política es razonable y protegerá la asistencia para quienes realmente la necesitan, al tiempo que mejora el rumbo de millones de familias y del gobierno federal”, añadió.

Por otro lado, organizaciones sociales han advertido sobre el impacto negativo en comunidades vulnerables. Gina Plata-Nino, subdirectora de SNAP en el Food Research and

Action Center, señaló: “Millones de personas de bajos ingresos, incluidos cuidadores, veteranos, adultos mayores y personas sin hogar, enfrentarán mayores dificultades”.

“Esto aumentará la carga administrativa en agencias estatales ya saturadas y profundizará la inseguridad alimentaria y la pobreza”, añadió.

También criticó la idea de sustituir el trabajo con voluntariado, afirmando que es una alternativa difícil de implementar en la práctica.

Lo que sigue

La implementación de estos cambios continuará de forma gradual en distintos estados a lo largo de 2026, mientras que los ajustes financieros comenzarán a aplicarse en 2028.

Ante este panorama, el Center for American Progress ha solicitado al Congreso reconsiderar las modificaciones para evitar una caída en la inscripción y posibles efectos negativos en la salud de millones de personas.

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