Organizaciones piden al Tribunal Supremo que proteja a residentes permanentes con “green card” que viajan al extranjero

NUEVA YORK – Organizaciones nacionales con presencia en Nueva York presentaron un escrito de amigos de la corte en el caso “Bondi v. Lau” ante la Corte Suprema de Estados Unidos para pedirle al máximo foro que proteja el derecho a viajar de los inmigrantes con “green card”.

Para LatinoJustice PRLDEF, Asian American Legal Defense and Education Fund (AALDEF), Asian Americans Advancing Justice | AAJC y el Immigrant Defense Project (IDP), la causa podría afectar significativamente los derechos de los residentes permanentes legales (RPL) a viajar internacionalmente y pondría en riesgo su estatus migratorio.

Los argumentos en el caso “Bondi v. Lau” se verán el próximo 22 de abril.

El máximo foro deberá determinar si, para expulsar a un residente permanente legal que cometió un delito enumerado en la Sección 1182(a)(2) y posteriormente fue admitido en EE.UU. bajo palabra, el Gobierno debe probar que poseía pruebas claras y convincentes de ese delito al momento de la última reentrada del residente permanente legal.

Parte del argumento del caso es si el Gobierno puede tratar a un residente permanente legal como alguien que “solicita admisión” a su regreso de un viaje al extranjero, sin probar previamente que dicho residente ha cometido un delito tipificado.

En el documento de amicus, las entidades plantean que el asunto es uno de transcendencia nacional que “afectará directamente los intereses fundamentales de libertad de millones de inmigrantes“, incluidos los, aproximadamente, 12.8 millones de RPL que residían en los EE.UU. para el 1 de enero de 2024.

En el texto se argumenta que la resolución del máximo foro también determinará si, con base en alegaciones no probadas, los viajes internacionales ordinarios pueden exponer a residentes legales a “detenciones en los puertos de entrada, a la confiscación de sus tarjetas de residencia (‘green cards’), a la detención administrativa, a procedimientos de expulsión y a la separación de sus familias”.

“Por lo tanto, los amici tienen un interés sustancial en garantizar que las protecciones legales que el Congreso otorgó a los RPL que regresan al país se hagan cumplir de manera congruente con el debido proceso, con las expectativas consolidadas de residencia legal y con la jurisprudencia de larga data de este Tribunal”, exponen.

En el documento de 40 páginas se plantea que uno de los derechos básicos al contar con la residencia permanente es viajar libremente, según estipula la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

“Los RPL viven bajo la expectativa y la presunción consolidadas de que no serán tratados como recién llegados que solicitan admisión al regresar de un viaje al extranjero”, señalan.

“La INA estipula que, cuando un RPL viaja al extranjero y regresa a su hogar, ‘no será considerado como alguien que solicita admisión en los EE.UU. a efectos de las leyes de inmigración’”, salvo algunas excepciones como que haya cometido una infracción penal que lo haga inadmisible.

Los amigos de la corte añaden que permitir que los oficiales de inmigración traten a los residentes permanentes legales como si estuvieran solicitando la admisión sin que exista prueba de la presunta infracción al momento de la entrada, expone a estas personas a graves consecuencias migratorias y de otra índole al regresar de viajes al extranjero.

“Dado que muchos RPL podrían optar por abstenerse de realizar viajes necesarios para evitar tales riesgos, el enfoque del Gobierno tendrá un efecto disuasorio sobre su derecho a viajar, el cual goza de protección constitucional”, sostienen.

Otro efecto negativo es que se restringen ilegalmente lo derechos y privilegios de estos migrantes para residir y trabajar de forma permanente EE.UU., lo que también está autorizado por ley, alerta el amicus.

Las organizaciones cuestionan que, bajo el enfoque de la Administración Trump, los RPL quedan sujetos a causales de inadmisibilidad, como si se tratara de personas que llegan por primera vez.

“Esto se debe a que el enfoque gubernamental de ‘libertad condicional para evaluación’ (‘parole-and-see’) permite que un oficial de inmigración en un puerto de entrada trate a un LPR, de manera perpetua, como si este se encontrara en la frontera, utilizando pruebas obtenidas con posterioridad como si estas ya existieran en el momento del reingreso”, explican.

Otro punto del argumento de los grupos es que permitir que el Gobierno considere que un residente legal permanente está “solicitando admisión” basándose únicamente en meros cargos es peligroso, ya que atenta contra protecciones legales y pone en riesgo de detención a millones de titulares de green card.

“Bajo este enfoque, un funcionario podría, en teoría, utilizar registros de arresto o una mera sospecha subjetiva para tratar a un residente permanente como alguien que está ‘solicitando admisión’ en EE.UU. El Gobierno debe cumplir con un estándar de prueba más riguroso”, afirman.

Muk Choi Lau, originario China, fue admitido en EE.UU. como residente permanente legal el 7 de septiembre de 2007. El 7 de mayo de 2012, Lau fue acusado en Nueva Jersey por falsificar marcas de tercer grado. Mientras aguardaba el juicio, el extranjero salió brevemente de EE.UU. Al regresar, el 15 de junio de 2012, se identificó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de NY como RPL. Sin embargo, debido al cargo pendiente en su contra, las autoridades de inmigración se negaron a admitirlo de manera directa, y, en su lugar, le otorgaron la entrada al país bajo libertad condicional (parole), especifica un resumen en oyez.org. En junio de 2013, Lau se declaró culpable del cargo de falsificación y fue sentenciado a dos años de libertad condicional.

Para Rex Chen, abogado supervisor de derechos de los inmigrantes en LatinoJustice PRLDEF, el caso se trata sobre si el Gobierno puede despojar a las personas de sus derechos basándose en “meras sospechas”.

“La Corte Suprema debe salvaguardar los derechos fundamentales y garantizar que los titulares de la tarjeta de residencia no sean tratados como si fueran extraños en un país al que, legítimamente, consideran su hogar. Otorgar ilegalmente al Gobierno un margen de maniobra para poner en riesgo a ciertos titulares de la tarjeta de residencia abre la puerta a la elaboración de perfiles raciales y a un trato más severo hacia grupos como los afroamericanos y los latinos”, expuso.

Noah Baron, asistente de litigios en AAJC, entiende que el Gobierno no debe privar a una persona de su libertad de movimiento basándose únicamente en la sospecha de una conducta indebida pasada.

“El derecho de los titulares de la green card a entrar y salir de los EE.UU. es esencial, especialmente para aquellos que tienen familiares en el extranjero. Permitir que los agentes de inmigración y aduanas restrinjan ese derecho —sobre todo sin un criterio normativo viable— propicia un trato arbitrario y discriminatorio, y no hará más que trastocar la vida de los titulares de la Green Card al capricho de dichos agentes”, considera Baron.

Razeen Zaman, directora de derechos de los inmigrantes en AALDEF, piensa que, de prevalecer la postura gubernamental, se debilitaría la esencia de la residencia permanente para reducirla a un estatus que puede ser revocado bajo sospecha.

“Para los inmigrantes asiáticos —y para los inmigrantes de todas las comunidades— la libertad de viajar al extranjero y regresar a casa no es una opción; constituye la dignidad básica que la residencia permanente tiene por objeto proteger. Esto no debería ser una cuestión de azar. Nadie debería ver confiscada su green card en el aeropuerto, ser puesto bajo detención y enfrentar la amenaza de deportación a causa de una alegación no probada. La ley exige que el gobierno cumpla con su carga probatoria —aportando pruebas claras y convincentes— en lugar de detener primero con la esperanza de que las pruebas se materialicen más adelante”, señala la activista.

Nabilah Siddiquee, directora de litigios del IDP, opina que, con el refuerzo en la presencia de agentes migratorios en aeropuertos de EE.UU., debates como este resultan más pertinentes que nunca.

“Dado que el ICE y la Patrulla Fronteriza están inundando los aeropuertos estadounidenses y atacando a nuestras comunidades, lo que está en juego es más importante que nunca. Instamos al tribunal a tomar medidas para proteger el derecho fundamental a viajar de los titulares de la tarjeta de residencia”, indica.

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