¿Qué impacto tendría en Puerto Rico que Trump desmantele el Departamento Educación federal?
De acuerdo con la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), 26 millones de niños en todo EE.UU., podrían perder servicios esenciales
Miembros de la AMPR distribuyen información sobre el potencial impacto de la reducción de fondos federales para educación en Puerto Rico. Crédito: AMPR | Cortesía
Nueva York – La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) en coordinación con American Federation of Teachers (AFT) y la comunidad escolar en la isla afirmaron que el desmantelamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos (ED) propuesto por la Administración Trump afectaría los servicios que se brindan a estudiantes en el territorio, ya que cerca del 50% del presupuesto a nivel local proviene de fondos federales.
En una conferencia de prensa el martes, los líderes sindicales y miembros de la comunidad escolar plantearon que recortar fondos para la educación pública además se traduciría en menos maestros y personal de apoyo, así como salones de clases saturados, entre otros problemas.
Asimismo, alertaron que límitar el financiamiento también impactaría servicios como el horario extendido y tutorías, educación especial, comedores escolares, transportación escolar, entre otros.
Para el presidente de la AMPR, Víctor Bonilla Sánchez, la medida sería un “asalto a la educación pública” que tendría consecuencias devastadoras.
Cerca del 50% del presupuesto para educación en P.R. depende de fondos federales
“No es un secreto que el presidente Trump quiere eliminar el Departamento de Educación de Estados Unidos y recortar fondos federales para la educación pública poniendo en riesgo a millones de estudiantes a través de toda la nación e incluyendo a Puerto Rico. Recordemos que cerca del 50% del presupuesto de la educación pública en la isla depende de estos fondos federales que podrían estar en riesgo. Sin estos recursos, potencialmente se verían afectados miles de estudiantes de nuestras escuelas que hoy dependen o se benefician de programas de servicio directo y servicio de apoyo del Departamento de Educación de Puerto Rico (DE)”, declaró Bonilla Sánchez en el intercambio con los medios frente a la escuela Manuel Elzaburu, en San Juan.
Según el líder sindical, a nivel general, 26 millones de niños podrían perder servicios esenciales. 7.5 millones de estos, que viven con diversidad funcional (el 15 % de los estudiantes), perderían acceso a los servicios de educación especial; 10 millones podrían quedarse sin las becas Pell y préstamos que se otorgan con base en bajos ingresos, y otros 12 millones de estudiantes perderían el acceso a programas de educación técnica y profesional.
La evaluación de la Asociación apunta a que en Puerto Rico peligraría el financiamiento a programas como el de gastos de funcionamiento en todas las escuelas públicas del país desde kindergarten hasta duodécimo grado; servicios de educación especial, servicios de comedores escolares, educación técnica y ocupacional, educación de adultos e institutos tecnológicos. También podrían verse afectados los servicios auxiliares de asistencia técnica y el mantenimiento de las escuelas.
Como efecto colateral de la potencial reducción en el financiamiento federal, “se impondría una carga enorme al gobierno estatal que tendría que buscar cómo mantener los servicios esenciales que se verían afectados”, alertó el secretario general de la Local Sindical, Ángel Javier Pérez Hernández.
Emplazan a la gobernadora y al comisionado residente
La Asociación y sus aliados emplazaron tanto a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, como al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, a que le exijan al presidente Donald Trump que no ponga en vigor sus planes para delegar las funciones del Departamento de Educación federal a los estados.
También pidieron a la ciudadanía contactar a sus familiares en los EE.UU. para que estos a su vez llamen a congresistas y les pidan frenar cualquier recorte en fondos federales.
El encuentro con los medios formó parte de una jornada de movilización que incluyó el “Día de Acción para Proteger a Nuestros Niños” para orientar sobre la necesidad de defender la instrucción pública.
Los esfuerzos incluyeron la participación de cientos de educadores, coordinadores y miembros de las 78 Juntas Locales de la AMPR, representante exclusiva del magisterio.
Piden que firmen petición al Congreso
Los miembros de la AMPR además pidieron que los puertorriqueños firmen la petición de la AFT
al Congreso federal en la que se solicita que rechacen los recortes en fondos para educación.
De acuerdo con la AFT, dar alivios contributivos a multimillonarios mientras se recorta presupuesto para programas que impactan a los estudiantes más vulnerables, envía un mensaje terrible.
Según la carta, los planes de la Administración en términos educativos no son por los que votaron la mayoría de los estadounidenses.
“Poner fin al apoyo de los programas federales para la educación significaría eliminar el respaldo para niños de bajos ingresos en comunidades rurales, suburbanas y urbanas. También significaría acabar con los servicios para niños con diversidad funcional, negándoles su derecho a una educación pública, gratuita y adecuada. Terminar con estos programas federales eliminaría oportunidades reales de educación técnica y vocacional para muchos estudiantes de escuela superior”, menciona la misiva.
La campaña de firmas también emplaza a los legisladores federales a votar en contra de cualquier medida dirigida a facilitar el desmantelamiento del Departamento.
“Si usted cree en el éxito de la próxima generación y en crear oportunidades para todos los niños, le insto a votar en contra de cualquier proyecto de ley que elimine el Departamento de Educación de los EE.UU. o que recorte los fondos de programas educativos para financiar los ahorros contributivos de los más ricos”, añade el texto.
Esta semana, el secretario del Departamento de Educación en Puerto Rico (DEPR), Eliezer Ramos Parés, se reunió con la secretaria de Educación federal, Linda McMahon, en la coyuntura de la cumbre pro estadidad que la administración de la gobernadora Jenniffer González realizó en Washington D.C.
“Mientras estaba en D.C., el secretario Eliezer Ramos del Departamento de Educación de Puerto Rico tuvo la oportunidad de reunirse con la secretaria de educación, Linda McMahon, una de sus primeras reuniones después de su confirmación y juramentación ayer (lunes). Esperamos asociarnos con ella para apoyar a nuestros estudiantes y mejorar los resultados educativos”, lee una publicación desde la cuenta de la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C. (PRFFA).
En declaraciones posteriores a El Nuevo Día, el secretario reconoció que recortes en el presupuesto de educación tendrían un impacto enorme en el funcionamiento de la agencia y que había que estar vigilantes.
El funcionario añadió, sin embargo, que McMahon le comunicó que los recortes a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderada por el magnate Elon Musk, se limitan a los gastos de nómina.
Por otro lado, Ramos Parés informó a McMahon que trabaja en un plan que sería presentado en diciembre para salir del síndico o monitor federal que supervisa el uso de fondos federales de educación en Puerto Rico desde el 2021.
Cabe señalar que el proceso de descentralización bajo la iniciativa “Idear” al que se insertaron organizaciones como la AMPR durante la administración pasada se mantiene en pausa tras la llegada de González Colón al poder. Idear (Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional), entre otras cosas, buscaba que los fondos asignados a la agencia fueran manejados más directamente por personal de las regiones.
Aunque Trump se dispone a presentar una orden ejecutiva tan pronto como este jueves a los fines de desmantelar el programa, el presidente necesita de acción congresional para adelantar un cambio de esta magnitud.
Sin embargo, el decreto ordenaría a McMahon a que inicie los procesos para cerrar el ED.
McMahon fue confirmada por el Senado este lunes con 51 votos a favor de todos republicanos, y 45 en contra de los demócratas.
Reportes ya anticipan que las intenciones de la Administración Trump podrían provocar enfrentamientos con el Congreso, ya que la agencia fue creada por una ley en el 1979. En específico, el Departamento existe como resultado de la Ley de Organización del Departamento de Educación durante la administración del presidente demócrata Jimmy Carter.
En la Cámara de Representantes, hay al menos dos proyectos presentados por republicanos que buscan adelantar los intereses de Trump.
