Maestros en Puerto Rico vigilantes ante potencial salida de síndico federal del Departamento de Educación en noviembre

NUEVA YORK – Víctor Bonilla, presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), aseguró que fiscalizarán el alcance y funcionamiento de la oficina creada en el Departamento de Educación (DE) para asumir las labores de supervisión fiscal que actualmente encabeza un síndico impuesto por el gobierno de Estados Unidos (Agente fiduciario externo o TPFA).

Bonilla anticipó que para noviembre próximo podría concretarse la salida de la firma Álvarez & Marsal Public Sector Services (A&M), que fue la contratada en el 2021 cuando la agencia entró en sindicatura.

El fin del agente fiduciario era garantizar el buen uso de los fondos federales del Departamento, que representa aproximadamente el 40% de su presupuesto.

“Ellos indican que van a crear una oficina de cumplimiento dentro del Departamento que va a estar asumiendo las funciones de las diferentes dependencias del Departamento…y ellos entienden que pueden para el mes de noviembre salir por completo del síndico”, declaró el portavoz en entrevista exclusiva con El Diario la semana pasada.

Bonilla dijo que, aunque no cuentan con información precisa sobre el traspaso de funciones, ese será uno de los asuntos que traerá a la mesa en la próxima reunión que mantendrán en aproximadamente una semana con el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

“Nosotros le vamos a hacer la pregunta (al secretario) y vamos a estar muy pendientes por nuestro rol fiscalizador como lo hicimos (antes de que nombraran el síndico). Nosotros no estábamos de acuerdo en que tuviéramos un síndico. Debe haber la transparencia total y la rendición de cuentas. Todavía no se ha mencionado quiénes van a componer esa oficina, pero nuestro rol, como siempre lo ha sido, es fiscalizar y reconocer si hay avances que puedan ser verificables y sostenibles…para que el pueblo entienda y pueda tener fe de quiénes lo componen y que ese organismo sea uno transparente que rinda cuentas inmediatamente”, afirmó el líder gremial.

El mes pasado, la Administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, anunció que el Departamento de Educación federal (USDE) había establecido una ruta oficial para la salida del agente fiduciario externo.

Según un comunicado de La Fortaleza el 8 de marzo, el Departamento logró progresos significativos en la implementación de su Plan de Acción Correctiva Integral (CCAP) al atender áreas como controles internos de nómina, recursos humanos, adquisiciones, contratación y manejo de subvenciones federales.

Como resultado de estos avances, USDE le dio el visto bueno al proceso de transición que permitirá la salida gradual del síndico, lo que llevará a que la agencia a nivel local se encargue de las funciones administrativas y financieras que la firma aún lidera.

Se opondrán a mayor burocracia en el Departamento de Educación

Los datos provistos por la Administración González apuntan a que el Departamento de Educación en la isla ha completado el 99% del CCAP. Con base en ese plan es que las autoridades federales determinan si la agencia puede salir del síndico.

Como parte del anuncio, se informó que la Oficina de Cumplimiento dentro del DE se encargará de trámites que antes vigilaba el síndico, como facturas, órdenes de compra, pagos de nómina y requisiciones.

La transición también implicará la creación de la figura del CFO (director financiero), que la legislatura en Puerto Rico aprobó, según informó la Administración.

La contratación de un CFO ha sido promovida por la Administración como clave para asegurar el uso efectiva de los fondos.

El presidente de la AMPR, representante exclusivo del magisterio en la isla, adelantó que, si la transición implica mayor burocracia, se opondrán. Parte de la oposición inicial de sindicatos como la Asociación a la presencia del síndico se basó en que las labores de la firma añadirían más burocracia a los procesos en el Departamento, lo que retrasaría el acceso a fondos para la comunidad escolar en general.

“Si es más burocracia, vamos a estar en contra. Hay que ver su funcionamiento a partir de noviembre que entiendo que sale el síndico. Va a haber un proceso hasta noviembre y vamos a estar entonces evaluando. Vamos a estar muy pendientes. Si es más burocracia, vamos a estar en contra de ese nombramiento”, reiteró Bonilla.

El síndico federal le cuesta a los puertorriqueños unos $32 millones anuales. Desde el 2021 al presente, se han desembolsado unos $150 millones a la firma por su trabajo de supervisión.

En ese sentido, el presidente de la AMPR respaldó la gestión hecha por el gobierno de Puerto Rico para avanzar con su salida.

“Nosotros respaldamos que el Departamento haya cumplido con las exigencias impuestas porque son $32 millones que deben de ir al salón de clases, a nuestros estudiantes y a nuestros maestros”, consideró el entrevistado.

Un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) con fecha del 1 de abril de 2025, resaltó que el contrato original de Álvarez & Marsal por $79.7 millones se había enmendado tres veces para añadir $59.3 millones. Esos fondos salieron de una combinación de partidas federales y estatales del presupuesto del DE.

Sobre las gestiones específicas realizadas por el síndico en beneficio de la comunidad escolar, Bonilla mencionó: “Eran procesos, primeramente, de nómina; el proceso de ausentismo de los maestros. Eran procesos de finanzas…procesos con los estudiantes de educación especial en cuanto a cómo determinar si el estudiante pertenecía a esa categoría. También se evaluó el procedimiento de terapias para esos estudiantes. Eso era lo que ellos tenían que mejorar, los procedimientos para que todo se viera de una forma transparente y pudiera mejorar ese proceso de enseñanza y aprendizaje…”.

A juicio del líder sindical, la presencia del agente fiduciario se ha traducido en “un 40% o 45% de beneficio” para la comunidad escolar.

“Lo que tenemos que ver ahora es que el Departamento, por lo menos, logró tomar las iniciativas para cumplir con el 99.9%, y así se libera del síndico. A nosotros lo que más nos interesa como gremio es que esos $32 millones que se estaban gastando en esa compañía se devuelva, pero para lo que hace falta, las escuelas, los maestros y los estudiantes”, añadió.

A preguntas de qué garantía hay de que los ahorros que se lograrán con la salida del síndico terminen en las escuelas, indicó: “Yo entiendo que debe y tiene que ser así, porque así lo espera el pueblo; así lo esperan los maestros; así lo esperan las comunidades escolares. Nosotros vamos a estar muy pendientes de que así sea o lo vamos a denunciar”.

El mencionado reporte del CPI especificó que, a 15 meses de que Álvarez & Marsal desarrollara el CCAP para el DE, la agencia solo había completado tres de los 37 objetivos contenidos en el documento.

Bonilla argumentó que el avance en los procesos en meses recientes para llegar a casi el 100% de cumplimiento respondió a instrucciones precisas de Ramos Parés.

“De acuerdo con las reuniones que hemos sostenido, yo sé que el secretario dio unas instrucciones claras y precisas porque, tanto la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) al igual que el Gobierno deseaban que saliera por la cuestión de economías y su presupuesto. Estoy consciente que impartió instrucciones claras e hizo grupos de trabajo para que atendieran todos los indicadores para poder salir. Entiendo que el secretario, y no es defendiéndolo porque nosotros somos el sindicato y ellos los patronos, dio directrices claras a sus subalternos, directores, secretarios auxiliares, que trabajaran con cada uno de los indicadores que le tocaba en sus áreas para poder cumplir y salir del síndico lo antes posible”, puntualizó.

El Diario contactó a la oficina de prensa del USDE para indagar sobre este tema y el seguimiento que le están dando, pero no recibimos respuesta a la solicitud.

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