Gobernadora de Puerto Rico sobre decisión de jueza federal en caso para anular contrato de LUMA: hemos prevalecido dos veces
Laura Taylor Swain dejó en manos de tribunales estatales los recursos presentados por la Administración de Jenniffer González para anular el contrato de LUMA
Una protesta contra LUMA Energy en San Juan, Puerto Rico. Crédito: Archivo | AP
NUEVA YORK – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, afirmó que la decisión de la jueza Laura Taylor Swain de dejar en manos de tribunales estatales los recursos presentados por su Administración para anular el contrato de LUMA Energy valida el poder regulatorio de las autoridades locales.
“La jueza (Laura Taylor) Swain, la que ve los pleitos sobre PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico), acaba de decidir en más de 35 páginas que el pueblo y el gobierno de Puerto Rico tenían razón y que le corresponde a los tribunales estatales atender la controversia de la anulación del contrato en la corte estatal y no en la federal”, declaró González en un mensaje en video junto a Josué Colón, nombrado “Zar de Energía”.
La ley PROMESA fue aprobada en el 2016 en el Congreso de Estados Unidos para gestionar la deuda del gobierno de Puerto Rico con los bonistas.
El estatuto además creó la Junta de Control Fiscal (FOMBPR), que es el ente que presenta los planes de ajuste de la deuda y se supone que negocie con las partes para reducir el monto de la misma a niveles sostenibles. Actualmente, la Junta encabeza el plan de ajuste para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que diversos sectores han alertado que podría implicar mayores aumentos en la factura para los abonados.
Swain es quien preside los procesos por la deuda de Puerto Rico bajo Título III de PROMESA.
Lo que hizo la jueza este viernes fue rechazar la solicitud de LUMA y de la Junta para que los litigios presentados por la Administración González se diluciden en el foro federal en virtud del proceso de quiebra que enfrenta la AEE.
En resumen, la jueza determinó que, aunque el tribunal federal tiene jurisdicción sobre el contrato de LUMA con el gobierno de Puerto Rico, las autoridades judiciales locales son las que cuentan con la facultad para resolver disputas o controversias relacionadas con cláusulas contractuales.
Tras la decisión de ayer, es el Tribunal de Primera Instancia en la isla el foro que deberá sopesar inicialmente los pleitos.
“La jueza Swain acaba de determinar que, en efecto, aunque hayan pleitos que tienen que ver con PROMESA, el asunto principal es uno contractual y está dentro de los poderes que tiene el gobierno de Puerto Rico para velar la salud y la seguridad de sus ciudadanos. Los poderes regulatorios del gobierno de Puerto Rico se validan en una decisión de 35 páginas que devuelve ese caso de la corte federal a las cortes estatales para que podamos atender la anulación del contrato de LUMA”, expuso González sobre el fallo de ayer.
La gobernadora argumentó que el Gobierno planteó que “el contrato establece en las cláusulas cómo se va a operar el servicio eléctrico de Puerto Rico y que LUMA ha incumplido desde el día uno con todas sus obligaciones y que, por lo tanto, el Gobierno tiene el deber de velar por la salud del pueblo, por estos poderes regulatorios y todo el marco contractual bajo el que se llevó a cabo”
“Esos poderes nos permitieron en el otro cuatrienio -esto es un problema heredado- contratar a LUMA y LUMA no cumplió”, añadió la primera ejecutiva.
Argumentó que, con la más reciente decisión, el gobierno de Puerto Rico le ha ganado doblemente al consorcio privado que asumió oficialmente la operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico en junio de 2021.
“Tratamos de agotar todos los remedios administrativos para hacer valer el contrato. Como parte de eso, radicamos un primer pleito para mediar las decisiones de ese contrato en el tribunal estatal. Sin embargo, LUMA y la Junta de Supervisión Fiscal acudieron al tribunal federal pidiendo que esto se llevara al tribunal federal. El tribunal federal no había emitido una determinación y, en diciembre del año pasado, envió una notificación diciendo que el caso se devolvía a la corte estatal porque, según el contrato, le corresponde a las cortes de Puerto Rico hacer valer ese deber fiduciario sobre la evaluación de ese contrato de LUMA. Así que esa moción la ganamos en diciembre cuando devolvieron ese caso”, recordó la también presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP).
La gobernadora explicó que, “cuando ya no habían más maneras de hacer entrar a LUMA en razón de que estaba incumpliendo con el pueblo”, radicaron el pleito para cancelar el contrato de LUMA y comenzar un proceso de transición hacia un nuevo operador.
“Igual que como pasó en el caso anterior, tanto LUMA como la Junta de Supervisión Fiscal presentaron un recurso en el tribunal pidiendo que ese pleito se trasladara a la corte federal con la excusa de que PROMESA obligaba a que todos esos casos por la quiebra de Energía Eléctrica se vieran en el foro federal”, detalló.
La mandataria insistió en que el servicio que LUMA le ha dado a Puerto Rico ha sido pésimo.
“Como parte de mi proceso de fiscalización, lo primero que hice cuando llegué como gobernadora fue nombrar a un Zar de Energía para que hiciera esa fase de revisión de las compañías privadas, de Genera PR, LUMA (Energy), EcoEléctrica, de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y todo lo relacionado con el costo energético. Nos dimos cuenta de lo que todo el mundo sabe, que LUMA ha incumplido con su contrato y que no le sirve a Puerto Rico, y que parte de esa acción debe ser sacarlos de la administración y poner a un operador privado que pueda hacer el trabajo”, reiteró.
La Administración González presentó dos acciones ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico con el propósito de invalidar la “Carta de Extensión”, cuyo fin era ampliar indefinidamente el contrato de LUMA.
El pedido central relacionado con la anulación del contrato busca que el tribunal declare nula, inválida y sin efecto jurídico la carta de extensión o enmienda al contrato del 2022.
La solicitud hace referencia a acuerdos contenidos en la misiva del 30 de noviembre de ese año suscrita por la APP (Autoridad para las Alianzas Público-Privadas), la AEE y LUMA.
Colón, también director ejecutivo de la APP, destacó que la determinación del tribunal federal consolida la jurisdicción estatal sobre controversias relacionadas al cumplimiento de requisitos regulatorios y la interpretación de legislación local, incluyendo la Ley 29 y la Ley 120.
“Aunque el Tribunal reconoció que se trata de activos críticos del sistema eléctrico, también dejó claro que eso no elimina el poder regulatorio y fiscalizador del Gobierno de Puerto Rico. Esta decisión fortalece nuestra capacidad de exigir cumplimiento y transparencia en todo lo relacionado al sistema energético”, secundó el funcionario.
En respuesta al dictamen de Swain, LUMA circuló un comunicado en el que indicó que su equipo legal “se encuentra revisando el documento y evaluando todas nuestras opciones legales”.
“Reiteramos que, sin importar el foro donde finalmente se atienda el litigio, el contrato suplementario es válido bajo el ordenamiento jurídico aplicable, según confirmado por las autoridades locales que participaron en su firma y las grabaciones públicas donde se discutió el tema. Mientras tanto, continuaremos comprometidos y enfocados en la transformación del sistema eléctrico para brindar el servicio de calidad que nuestros clientes merecen”, añadieron.
El Diario ha contactado en varias ocasiones, desde el 25 de marzo, a la oficina de prensa de LUMA para solicitar una entrevista con la nueva CEO, Janisse Quiñones. Hasta la fecha, su personal no ha respondido al pedido.
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