Resolución en Cámara de Representantes de Minnesota pide al Congreso que ponga fecha a salida de la “Junta” de Puerto Rico
Legisladores plantean que la continua operación de la Junta sin una fecha definitiva de salida es una amenaza para la recuperación a largo plazo de Puerto Rico
La representante boricua de Minnesota, María Isa Vega-Pérez (centro), quiere que la Junta salga de Puerto Rico. Crédito: María Isa Vega-Pérez | Cortesía
NUEVA YORK – Una resolución aprobada en la Cámara de Representantes de Minnesota emplaza al Congreso a establecer una fecha de salida para la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) de Puerto Rico, ya que “los residentes en el territorio merecen los mismos derechos de autogobernanza y representación democrática” que los que viven en cualquier otra nación.
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En el documento, que fue aprobado el martes, se argumenta que las labores de “la Junta” en Puerto Rico desde hace casi 10 años erosionan la gobernanza local e impiden el desarrollo económico sostenido de la isla.
“Casi una década después, la Junta continúa ejerciendo una autoridad profunda sobre las políticas fiscales de la isla, levantando serias preocupaciones sobre la erosión de la gobernanza local democrática y la autodeterminación de los puertorriqueños”, lee el escrito provisto a El Diario.
Los suscribientes plantean que la ausencia de una fecha específica para la salida del organismo federal, creado bajo la ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico), no permite la recuperación a largo plazo de Puerto Rico.
“Mientras Puerto Rico ha progresado en reestructurar su deuda, restaurar el acceso a los mercados de capital e implementar reformas fiscales, la continua operación de la Junta sin una fecha definitiva de salida, representa una amenaza para la recuperación a largo plazo, la autonomía fiscal y la rendición de cuentas democrática”, resaltan.
El grupo argumenta que, como resultado de las medidas de austeridad impuestas por el organismo, los servicios públicos se han visto impactados, “particularmente, en educación, cuidado de salud e infraestructura municipal, con devastadoras consecuencias para los más vulnerables”.
Como ejemplo, mencionan el caso de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que lleva desde abril en huelga indefinida en reclamo a la renuncia de la presidenta Zayira Jordán Conde, y del rector interino, Miguel Muñoz. Los estudiantes piden que se restituya la fórmula de asignación presupuestaria de 9.6% a través del Fondo General.
“La Universidad de Puerto Rico (UPR), piedra angular del sistema de educación pública de la isla y una vía a la movilidad económica, ha sufrido recortes de financiamiento de más de 50%, lo que pone en peligro su misión y accesibilidad”, señala la resolución sobre el principal centro docente de la isla.
El texto menciona la “profunda” reducción en fondos para el “Fondo de Equiparación” que ha afectado la capacidad de los municipios para ofrecer servicios esenciales y mantener infraestructura pública.
Los representantes añaden que más de 600,000 puertorriqueños han migrado a EE.UU. continental desde que la Junta entró en operaciones, “un éxodo masivo impulsado por los altos costos de vida, deterioro de servicios y limitadas oportunidades económicas”.
El documento también hace referencia a que los cuellos de botella en el desembolso de fondos federales para reconstrucción tras los huracanes María (2017) y Fiona (2022) y los procesos onerosos de aprobación controlados por la Junta retrasan la recuperación en el archipiélago.
A la resolución se le dio paso en nombre de las numerosas comunidades de boricuas en Minnesota, en referencia a vecindarios como Minneapolis y St. Paul con estrechos vínculos familiares, culturales y económicos con la isla.
Los boricuas son la segunda población más grande en el estado con al menos 22,000 miembros.
La mayoría de los integrantes de la población, aproximadamente, un 67%, reside en Twin Cities (Minneapolis y Saint Paul).
El esfuerzo legislativo fue encabezado por miembros del Caucus de Personas de Color y Pueblos Indígenas de Minnesota.
En el organismo se encuentra la representante de origen boricua María Isa Pérez-Vega.
La Junta fue el ente impuesto por el Congreso en el 2016 para supervisar y administrar las finanzas del gobierno de Puerto Rico, aprobar planes fiscales y presupuestos, y reestructurar la deuda pública. Al momento, la entidad se enfoca en el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La ley PROMESA estableció que la Junta abandonará Puerto Rico cuando se aprueben cuatro presupuestos balanceados y la isla pueda reingresar al mercado de bonos.
Los opositores insisten en que los miembros del organismo interpretan la ley y el concepto de presupuesto balanceado a su manera para extender su permanencia en el territorio.
Un análisis de Espacios Abiertos (EA), con base en los Informes Anuales de la FOMB entre el 2017 y el 2024, arrojó que, aunque el estimado inicial de los gastos en los que incurriría la Junta en consultores y firmas de asesoría legal no superarían los $370 millones de dólares en 10 años, la cifra alcanza los $2,000 millones.
El esfuerzo estatal se suma a otros a nivel federal que organizaciones agrupadas bajo “Power 4 Puerto Rico” llevan realizando desde hace años.
En marzo pasado, la coalición anunció que los congresistas demócratas Raja Krishnamoorthi (Illinois) y Darren Soto (Florida) presentaron una legislación que busca ponerle fecha final a la estancia de la Junta en la isla.
El H.R.7833 o “Ley de Restauración de los Poderes del Pueblo Puertorriqueño de 2026” dispone para la finalización de las labores de la Junta después de que la Asamblea Legislativa y el Gobernador (a) de Puerto Rico promulguen una ley para recuperar los poderes que la entidad fiscal básicamente le arrebató al gobierno local.
El proyecto de ley fue referido al Comité de Recursos Naturales de la Cámara Baja con jurisdicción directa sobre los asuntos de Puerto Rico.
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