Juez federal anula la tarifa de $100,000 dólares impuesta por Trump a nuevas visas H-1B
La administración aclaró que el cobro aplicaría únicamente a nuevas solicitudes y no a renovaciones ni a personas que ya contaban con una visa H-1B vigente
Los 20 estados demandantes sostuvieron que el aumento era desproporcionado. Crédito: Shutterstock
Un juez federal de Massachusetts anuló este lunes la política impulsada por el presidente Donald Trump que obligaba a los empleadores a pagar una tarifa adicional de $100,000 dólares para contratar trabajadores extranjeros altamente calificados mediante nuevas visas H-1B.
La decisión la emitió el juez Leo T. Sorokin en el caso State of California et al. v. Markwayne Mullin et al., dando la razón a una coalición de 20 estados que impugnó la medida al considerar que excedía las facultades del Poder Ejecutivo y violaba la legislación federal.
La tarifa se estableció mediante la Proclamación Presidencial 10973, firmada por Trump el 19 de septiembre de 2025.
La Casa Blanca argumentó entonces que el programa H-1B estaba siendo utilizado para reemplazar trabajadores estadounidenses por mano de obra extranjera más barata, especialmente en sectores tecnológicos y científicos.
Tras el anuncio, la administración aclaró que el cobro de $100,000 dólares aplicaría únicamente a nuevas solicitudes y no a renovaciones ni a personas que ya contaban con una visa H-1B vigente. La tasa debía entrar en vigor en el siguiente ciclo de selección del programa y contemplaba excepciones limitadas por razones de “interés nacional”, informó la agencia de noticias EFE en ese entonces.
Sin embargo, la medida generó críticas debido a su impacto sobre empresas, universidades, hospitales y centros de investigación. Los estados demandantes sostuvieron que el aumento era desproporcionado, ya que las tarifas habituales para este tipo de visas oscilaban entre $960 y $7,595 dólares.
Además, argumentaron que la política agravaría la escasez de profesores en escuelas públicas, dificultaría la contratación de investigadores y personal académico en universidades estatales y reduciría la llegada de profesionales médicos extranjeros, afectando los sistemas de salud y elevando costos para programas públicos.
No sería una simple tarifa
En su fallo, Sorokin concluyó que el pago de $100,000 dólares no podía considerarse una simple tarifa administrativa ni una penalización, sino que en la práctica constituía un impuesto. También señaló que la Constitución reserva al Congreso la facultad de crear impuestos y que ninguna ley otorgó expresamente al Ejecutivo la autoridad para imponer este cobro.
El juez determinó además que las agencias federales implementaron la medida sin cumplir el proceso de consulta pública exigido por la Ley de Procedimiento Administrativo. Asimismo, rechazó los argumentos del gobierno de que existía una emergencia o una excepción relacionada con asuntos exteriores que justificara saltarse esos requisitos.
La sentencia sostiene que las agencias actuaron de forma “arbitraria y caprichosa” al no evaluar adecuadamente las consecuencias económicas de la medida ni considerar alternativas menos restrictivas.
Como resultado, el tribunal declaró ilegal la política y anuló todas las directrices y documentos administrativos que servían de base para exigir el pago. La decisión tiene alcance nacional, por lo que la eliminación del cobro no se limita a los estados que participaron en la demanda.
Piden a Trump abandonar la medida
Tras conocerse la decisión, la organización de defensa de políticas migratorias FWD.us celebró el fallo y pidió a la administración Trump abandonar definitivamente la medida.
El presidente de la organización, Todd Schulte, afirmó que la sentencia confirma que el gobierno violó tanto la Ley de Procedimiento Administrativo como la Constitución al imponer la tarifa de $100,000 dólares para las nuevas solicitudes de visas H-1B.
Sostuvo que la política habría tenido consecuencias negativas para el crecimiento económico, el empleo y los salarios en Estados Unidos, además de afectar áreas esenciales como la educación y la atención médica. “Este fallo confirma que la administración impuso ilegalmente esta tarifa. Hacemos un llamado a que revierta esta decisión y abandone esta política desacertada”, señaló Schulte en un comunicado.
El dirigente también defendió la necesidad de reformar y ampliar las vías legales para que trabajadores altamente calificados puedan migrar a Estados Unidos y contribuir a la economía del país. A su juicio, fortalecer los programas de migración especializada representa una estrategia más efectiva que imponer costos extraordinarios a los empleadores que buscan contratar talento extranjero.
“Durante muchos años hemos abogado por reformar, mejorar y ampliar las vías legales para que los inmigrantes con habilidades especializadas puedan venir a Estados Unidos, quedarse y contribuir plenamente. Ese, en lugar de una tarifa excesiva que está perjudicando nuestra cantera de talento, es el enfoque correcto”, manifestó.
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