¿Quién paga la deuda de una tarjeta de crédito cuando fallece un esposo o esposa?

La muerte de un familiar suele venir acompañada de dudas sobre sus obligaciones financieras. Una de las más comunes es si el cónyuge sobreviviente debe hacerse cargo de las deudas de tarjetas de crédito.

Aunque muchas personas creen que la respuesta es sí, la legislación estadounidense establece que, en la mayoría de los casos, la responsabilidad recae sobre el patrimonio del fallecido y no sobre sus familiares.

Cuando una persona fallece, las deudas pendientes de sus tarjetas de crédito no desaparecen automáticamente.

Sin embargo, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) señala que esas obligaciones generalmente deben pagarse con los bienes que dejó el fallecido, conocidos legalmente como su patrimonio o estate, y no con el dinero del cónyuge, hijos o hermanos.

Esto cobra relevancia en un momento en que la deuda por tarjetas de crédito en Estados Unidos alcanzó un récord de $1.233 billones durante el tercer trimestre de 2025, lo que significa que cada vez más personas fallecen con saldos pendientes.

Primero se pagan las deudas y después se reparte la herencia

Antes de que los herederos reciban bienes o dinero, el patrimonio del fallecido debe pasar por un proceso legal conocido como probate o sucesión testamentaria.

De acuerdo con Debt.org, este procedimiento sirve para nombrar formalmente a un albacea, quien será el encargado de administrar el patrimonio, pagar impuestos y liquidar las deudas antes de distribuir los bienes entre los beneficiarios.

Durante ese proceso, los acreedores, incluidas las compañías de tarjetas de crédito, cuentan normalmente con un plazo de tres a seis meses desde que son notificados del fallecimiento para presentar sus reclamaciones.

Si no lo hacen dentro de ese periodo, pueden perder el derecho a cobrar.

No todas las deudas tienen la misma prioridad.

Un análisis de The Motley Fool publicado en 2026 explica que los préstamos garantizados, como las hipotecas, tienen preferencia sobre las tarjetas de crédito, que son deudas no garantizadas.

Si el patrimonio no alcanza para cubrir todas las obligaciones, primero se pagan las de mayor prioridad. En muchos casos, si ya no quedan activos suficientes, la compañía emisora de la tarjeta absorbe la pérdida y la familia no tiene que cubrir la diferencia.

El Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) también indica que, si el patrimonio no puede pagar la deuda y no existe otra persona legalmente responsable, el saldo puede quedar simplemente sin cobrarse.

¿Cuándo sí puede pagar el cónyuge?

Existen excepciones importantes.

Si la tarjeta era una cuenta conjunta, es decir, ambos cónyuges figuraban como propietarios legales de la cuenta, la persona sobreviviente sigue siendo totalmente responsable del saldo pendiente, según The Motley Fool.

También puede existir responsabilidad en los llamados estados de bienes gananciales, donde muchas deudas adquiridas durante el matrimonio pertenecen legalmente a ambos esposos, aunque solo uno aparezca como titular de la tarjeta.

Estos estados son:
-Arizona
-California
-Idaho
-Luisiana
-Nevada
-Nuevo México
-Texas
-Washington
-Wisconsin

En estos casos, especialistas recomiendan consultar a un abogado especializado en sucesiones antes de asumir que la deuda no debe pagarse.

Ser usuario autorizado no significa ser responsable

Otra confusión frecuente ocurre con quienes aparecen como usuarios autorizados de una tarjeta.

La FTC aclara que un usuario autorizado únicamente tiene permiso para utilizar la tarjeta, pero no es propietario legal de la cuenta ni responsable de la deuda.

En consecuencia, la obligación sigue perteneciendo al titular fallecido y, posteriormente, a su patrimonio.

El albacea tampoco paga con su dinero

La persona nombrada como albacea o ejecutor testamentario tiene la obligación de administrar correctamente el patrimonio y pagar las deudas en el orden establecido por la ley.

Según InCharge Debt Solutions, mientras cumpla con ese procedimiento, el albacea no responde con su propio dinero por las deudas del fallecido.

No obstante, sí podría enfrentar responsabilidades personales si reparte bienes entre los herederos antes de liquidar las obligaciones pendientes con los acreedores.

Activos que normalmente no pueden reclamar los acreedores

No todos los bienes forman parte del patrimonio sujeto al proceso de sucesión.

The Motley Fool explica que los seguros de vida con beneficiarios designados, las cuentas para el retiro, como los 401(k), y los bienes colocados en un fideicomiso en vida generalmente pasan directamente a los beneficiarios y quedan fuera del alcance de los acreedores.

Por ello, muchos especialistas en planificación patrimonial recomiendan estructurar este tipo de activos para que no tengan que pasar por el proceso sucesorio.

Lo que pueden y no pueden hacer los cobradores

Las llamadas de agencias de cobranza suelen comenzar poco después del fallecimiento, pero la ley federal limita quiénes pueden ser contactados.

La FTC señala que los cobradores solo pueden comunicarse con el cónyuge sobreviviente, el albacea, el administrador del patrimonio u otro representante autorizado.

Un hijo adulto que no desempeñe alguno de esos papeles y tampoco sea cotitular de la deuda no tiene obligación legal de responder.

Además, el CFPB recuerda que la Ley de Prácticas Justas de Cobro de Deudas (FDCPA) prohíbe que los cobradores llamen antes de las 8:00 a.m. o después de las 9:00 p.m.

También permite solicitar por escrito que cesen los contactos.

Asimismo, es ilegal que una agencia de cobranza haga creer a un familiar que debe pagar con su propio dinero cuando la ley no lo obliga.

Cuando un cobrador realiza el primer contacto, también debe proporcionar información suficiente sobre la deuda, ya sea en esa comunicación o dentro de los siguientes cinco días, para que pueda verificarse que el monto reclamado es correcto.

Los especialistas recomiendan que las familias revisen cuidadosamente las cuentas del fallecido, identifiquen si existían tarjetas conjuntas y determinen si residían en un estado de bienes gananciales antes de realizar cualquier pago voluntario, ya que hacerlo podría interpretarse como una aceptación de responsabilidad sobre una deuda que legalmente no les corresponde.

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