ACLU de Puerto Rico denuncia que intervenciones violentas de ICE con migrantes no han mermado
La ACLU de Puerto Rico afirmó que, en las últimas semanas, han documentado agresiones físicas por parte de agentes en medio de operativos
Tarjetas con información sobre los derechos de los migrantes se encuentran sobre una mesa en la Iglesia Metodista San Pablo, en el Barrio Obrero de San Juan, Puerto Rico. Crédito: Archivo | AP
NUEVA YORK – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico denunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) siguen actuando al margen de la ley y de manera violenta en medio de intervenciones para detener a migrantes en la isla.
En un comunicado este jueves, la organización, que ha impugnado en los tribunales varios casos de personas procesadas por faltas migratorias, argumentaron que las acciones de las autoridades federales “en violación al debido proceso” ponen en riesgo la seguridad de toda la ciudadanía.
Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, exigió el retiro de los agentes federales de calles y comunidades del archipiélago.
“Desde principios del año pasado, hemos denunciado el carácter arbitrario, cruel y discriminatorio de las redadas del ICE en Puerto Rico y cómo violentan los derechos de todas las personas, independientemente del estatus migratorio”, declaró.
“Estas intervenciones no han mermado. Por el contrario, casos recientes demuestran que los agentes de ICE siguen actuando al margen de la ley, con sus rostros tapados, con acciones violentas y poniendo en peligro a toda la comunidad”, añadió.
De acuerdo con el comunicado, en las últimas semanas, la ACLU de Puerto Rico ha documentado agresiones físicas por parte de agentes en medio de operativos, así como intervenciones arbitrarias e injustificadas en presencia de menores y en vías de tránsito vehicular, algunas de las que constan en videos en redes sociales.
Hace unas tres semanas, por ejemplo, trascendieron imágenes en Facebook de un enfrentamiento entre un joven boricua y cinco agentes federales en un vecindario de San Juan.
Con palabras soeces, el ciudadano le cuestionó a los oficiales, que estaban enmascarados, que por qué intentaron quitarle su celular.
“Yo soy de aquí cabr”, le gritó a los efectivos. “Por estar haciendo las cosas al garate, hijo de pu … ¡Yo tengo todos los papeles! … ¿Porque soy negro?”, argumentó el hombre en las imágenes difundidas por un usuario identificado como Kerlin Mejía.
El grupo terminó abandonando la escena en un vehículo sin tablilla oficial.
Hasta el momento, la entidad, junto a varios abogados de inmigración, la Clínica de Inmigración de la Escuela de Derecho de la UPR y la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, ha representado a nueve migrantes que disputan ante los tribunales el proceder en su contra por parte de las autoridades federales.
En ocho de los casos, la organización logró frenar el traslado expedito de inmigrantes o que el tribunal ordenara a ICE traer de vuelta a la persona.
El caso más reciente presentado fue el de José Ignacio Cambero Maldonado.
En una petición de habeas corpus de emergencia, se solicitó la liberación inmediata de Cambero Maldonado, quien fue detenido el 25 de junio pasado.
La ACLU denunció que las autoridades violaron el debido proceso de ley, que la detención no responde a ningún propósito gubernamental legítimo, desperdicia recursos públicos y ha causado un daño emocional, psicológico y económico “severo” a la familia.
El recurso fue radicado el 29 de junio.
Según la ACLU, el hombre fue intervenido en un operativo “agresivo” de varios vehículos en el que participaron más de cinco personas enmascaradas sin una orden local de intervención de tránsito. La petición plantea que el proceder de las autoridades fue motivado por perfilamiento racial que forma parte de un patrón más amplio de prácticas prohibidas por la Constitución.
Cambero Maldonado se encontraba en el proceso de regularizar su estatus migratorio cuando fue detenido.
“Cambero Maldonado ha vivido de manera continua en EE.UU. desde el 30 de septiembre de 2021, junto a su esposa ciudadana estadounidense y su hija ciudadana estadounidense de casi dos años. Además, ha cumplido con los pasos requeridos para regularizar su estatus migratorio, incluyendo la presentación y el pago de los formularios I-130 e I-601A ante USCIS. La petición argumenta que, al haber seguido el proceso legal, no representar riesgo de fuga ni peligro para la comunidad, su detención carece de base legal válida”, lee un resumen del caso en la página de la ACLU.
Por medio del comunicado, la ACLU además destacó que han logrado audiencias de fianza para varios de los detenidos.
Aclararon, sin embargo, que en dos de los casos los jueces de inmigración no concedieron la solicitud de los migrantes para continuar el proceso en libertad bajo fianza, a pesar de que no representan un riesgo para la comunidad ni de fuga.
“Seguiremos utilizando el litigio para exigir que el gobierno federal respete el debido proceso, garantice el acceso a fianza en los casos correspondientes y detenga prácticas de perfilamiento racial y traslados punitivos que afectan desproporcionadamente a comunidades inmigrantes en Puerto Rico”, expuso Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico.
Desde enero de 2025, han sido 325 las acciones legales presentadas por la ACLU en EE.UU., incluyendo casi 200 demandas en favor de los derechos de los migrantes.
Uno de los casos más importantes de la ACLU fue “Trump v. Barbara” en la que el Tribunal Supremo, en un voto 6-3, ratificó la Clausula de Ciudadanía de la Constitución para hijos de padres indocumentados o con estatus temporal.
