Right to Democracy pide a EE.UU. autodeterminación para territorios como Puerto Rico en conmemoración de los 250 años
La “Declaración para Poner Fin al Dominio Colonial en los Territorios” es uno de varios esfuerzos para “acabar con el dominio colonial” en estas jurisdicciones
Neil Weare y Adi Martínez-Román, de la organización Right to Democracy, durante un simposio bipartidista el mes pasado en Washington D.C. Crédito: Right to Democracy | Cortesía
NUEVA YORK – Con motivo de los 250 años de la conmemoración de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, Right to Democracy promueve una campaña de firmas en favor de la libre determinación para los cinco territorios de la nación que incluye a Puerto Rico.
“Hemos desarrollado una declaración sobre la libre determinación de los territorios en la que se recoge muchas de las ideas que se han discutido, de las cosas que hacen falta para una verdadera libre determinación de los territorios. ¿Por qué?, porque nosotros estamos construyendo suelo común con diálogo”, explicó Adi Martínez-Román, codirectora de Right to Democracy, a El Diario.
La “Declaración para Poner Fin al Dominio Colonial en los Territorios de EE.UU.”, disponible en la página web de la organización, es uno de varios esfuerzos de la organización para “acabar con el dominio colonial” en estas jurisdicciones.
“Ante la proximidad del 250.º aniversario de la Declaración de Independencia y del 125.º aniversario de los Casos Insulares, hemos redactado una ‘Declaración para poner fin al régimen colonial en los territorios de los EE. UU.’ con el fin de unir a organizaciones y defensores de todos los territorios en torno a principios compartidos de democracia, autodeterminación y descolonización. Si bien reconocemos que nuestras comunidades tienen opiniones diversas sobre el estatus político, esta declaración busca reflejar nuestra convicción común de que debe terminar el actual marco territorial antidemocrático”, lee una descripción de la campaña de la entidad que educa y realiza trabajos de abogacía participativa.
Los Casos Insulares fueron una serie de decisiones de la Corte Suprema del siglo pasado bajo la que se estableció un marco legal que legitima la gobernanza desigual hacia los territorios adquiridos por EE.UU. después del 1898.
Esas decisiones definieron y diferenciaron entre “territorio incorporado” y “territorio no incorporado”.
Funcionan como una especie de justificación legal para tratar a los ciudadanos en territorios de manera discriminatoria. Bajo la jurisprudencia del Supremo, a los habitantes de territorios no incorporados como Puerto Rico no se le garantizan los mismos derechos constitucionales que a los de los incorporados.
La declaración de la organización exige, entre otras cosas, el rechazo de los Casos Insulares por partir de un marco jurídico “racista” que justifica “el dominio unilateral sobre nuestras comunidades”.
“Estas decisiones, arraigadas en deplorables estereotipos raciales y en las odiosas teorías del darwinismo social, crearon un déficit democrático que trata a nuestros hogares como meras “posesiones” y niega a nuestras poblaciones una participación significativa y capacidad de decisión sobre los asuntos que afectan nuestras vidas”, añade el escrito.
Para Martínez-Román, la posición de los territorios con respecto a EE.UU. viola los ideales democráticos del país norteamericano que se comprometió con el principio fundamental del “consentimiento de los gobernados”.
“Comenzamos esta campaña desde el Super Bowl sobre la necesidad de que en este 250 aniversario de una nación que logra su independencia bajo unos principios democráticos que han sido clave, no solo para EE.UU., ‘consentimiento de los gobernados y todos son creados iguales’, cuando eso se reconoce en el 1776, esos valores fueron clave para el nacimiento de otras democracias, y para nosotros es un momento indicado para señalar cómo, a pesar de que se está celebrando el 250 aniversario de esos valores, todavía hoy día existe un marco legal colonial refrendando y legitimado por el Tribunal Supremo de EE.UU. que tiene 125 años. Así que la mitad de la historia de EE.UU. ha tenido colonias de manera formal. Una cosa es tener colonias de manera informal y otra de manera formal dentro de su marco legal tiene a los territorios sujetos a un poder plenario del Congreso de manera inconstitucional”, planteó la abogada en la entrevista.
Falta de reconocimiento de EE.UU. del poder colonial unilateral
En ese sentido, Martínez-Román argumentó que el “verdadero problema” es la falta de reconocimiento por parte del gobierno de EE.UU. de que está ejerciendo un poder colonial unilateral sobre los territorios. Reconocer la situación es un paso necesario para un compromiso definitivo del Congreso con un proceso de libre determinación en los territorios.
En filosofía política, el consentimiento de los gobernados se refiere a que el poder político solo se legítima cuando los gobernados lo otorgan voluntariamente. También significa que los gobernados pueden recuperarlo cuando las autoridades gubernamentales violan sus derechos.
“Una democracia directa existe en Grecia, pero no fue hasta la Revolución de EE.UU. y la Francesa que realmente se crea lo que es la democracia moderna, la que conocemos hoy día. Estas revoluciones es que se establecen los principios básicos de lo que consideramos un gobierno democrático y que se recoge en casi todos los documentos de los gobiernos democráticos. Incluso, está en la Constitución de Puerto Rico donde se le llama ‘el gobierno de pueblo por el pueblo‘. Esa idea de que los gobernados tienen que tener algún tipo de agencia en la toma de decisiones, ya sea a través de elecciones libres…el consentimiento de los gobernados puede tomar muchas formas. La forma que no toma, en el momento en que no existe, es cuando un país soberanía unilateral, sin ninguna participación, sin ninguna consulta, de un Gobierno sobre un grupo de personas y eso es lo que está pasando con los territorios”, explicó la también profesora.
La activista consideró que, para avanzar en la solución del problema colonial, hace falta más unión de los distintos sectores, independientemente de las diversas opiniones en torno al estatus.
“Por eso mismo es que nosotros enfatizamos en la necesidad de unirnos, irrespectivamente de nuestras posiciones de estatus, como puertorriqueños y puertorriqueñas, y las personas de todos los territorios y las personas que vivan en EE.UU. que tengan un entendimiento cabal de lo que es la democracia para reclamar y hacer visible esta contradicción, porque los poderes no lo han reconocido, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial no han hecho ese cálculo, ese reconocimiento. También ha sido una historia en la que se ha invisibilizado la existencia misma de este marco legal. Mucha gente…no está consciente siquiera de que este marco colonial es un marco legal institucionalizado que debe de eliminarse ya”, recalcó.
En Puerto Rico, favorecedores de la estadidad, varios ligados al oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), insisten en los resultados de pasados plebiscitos criollos a favor de esa fórmula para reforzar el llamado y cabildeo en Washington D.C. Otros partidos, como el Popular Democrático (PPD), el Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) cuestionan los resultados de esas consultas y la falta de inclusión en los procesos.
En el caso del PPD, su presidente y también comisionado residente de Puerto Rico en la Capital federal, Pablo José Hernández, ha reiterado que su prioridad no es el tema del estatus. Sin embargo, el mes pasado, presentó una legislación en la Cámara para un plebiscito con la opción del Estado Libre Asociado (ELA), sistema de gobierno territorial que aplica en el archipiélago desde el 1952. Como resultado, varios líderes dentro y fuera de la isla cuestionaron el lenguaje de la medida y anticiparon su estancamiento en el Congreso.
A pesar de debates como el anterior, Martínez-Román indicó que es importante que las partes interesadas se enfoquen en lo que los une.
“Por eso es que ha sido difícil por las posiciones encontradas, pero nosotros hemos logrado, a través de concentrarnos y enfocarnos en lo que nos une, que es el marco legal colonial, la participación en nuestra coalición, en nuestras actividades; incluso en la presentación en el Congreso, participó el delegado de Puerto Rico, el congresista sin voto (en el pleno), Pablo José Hernández, y él claramente dijo que no podía seguir este marco existiendo, de los Casos Insulares, de que esto tenía que cambiar. El concentrarnos en lo que nos une…Tuvimos republicanos de las Islas Marianas del Norte; tuvimos la delegada de Islas Vírgenes (Stacey Plaskett) y son personas con diferentes ideologías. La de Islas Vírgenes es demócrata … Todos coincidiendo en que este poder plenario que se ejerce sobre los territorios es inconstitucional y debe de terminar ya”, afirmó.
La entrevistada se refirió al simposio bipartidista en el Congreso de EE.UU. el pasado 4 de junio para examinar el significado de “consentimiento de los gobernados” en los territorios.
Durante su mensaje, el comisionado residente sostuvo que, “independientemente de cuál sea tu postura de estatus en los territorios o cual debería ser el estatus final, debemos estar unidos y presentar un frente común para atender los retos, obstáculos, desigualdades y las injusticias actuales”.
Añadió: “Debemos aprovechar el 250 aniversario de EE.UU. para educarles sobre estas desigualdades y retos persistentes y trabajar para resolverlos de una vez por todas”.
Por su parte, Plaskett expresó que los territorios son una “advertencia y una hoja de ruta” para EE.UU.
“Mientras esta nación enfrenta amenazas crecientes a nuestra democracia multirracial, los territorios no son una nota al calce. Somos una advertencia y una hoja de ruta. Somos prueba de lo que pasa cuando se condiciona el consentimiento de los gobernados, cuando las protecciones constitucionales se tratan como negociables, cuando la ciudadanía de segunda clase se plasma en la ley y se disfraza de precedente”, dijo la congresista. “La verdadera democracia y el colonialismo no pueden coexistir, ni siquiera cuando ese colonialismo lleva la bandera americana”, señaló.
Un proceso real de autodeterminación
La organización, que se enfoca en “confrontar y desmantelar el marco colonial antidemocrático” que persiste en los territorios, no favorece directamente ninguna opción de estatus, sino un proceso de autodeterminación con aval de los territorios y del gobierno de EE.UU.
“Nosotros no estamos mirando cuál debe ser el resultado de un proceso de libre determinación, así que para nosotros es cómo se puede impulsar un proceso real donde EE.UU. se comprometa a definir con participación amplia de los territorios cuáles son las alternativas propuestas y que sea con educación, que sea con participación de los territorios, que sea un proceso que, desde los territorios se pueda decidir”, explicó.
En ese sentido, la portavoz argumentó que la decisión sobre la vía o el vehículo para alcanzar lo anterior debe ser resultado de un proceso participativo en estas jurisdicciones.
“No tenemos preferencia porque para nosotros cada territorio tiene una situación bien distinta y la preferencia debe ser definida en conjunto con el territorio. Lo que es mejor para un proceso de libre determinación para un territorio no necesariamente va a ser igual para el otros. Nosotros nos estamos enfocando en lo que tiene que ser primero que es el compromiso de EE.UU. de consultar bien con los territorios con un compromiso real de cuáles son las mejores formas para ellos hacer la libre determinación”, reiteró.
Right to Democracy tambien participa en varios casos judiciales sobre asuntos que afectan a residentes en los territorios.
Martínez-Román mencionó que trabajan en un escrito de amicus curiae, luego de que la Corte Suprema aceptara revisar el caso “Department of the Air Force v. Prutehi Guåhan”.
El máximo foro reconsiderará una decisión del Noveno Circuito que exigía a la Fuerza Aérea de los EE. UU. realizar una evaluación ambiental adicional antes de proceder con la quema a cielo abierto y la detonación de materiales peligrosos en la Base Andersen, situada en el extremo norte de Guam.
La organización Prutehi Guåhan presentó una demanda contra la rama militar en enero de 2022, y el Noveno Circuito les dio la razón en febrero de 2025.
“Estamos desarrollando un escrito de amicus en un caso ambiental que está ante el Tribunal Supremo en contra de EE.UU., porque están buscando hacer detonaciones de municiones expiradas en las playas de Guam. Estamos en un proceso participativo…Estamos hablando con distintas organizaciones de Guam y de todos los territorios”, reveló.
Como “amigos de la corte”, los miembros de Right to Democracy pedirán al tribunal que no permita que agencias como la EPA (Agencia de Protección Ambiental) esquiven procesos de consulta a las comunidades.
“Ese es el único momento en el que los residentes de los territorios tenemos agencia alguna para siquiera pedir opinión sobre lo que nos está pasando. Estamos haciendo ese amicus. Otro caso que seguimos trabajando es el caso de los samoanos en Alaska; seguimos en esa defensa y se incorporarán los argumentos ahora del nuevo caso de Trump v. Barbara a ese caso”, anticipó.
En el caso contra Michael Pese y otros samoanos residentes de Whittier, Alaska, se presentaron cargos por delitos graves relacionados con irregularidades electorales y perjurio. Alegadamente, Pese y familiares votaron en elecciones en Alaska, a pesar de que la ley federal clasifica a las personas nacidas en Samoa Americana como “nacionales de EE.UU.” y no como “ciudadanos estadounidenses”.
Los abogados sostienen que los samoanos siguieron las indicaciones de funcionarios locales para identificarse como “ciudadanos estadounidenses” ante la ausencia de una casilla para “nacionales estadounidenses”.
Pese presentó una moción ante el tribunal del Tercer Distrito Judicial en Anchorage en la que solicitó la desestimación de todos los cargos bajo el argumento de que es ciudadano estadounidense en virtud de la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda.
El 30 de junio el Supremo falló en contra de la intención de la Administración Trump de restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento con base en esa enmienda de la Constitución federal en los casos de hijos de padres indocumentados o con estatus temporal.
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