Más de 200 funcionarios en EE.UU. y P.R. piden al Apelativo de Boston que rechace $3,700 millones a bonistas en caso por la deuda

NUEVA YORK – Bajo el argumento de que conceder la solicitud tendría implicaciones “nefastas” para Puerto Rico, más de 200 funcionarios de Estados Unidos y de la isla liderados por la red Local Progress se opusieron a la nueva apelación presentada por los bonistas en el pleito por la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que busca prioridad de pago de $3,700 millones de dólares.

El pedido, contenido en un escrito de amicus curiae (amigo de la corte), fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston en Massachussetts esta semana.

El argumento de los amigos de la corte es que se garantice que la reestructuración de la deuda pública en el territorio que en estos momentos se concentra en la AEE “no traslade el riesgo de los acreedores a los usuarios de servicios públicos esenciales”.

“En su calidad de congresistas, alcaldes, legisladores estatales y locales, e incluso excontralores de más de 28 estados, la perspectiva de estos ‘amici’ (amigos de la corte) difiere de la de los 13 estados que comparecen como ‘amici’ en apoyo de los apelantes. Dichos estados actúan como emisores de bonos, atentos a los costos de endeudamiento y a las expectativas de los acreedores. Por el contrario, los ‘amici’ de este escrito representan al público que debe abonar las tarifas: los hogares e instituciones que financiarían cualquier recuperación que los tenedores de bonos obtuvieran más allá de sus garantías, dado que nadie más puede hacerlo”, lee parte del escrito sometido por la abogada Zoé C. Negrón Comas.

En el documento de 42 páginas, el grupo argumentó que resultaría potencialmente devastador para PREPA (AEE), su proceso de reestructuración y los consumidores en Puerto Rico la revocación de la decisión del tribunal de distrito que descartó el pago.

“Confirmar dicha decisión no deja a los tenedores de bonos con las manos vacías. Cualquier plan que se adopte contemplará necesariamente el pago íntegro del valor de su reclamación garantizada, una vez que dicho valor haya sido determinado. Lo que los tenedores de bonos corren el riesgo de perder en esta apelación es la mejora de sus condiciones contractuales que habría conferido la prioridad reclamada. Con el fin de evitar argumentos redundantes, los amici presentan dos puntos en apoyo a las partes apeladas: desde una perspectiva jurídica, los tenedores de bonos no pueden invocar el enriquecimiento injusto ni como fundamento independiente de responsabilidad ni como principio de equidad para justificar la prioridad; y la historia y la doctrina contradicen los argumentos sobre el riesgo de mercado expuestos por los estados que actúan como amici en apoyo a las partes apelantes”, reza el argumento de los funcionarios.

Al reclamo de Local Progress, movimiento de funcionarios electos a nivel local que promueve una agenda de justicia racial y económica en todos los niveles del gobierno, se sumaron 203 funcionarios en Puerto Rico y en territorio continental.

Las representantes demócratas de origen boricua Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) y los de Illinois, Jesús “Chuy” García y Delia C. Ramírez, se sumaron al reclamo, así como Greg Casar de Texas. Funcionarios estatales, alcaldes y legisladores municipales de Utah, Texas, Maine, Wisconsin, Nueva Jersey, Indiana, Maryland, Massachusetts, Colorado, Pennsylvania, Connecticut, New Hampshire, Ohio, Tennessee, Iowa, Minnesota, Arkansas, California, Arizona, Virginia, Florida, Washington, Carolina del Norte, Michigan, Oregón y Puerto Rico también firmaron el amicus.

Una de las principales preocupaciones de los suscribientes es que el pedido de los bonistas se traduzca en nuevos aumentos en las tarifas de electricidad que terminarían pagando los hogares y negocios en la isla.

“Presentamos este escrito para ilustrar al Tribunal de Apelaciones sobre el impacto humano de este caso y explicar el contexto en el que se toman las decisiones sobre los gastos en disputa. La decisión del tribunal de distrito es correcta e incluso dicho foro ha expresado que las aspiraciones de pago de los bonistas se alejan de la realidad de Puerto Rico. Una decisión judicial que favorezca esta postura es alarmante para todos porque el pueblo de Puerto Rico no aguanta más aumentos a la luz y porque es necesario que los tribunales federales apoyen procesos de reestructuración de deudas que sean viables para los deudores. En este caso está en juego que más de 3 millones de personas en Puerto Rico puedan tener un sistema eléctrico estable y asequible”, indicó Julio López Varona, portavoz de la Campaña No + Aumentos, mediante un comunicado.

El escrito surgió a raíz de una apelación encabezada por el fondo de cobertura GoldenTree. La entidad apeló una decisión de la jueza de distrito Laura Taylor Swain, quien había desestimado la reclamación de cobro de los bonistas. El grupo alega que la suma debió ser pagada después del Huracán María.
La intención de los funcionarios electos es que el Apelativo confirme la decisión previa de Taylor Swain.

En la disputa, parte central del caso por la quiebra de la Autoridad, los bonistas alegan que la corporación utilizó dicha suma por ingresos netos para fines que no eran los dispuestos.

“Bonistas como Golden Tree llegaron en el 2019 sabiendo que Puerto Rico estaba en un momento crítico luego del huracán María y los terremotos. Esos bonistas ahora exigen que se les paguen $3,700 millones que la AEE utilizó para hacer mejoras al sistema eléctrico. Los bonistas quieren aún más dinero sin importar el impacto que tendrá para nuestra infraestructura energética y el hecho claro de que esto resultará en aumentos a nuestra luz. Tan claro es esto que hasta la Junta ha dicho que no hay manera de pagar más. Estas acciones son insostenibles y amenazan el bienestar de nuestra gente”, planteó López Varona.

El portavoz añadió que la decisión tendría impacto fuera de Puerto Rico.

“Las implicaciones de una decisión positiva hacia los bonistas le quitarían el poder a las municipalidades de invertir dinero en sus comunidades en momentos de emergencia. Esto sería desastroso. Por ello, aplaudimos a estos oficiales electos por levantar la voz por la gente de Puerto Rico y entender las implicaciones que estas acciones tienen más allá del archipiélago”, puntualizó el activista.

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