Administración Trump inicia las expulsiones a Haití tras la cancelación del programa TPS  

El primer vuelo de deportación hacia Haití desde que la Corte Suprema ratificara la facultad del presidente Donald Trump para privar a $350,000 haitianos —y a otras personas— de un tipo clave de estatus legal en EE.UU., aterrizó el jueves en la convulsionada nación.

El vuelo de deportación llevaba a más de 160 ciudadanos haitianos y aterrizó en Cap-Haïtien, la segunda ciudad más grande de Haití, a bordo de un avión chárter del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Se escogió el mencionado punto de llegada porque el principal aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, capital del país, es considerado peligroso. El gobierno de Estados Unidos mantiene una prohibición de vuelos comerciales a la capital hasta inicios de septiembre debido a la violencia de guerrillas.

Los nacionales deportados vestían de blanco y muchos se cubrían el rostro por razones de seguridad mientras la prensa filmaba su llegada. Gran parte de ellos rechazaron hablar con los periodistas, y algunos dijeron que temían ser objetivo de las bandas que controlan alrededor del 70% de Puerto Príncipe y amplias zonas aledañas.

El Departamento de Estado (DOS) emitió una alerta de viaje para los ciudadanos estadounidenses en el nivel de alerta más alto. En su sitio web se apunta lo siguiente: “No viaje a Haití bajo ninguna circunstancia. Los ciudadanos estadounidenses corren riesgos debido a la delincuencia, el terrorismo, los secuestros, los disturbios y la limitada atención médica”.

El mencionado vuelo de deportación fue el primero desde que la administración republicana puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos que viven y trabajan en EE.UU. con esa protección, y se produce luego de que funcionarios del país alertaran a las autoridades haitianas que esperaran un incremento en las deportaciones.

Se cree que el ICE ha hecho ocho vuelos desde EE.UU. a Haití en lo que va de año, incluido un vuelo del 16 de julio con deportados con antecedentes penales, informó The Guardian.

El director general de la Oficina Nacional de Migración de Haití, Jean Négot Bonheur Delva, dijo que en el vuelo también viajaban personas originarias de Chile y República Dominicana, pero fueron enviadas allí por tener un progenitor haitiano.

De acuerdo con lo que se ha informado, a los deportados de Estados Unidos se les dio $76.40 dólares para regresar a casa, una cantidad tan minúscula comparándola con el precio de un billete desde Cap-Haïtien a Puerto Príncipe, la capital de la nación caribeña, pero “suficiente” para atravesar algunas carreteras controladas por bandas criminales.

El fin del TPS para los haitianos se produjo a inicios de agosto, cuando la jueza de distrito de Washington D.C., Ana Reyes, levantó la suspensión de las deportaciones, después de una decisión del Supremo que respaldó los esfuerzos del gobierno de Trump para terminar con el programa.

El TPS, promulgado por el Congreso en 1990, protege en teoría a las personas que ya están en Estados Unidos cuando un desastre natural, una epidemia, un conflicto armado u otra circunstancia extraordinaria y temporal afecta a su país de origen. La administración republicana ha estado limitando protecciones para un país tras otro, y el fallo del Tribunal Supremo da pocas posibilidades de obtener una reparación.

El presidente y director ejecutivo de Global Refuge, Krish O’Mara Vignarajah, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios a inmigrantes, aseguró que era una “contradicción asombrosa” que un gobierno que desaconseja a los estadounidenses viajar a Haití “obligue a cientos de miles de haitianos a vivir en circunstancias tan desesperadas, lo cual constituye una abdicación inconcebible de nuestra responsabilidad moral”.

Asimismo, los críticos dicen que se pasan por alto las contribuciones que los ciudadanos haitianos amparados por el TPS hacen a EE.UU. “Trabajamos duro, pagamos nuestros impuestos, contribuimos a nuestras comunidades y somos una parte fundamental del motor que mantiene en marcha la fuerza laboral estadounidense en muchos sectores esenciales”, redactó Josiane Valsaint, una haitiana con TPS. “Merecemos quedarnos aquí, con nuestras familias y seres queridos”.

Pero en medio de la represión del gobierno de Donald Trump contra la inmigración, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, declaró a inicios de mes: “Estas personas pueden deportarse voluntariamente o las arrestaremos y las enviaremos de regreso. Es así de simple”.

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