Alcaldía busca ampliar las demandas contra empresas por prácticas injustas: qué cambiaría con la Ley POWER
La propuesta permitiría demandar a empresas por prácticas injustas y daría nuevas herramientas a trabajadores, inquilinos y consumidores
La nueva ley podría hacerle frente a la política de precios dinámicos. Crédito: Shutterstock
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este martes una nueva iniciativa que busca modificar de manera significativa la forma en que trabajadores, consumidores, inquilinos y pequeños negocios pueden enfrentar prácticas empresariales consideradas injustas o abusivas.
Se trata de la Ley POWER (People and Organizations Winning Economic Relief), una propuesta que la administración municipal presentó como un intento de ampliar las vías legales disponibles para los neoyorquinos que sufran perjuicios económicos. El proyecto será presentado formalmente ante el Concejo Municipal durante su reunión del 8 de octubre.
La legislación será patrocinada por el presidente del Comité de Protección al Consumidor y al Trabajador del Concejo, Harvey Epstein. Uno de sus principales cambios sería crear un derecho privado de acción municipal, de modo que determinadas personas y organizaciones puedan acudir directamente a los tribunales para reclamar por conductas que actualmente no les permiten iniciar una demanda bajo las leyes locales.
¿Qué cambiaría para los neoyorquinos?
La propuesta busca cerrar una brecha que, según la administración, existe en las actuales normas de protección al consumidor. Actualmente, las personas pueden demandar por determinadas prácticas engañosas, pero tienen menos herramientas cuando enfrentan conductas injustas o abusivas.
Con la Ley POWER, trabajadores, inquilinos, pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro podrían presentar demandas por una gama más amplia de prácticas comerciales. Entre los ejemplos mencionados por la ciudad aparece el cobro excesivo de renta y otras conductas que perjudican económicamente a los consumidores o negocios.
El alcance también incluiría situaciones específicas que afectan a distintos sectores. Los sindicatos de inquilinos podrían demandar a propietarios por prácticas comerciales engañosas y buscar la recuperación de depósitos de garantía retenidos de manera indebida.
Para los taxistas, la iniciativa abriría la puerta a presentar demandas contra compañías financieras por condiciones de préstamo consideradas inadmisibles. Los consumidores perjudicados por escuelas con fines de lucro señaladas por prácticas depredadoras también podrían buscar alivio relacionado con sus préstamos.
Además, las organizaciones sin fines de lucro tendrían la posibilidad de presentar reclamaciones en nombre propio, de sus integrantes y del público al que representan.
La iniciativa llega después de una serie de medidas impulsadas por la administración Mamdani en materia de protección laboral y del consumidor. En septiembre, la ciudad anunció un acuerdo de $131.5 millones de dólares con DoorDash, que incluye más de $115 millones destinados directamente a trabajadores de reparto y beneficios para más de 260,000 empleados afectados por infracciones laborales.
También habrá cambios en las reglas de precios
La Ley POWER no será la única propuesta que Mamdani llevará al Concejo. El alcalde también impulsará la llamada Ley de Veracidad en los Precios, diseñada para simplificar las normas que determinan cómo deben exhibir los comercios los precios de sus productos.
Actualmente, los requisitos pueden variar dependiendo del tamaño del establecimiento y del tipo de artículo que vende. La nueva legislación permitiría a los comerciantes escoger entre colocar el precio directamente sobre el producto o mostrarlo en el estante.
La administración sostiene que el cambio reduciría costos de cumplimiento para los negocios sin eliminar la obligación de ofrecer precios claros y cobrar correctamente a los clientes.
También se presentará una enmienda a la Ley de Protección al Consumidor de la ciudad. El objetivo es eliminar un extenso proceso previo de elaboración de normas que actualmente limita la capacidad del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) para actuar contra determinadas prácticas comerciales.
Con la modificación, el organismo podría responder con mayor rapidez ante conductas consideradas graves, al tiempo que la legislación municipal quedaría más alineada con las protecciones estatales y federales.
Una apuesta por ampliar las herramientas legales
Para Mamdani, el punto central de la Ley POWER es cambiar quién tiene capacidad para acudir a los tribunales cuando una empresa cruza determinados límites. La propuesta pretende que los propios afectados y las organizaciones que los representan tengan un papel más directo en la defensa de sus derechos.
El comisionado del DCWP, Samuel A.A. Levine, quien ocupa el cargo desde enero de 2026, ha encabezado varias de las iniciativas de la administración relacionadas con consumidores y trabajadores. Antes de llegar al gobierno municipal, dirigió la Oficina de Protección al Consumidor de la Comisión Federal de Comercio entre 2021 y 2025.
Si avanza, la Ley POWER podría convertirse en una herramienta adicional para neoyorquinos que hoy dependen principalmente de las agencias gubernamentales para denunciar determinadas prácticas. El debate, a partir de entonces, estará en definir hasta dónde llegará ese nuevo derecho de acción y cómo se aplicará en los tribunales de la ciudad.
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