Avaricia corporativa a costa de inmigrantes

La demanda colectiva de reclusos en una prisión privada de inmigración muestra cómo la industria del encierro humano se beneficia explotando a los detenidos. Esta es una práctica deplorable que está prohibida en una prisión común

El juez federal John Kane elevó esta semana de nueve a entre los 50,000 ó 60,000 que están alojados bajo el sistema detención de indocumentados operado por compañías privadas como es en este caso el Grupo GEO. Existe una diferencia entre quienes están enclaustrados esperando la deportación y los que cumplen una condena por un delito.

El caso asevera que los detenidos fueron obligados a hacer “trabajos forzados” de limpieza general de la instalación a cambio de un dolar y prebendas como “un helado o mirar una película”. Ellos piden daños y perjuicios porque aseguran que la empresa se enriquecía a su costo.

El Grupo GEO dice que ellos voluntariamente esa labor, los demandantes aseguran que si no cumplían eran castigados, incluso con el encierro solitario.

Esta acusación de maltrato no es nueva.

El reporte “Warehoused and Forgotten: Immigrants Trapped in our Shadow Private Prison System” publicado en junio 2014 por el Unión Americana de Libertades Civiles da un detallado recuento de cómo las empresas presidiarias sacan ventaja del hecho que no están bajo supervisión de la Oficina federal de Prisiones (BOP).

La ausencia de un mínimo de regulación más el incentivo económico es una combinación terrible. Esto permite una sobrepoblación de detenidos y el uso de castigos, como la celda de aislamiento, de una manera que sería inaceptable en una prisión común.

Los centros de detención de inmigrantes son un buen negocio. Los contratos con el gobierno le garantizan un mínimo de detenidos, son instituciones de baja seguridad con un bajo costo de guardias.

En el caso específico de la demanda judicial en el centro de Aurora, Colorado, se asegura que hay una sola persona de limpieza para un instalación de 1,500 detenidos. Los detenidos son responsables de la limpieza de su área personal, pero no de las instalaciones y de otras labores que se les exigía hacer.

Este es un caso de avaricia corporativa aprovechándose de gente vulnerable, que no tiene quien la proteja. Esperamos que la demanda sea una señal para detener el abuso de parte de la industria y el inicio de justicia para estos inmigrantes detenidos.

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