El equivocado plan inmigración de Gingrinch

La semana pasada reconocimos el valor de Newt Gingrinch al traer algo de sentido común a la falsa y peligrosa narrativa que los republicanos han creado en torno a la inmigración y los inmigrantes.

Gingrich es el único en la contienda por la nominación presidencial republicana en declarar que tratar de expulsar a los 12 millones de indocumentados que ya viven en los Estados Unidos sería costoso e injusto –una posición que va en contra de postura de los conservadores frente a la inmigración. Gingrinch propone que a las personas que viven aquí por más de un cuarto de siglo y han mostrado buen comportamiento se les debe permitir convertirse en residentes legales.

Eso suena muy bien, pero el problema está en los detalles.

Gingrich pedirá a los inmigrantes que han estado en el país sin estatus legal por 25 años ó más pasar por un proceso de revisión administrado por el Departamento de Justicia. Establecerá un comité comunitario para que se encargue de revisar los casos individuales y determinar si una persona debe quedarse o regresar a su país. El solicitante deberá demostrar fuertes lazos con la comunidad, tener hijos, no tener antecedentes penales, no usar beneficios públicos, tomar un examen de inglés, y pagar una multa de al menos $5,000. Si a la persona se le permite el ajuste de estatus, bajo ninguna circunstancia este nuevo residente legal podrá obtener la ciudadanía.

Tenemos algunos problemas con este plan.

El requisito de 25 años es un plazo arbitrario que socava el propósito del mismo –que busca, supuestamente, mantener a las familias inmigrantes unidas. ¿Qué pasa con la madre indocumentada de tres hijos que ha estado en el país durante 18 años? ¿O un estudiante o trabajador, con sus hermanos en el país, pero sin hijos, que vive aquí desde hace 15 años?

La idea de revisar casos individuales suena onerosa e ineficiente. El plan espera que millones de indocumentados se presenten ante la ley para acceder a un permiso temporal de estadía legal mientras esperan que sus casos sean escuchados por uno de estos comités. Incluso si la mitad de los indocumentados elegibles decidieran tomar el riesgo de aplicar, este proceso continuo de revisión promete ser costoso y lento.

La contratación de trabajadores para revisar millones de casos sería costosa y tardaría años en completarse.

La negación de la ciudadanía plantea preguntas sobre derechos civiles y y genera sospechas políticas en torno a la privación de derechos electorales.

Históricamente, Estados Unidos ha prohibido a los residentes permanentes participar en las elecciones federales, en parte porque la obtención del derecho a votar les motiva a convertirse en ciudadanos. ¿Por qué la ley debe ser diferente para este nuevo grupo de constituyentes que ya viven aquí durante tanto tiempo y han cumplido con su carga tributaria?

No hay absolutamente ninguna razón para crear una segunda clase de residentes. En cambio, el plan huele a una agenda política para bloquear a potenciales votantes –muchos de ellos latinos con bajos salarios que viven en estados republicanos, pero son proclives a votar por los demócratas.

Por último, Gingrinch –al igual que sus colegas en esta contienda– sigue el juego a los votantes conservadores alimentando la falsa idea de que Estados Unidos puede controlar la inmigración ilegal reforzando la frontera con México. La realidad es que, por estadísticas oficiales, el 45% de los indocumentados entraron al país legalmente y se quedaron al vencer sus visas. El lugar para controlar la inmigración ilegal es el sitio de trabajo. Pero reconocer eso implicaría admitir que muchas empresas en industrias de bajos salarios –como hoteles, restaurantes, hogares de ancianos y empacadoras de carne– funcionan con trabajadores extranjeros dispuestos a hacer estos trabajos que el estadounidense promedio, incluso en plena recesión, no haría.

Todo el mundo quiere un sistema de inmigración más eficiente; ya sea más tarde o más temprano. Esto significa la legalización de trabajadores indocumentados y revaluar nuestras estrategias para hacer cumplir las leyes.

El plan de Gingrinch muestra un profundo desconocimiento de nuestro complejo problema de inmigración y no va a funcionar. Sustituir una reforma migratoria integral con soluciones parche sólo creará más demoras y divisiones.

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