Sessions pide quitar ciudadanía a cuatro hispanos condenados de abuso sexual de menores

WASHINGTON— El Departamento de Justicia, liderado por Jeff Sessions, ha entablado sendas demandas para retirar la ciudadanía estadounidense a cinco inmigrantes, cuatro de ellos latinos, porque presuntamente ocultaron su abuso sexual de menores en los trámites migratorios.

Si prosperan las demandas civiles a favor del gobierno, los cinco inmigrantes no sólo perderían la ciudadanía, sino que podrían ser sometidos a un proceso de deportación por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las demandas fueron presentadas ayer en tribunales federales en Florida, Illinois, y Texas, y los jueces tendrán que determinar si hubo o no fraude migratorio.

“El cometer fraude en cualquier asunto migratorio mina la integridad de nuestro sistema de inmigración, y es una traición de la generosidad del pueblo estadounidense. Es algo especialmente abominable cuando implica el abuso sexual de niños”, dijo Sessions en un comunicado.

Sessions, que le ha declarado la guerra a los “inmigrantes criminales”, dijo confiar en que su agencia logrará “justicia” en estos casos.

Asimismo, prometió que su agencia continuará su lucha por privar de la ciudadanía a toda persona que cometa fraude, y para proteger a los estadounidenses de abusadores sexuales.

A juzgar por sus declaraciones, el gobierno seguirá “peinando” las centenares de miles de solicitudes de ciudadanía y las bases de datos de tribunales criminales en busca de casos de fraude semejantes, si bien eso requiere millonarios recursos.

Según los documentos judiciales, los cinco inmigrantes, tres de México, uno Colombia y otro de Nigeria, abusaron sexualmente de menores antes de su naturalización, por lo que no debieron siquiera solicitar la ciudadanía porque no eran elegibles. Debido a que hicieron declaraciones falsas, ahora están sujetos a la “desnaturalización”.

Jorge Luis Alvarado, un mexicano de 56 años, obtuvo la ciudadanía en marzo de 2000, y poco antes de solicitarla tuvo “contacto sexual ilegal” con una joven de 16 años. Alvarado se declaró culpable de abuso de una menor, un delito grave en segundo grado, en un tribunal estatal de Texas en marzo de 2007, que lo obligó a registrarse en la lista de abusadores sexuales.

Alberto Mario Beleno, un colombiano de 64 años, se hizo ciudadano en febrero de 2001, pero antes de eso abusó de una menor de seis años.  Ese mismo año, después de conseguir la ciudadanía, Beleno se declaró culpable en un tribunal de Florida por abuso sexual de una menor en 1993 y 1994, y también está incluido en una lista de depredadores sexuales.

Los mexicanos Eleazar Corral Valenzuela, de 49 años, y Moisés Herrera González, de 55 años, también habían abusado sexualmente de menores y mintieron en sus trámites, pero se declararon culpables en sendos tribunales en Illinois y Texas, después de obtener la ciudadanía.

Herrera González, por ejemplo, se declaró culpable del abuso sexual y daños físicos a una menor de 6 años. En julio de 2002 fue sentenciado a cinco años de prisión, y ahora reside en Arlington (Texas).

El nigeriano, Emmanuel Olugbenga Omopariola, de 60 años, obtuvo la ciudadanía en julio de 2004, pero un año antes había violado a una niña de siete años. Se declaró culpable del crimen en un tribunal de Texas en 2015.

Las demandas contra los cinco son producto de una investigación del DHS, en particular de las oficinas de Inmigración y Aduanas (ICE), de Aduanas y Control de Fronteras (CBP), y de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

La secretaria interina del DHS, Elaine Duke, elogió la labor de sus agentes por sacar de las calles a “criminales peligrosos”, y apoyó los esfuerzos por retirar la ciudadanía a quienes la consiguen fraudulentamente al ocultar crímenes, especialmente el abuso sexual de menores.

Aunque el gobierno no puede revocar la ciudadanía obtenida por nacimiento, el “Acta de Inmigración y Nacionalidad” (INA) permite que los inmigrantes la pierdan mediante el denominado proceso de “desnaturalización” por orden de una corte federal y bajo ciertas circunstancias limitadas.

El delito de mentir

Bajo esa ley, las autoridades pueden revocar la ciudadanía y cancelar el certificado de naturalización si comprueban que los extranjeros la obtuvieron ilegalmente -porque no eran elegibles-, deliberadamente ocultaron datos clave sobre su historial, o hicieron declaraciones falsas.

Así, si un extranjero mintió en sus trámites sobre su participación en genocidios u actos subversivos, o su pertenencia a grupos terroristas como Al Qaeda, o al Partido Comunista o el Partido Nazi,  puede perder la ciudadanía al ser descubierto.

Según un documento judicial de julio pasado, hay dos formas de revocar la ciudadanía de un extranjero: a través de una demanda civil bajo el “código penal 8, sección1451” –como las que entabló USDOJ ayer-, o después de que el inmigrante ha recibido una condena criminal por fraude migratorio, bajo el “código penal 18, sección 1425”.

La gran diferencia es que bajo el “código penal 18”, el gobierno tiene que probar que hubo crimen “más allá de la duda razonable”, y el acusado reserva todos sus derechos constitucionales al debido proceso –incluyendo su derecho a no dar testimonio en una corte-, que no los tiene en una demanda civil.

Es decir, USDOJ optó por la demanda civil porque es relativamente más fácil conseguir una condena mediante el “código penal 8”. En cualquiera de los dos casos, la “desnaturalización” requiere una orden judicial.

Por lo demás, el gobierno federal puede revocar los demás beneficios migratorios a través de procedimientos administrativos.