Afirman que gobierno de Trump pretende eliminar a minorías e inmigrantes del Censo 2020

Antes que su gobierno anunciara  la intención de preguntar la ciudadanía de todos los que llenen el formulario del Censo de Población de 2020, la campaña de reelección del presidente Donald Trump ya le había preguntado a sus seguidores si querían que esto se  hiciera.

El lunes de la semana pasada, la campaña de Trump envió a su lista de seguidores un email con la pregunta: ¿Quiere usted que el próximo Censo pregunte a la gente si son ciudadanos?

Esta no es la forma en que se han hecho las decisiones sobre el Censo desde el nacimiento de la nación, dijo Arturo Vargas, director ejecutivo de NALEO, organización no partidista que promueve el voto y la representación latina a todos los niveles de gobierno.

“Yo he tratado de entender el por qué de esa decisión”, dijo Vargas. “El gobierno federal tiene la responsabilidad de asegurar que el censo haga un conteo preciso de la población y del país”.

El email enviado a sus seguidores y la falta de estudio sobre añadir la pregunta de ciudadanía -cuando cada pregunta del Censo normalmente se testea y analiza por años antes de decidirse- solo conllevan a una explicación, dijo Vargas.

“Es un motivo partidista y político”, dijo. “Creo que quienes no gustan de la comunidad latina, que va a ser la más afectada, quieren que desaparezca. Y si el Censo no nos cuenta, desaparecemos del sistema político”.

California y Nueva York van a las cortes

Ha sido una tradición desde el nacimiento de los Estados Unidos que el Censo de población que se realiza cada diez años cuenta absolutamente a todas las personas que viven dentro del territorio, sin importar su estatus migratorio.

Del conteo que se hace cada diez años con el cambio de década (1990, 2000, 2010 y el próximo, 2020), depende la enumeración correcta de cuántas personas viven en el país, cuántas en cada estado y, por tanto, cómo deben distribuirse los recursos federales así como los distritos electorales.

El gobierno de Donald Trump ha propuesto una medida que, según numerosos expertos, rompería con esta tradición al preguntar a todos los que llenen el cuestionario de población cuál es su ciudadanía.

El resultado, según los expertos, es que esta pregunta causaría temor en las comunidades inmigrantes, que no llenarían el cuestionario, causando un subconteo y menos recursos federales y de representación política para la comunidad latina.

Mucha de la comunidad inmigrante vive en familias mixtas, en las que puede haber indocumentados, residentes o ciudadanos. Si un padre indocumentado no llena el Censo, su hijo ciudadano tampoco recibe un espacio en la escuela ni el estado en el que viven, los fondos para carreteras, por ejemplo.

Para los procuradores de California y Nueva York, que este martes anunciaron la presentación de sendas demandas contra el gobierno federal, la propuesta es simplemente ilegal e inconstitucional.

“La constitución dice que el Censo debe enumerar a la población, estas mismas palabras están en la constitución. No dice ciudadanos. Y desde 1790, el Censo estadounidense ha contado a ciudadanos y no ciudadanos”, dijo este martes el procurador de California Xavier Becerra.

California y Nueva York, dos de los estados con una mayor comunidad inmigrante, tenían listas sus demandas legales sobre la decisión que ya se veía venir, desde que la Secretaría de Justicia solicitó que se añadiera esta pregunta al censo hace varios meses.

El lunes, a altas horas de la noche, el Secretario de Comercio Wilber Ross anunció por medio de un memorando la decisión de incluir la pregunta para, presuntamente, preservar “el Acta de Derecho del Voto”.

California presentó su demanda cinco horas después del anuncio, y Nueva York  lo hizo a continuación.

El secretario de estado de California, Alex Padilla, dijo que el anuncio ignora los propios protocolos del departamento de comercio y décadas de política bipartidista, en las que presidentes y gobierno tanto demócratas como republicanos estuvieron de acuerdo en que la pregunta no debía hacerse en el conteo decenal.

“Es risible que acudan a la excusa de proteger los derechos del voto cuando ya sabemos cuál es su record deplorable en ese asunto”, dijo Padilla. “Este gobierno nombró a una comisión contra el fraude electoral que luego tuvo que ser desarticulada porque era una total farsa”.

Vargas, de NALEO, indicó que la comunidad debe saber que muchos organismos y políticos lucharán contra esta decisión en las cortes y ante el congreso.

“Es una decisión que ha sido tomada ciegamente, sin valorar el impacto en el índice de respuestas al cuestionario y el secretario no ofreció ninguna evidencia que demuestre que la pregunta es necesaria”, dijo Vargas. “Esto aumentará el costo del Censo y disminuirá su exactitud”.

Oleada de reacciones negativas

Tras anunciarse que el gobierno de Donald Trump incluirá una pregunta sobre ciudadanía al Censo Decenal de 2020, numerosas voces a lo largo y ancho del país calificaron su decisión como “puramente política” y anticiparon que millones de familias inmigrantes evitarán participar.

Dale Ho, director del Proyecto de Derechos del Voto de la ACLU dijo que por algo cinco ex directores del censo, en gobiernos republicanos y demócratas, se han opuesto a esta decisión.

Thomas Saenz, presidente y abogado general de la Fundación Mexicoamericana para la Defensa Legal y Educación (MALDEF),  dijo que emprendería también un ataque legal contra la decisión y además, llamó a la renuncia del secretario de comercio Wilbur Ross, cuyo departamento administra el Censo.

“Gobiernos de ambos partidos se han negado por décadas a politizar este mandato sagrado de la constitución y han optado por el uso de métodos científicos”, dijo Saenz. “Wilbur Ross debe renunciar”.

Sarah Huckebee, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo durante su intervención diaria ante la pregunta que la pregunta “se había hecho antes y solo se eliminó en 2010”.

Los expertos señalaron que la pregunta de ciudadanía se hace en el sondeo comunitario que se realiza en años fuera del censo decenal, pero no en este, ya que el mismo se utiliza para determinar los recursos públicos que necesita cada estado y la formación de distritos electorales que definen, por ejemplo, cuantos congresistas tiene cada estado.

Objetivo: hacer invisible a la comunidad latina

Al anunciar una decisión que ningún gobierno demócrata o republicano llevó a cabo anteriormente, el gobierno de Donald Trump no sólo está politizando un proceso que debería estar más allá de partidismos, sino que está atacando directamente a la comunidad latina e inmigrante, dijeron varios observadores.

Una pregunta sobre ciudadanía en un ambiente de temor en la comunidad inmigrante y las muchas familias de estatus mixto que existen en el país, podría llevar a un Censo menos exacto, en el que falten por contar muchas personas, perjudicando a las regiones del país con mayor población inmigrante.

“El objetivo es que las familias con personas indocumentadas y familias mixtas no participen, por lo que esas comunidades recibirán menos recursos federales y menos distritos para el Congreso, y de esa manera dibujar más distritos para los republicanos”, dijo Cristóbal Alex, presidente del Proyecto Latino Victory y comité político que promueve a candidatos latinos.

Un Censo menos exacto, en el que estados con mayor población inmigrante reflejen un conteo menor del correcto, tiene un efecto en la vida real de las personas, al ser utilizado para enviar menos recursos federales de todo tipo a los estados.

La representación política también se vería afectada, dijo Arturo Vargas, director ejecutivo de NALEO.

“El uso primario del censo decenal es el prorateo de los distritos de la cámara de representantes, y en base a esos números se destina el número de escaños en el congreso según la población de cada estado”, dijo Vargas. “En California tenemos 53 congresistas y si el conteo no es completo, el estado podría perder representantes”.

Pero en el cálculo político, la decisión del gobierno de Trump parece tener también un efecto no deseado, que se refleja también en estados como Texas, Florida y una decena de estados tradicionalmente republicanos, que han tenido un gran crecimiento latino.

“De los diez estados con mayor porcentaje de crecimiento de la población inmigrante entre 2010 y 2016, ocho de ellos votaron por Trump en las elecciones de 2016”, dijo el National Immigration Forum. “Hablamos de North Dakota, West Virginia, South Dakota, Delaware, Nebraska, Minnesota, Wyoming, Pennsylvania, Alaska e Indiana”.

Cuando las comunidades inmigrantes en esos estados sientan que no pueden participar en el Censo al no querer compartir su estatus migratorio con el gobierno de Trump “no solo ellos pierden sino todo el estado”, dijo Ali Noorani, director del NIF. “Los que van a perder con esto son ciudadanos que votaron por Trump.

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