Cuarto litigio contra el Censo por añadir pregunta de ciudadanía para 2020

La decisión del gobierno de Donald Trump y su Secretario de Comercio de preguntar la ciudadanía de las personas en el Censo del año 2020 ha generado una avalancha de demandas legales, incluyendo una presentada este martes por la ciudad de San José y una organización de derechos civiles.

Este es el cuarto litigio emprendido contra la decisión, que unida a un ambiente anti inmigrante y anti minorías, amenaza con provocar un alto abstencionismo en las respuestas al conteo de población que se realiza cada diez años.

Los resultados del Censo se utilizan durante la siguiente década para distribuir fondos federales y crear los distritos electorales que marcan los puestos en el Congreso, por lo que su precisión es importante para que cada localidad reciba fondos y representación.

“Desde 1950 no se hacía esta pregunta en el Censo Decenal, y por una buena razón”, dijo Kristen Clarke, presidenta del Comité de Abogados por los Derechos Civiles, que representa a los demandantes. “La razón es que este tipo de preguntas deprime la participación de las minorías y ese riesgo es más pronunciado en este ambiente político”.

La ciudad de San José, en el norte de California y la organización Black Alliance for Just Immigration son los demandantes en este último caso.

Esta es la primera demanda sobre este tema presentada por una organización de derechos civiles.  Anteriormente demandaron el estado de California, otros 17 procuradores estatales de estados demócratas y la Fundación Nacional para la Distribución de Distritos Electorales, en nombre de residentes de Maryland y Arizona.

El alcalde de San José, Sam Liccardo, dijo que su ciudad inició este litigio porque tienen mucho que perder si el Censo no se realiza con exactitud y no hay un cálculo preciso de todas las personas que viven en su ciudad.

“San José es una ciudad multicultural de las más exitosas”, dijo Liccardo. “Un 40% de nuestra población nación en el extranjero, tenemos alrededor de 170,000 indocumentados, un nivel muy bajo de delincuencia y 40% de nuestra gente tiene un diploma universitario”.

Indicó que su municipalidad y el condado de Santa Clara han invertido dinero y esfuerzo, usando la tecnología disponible para identificar sectores de la población a los que el Censo no llega con facilidad.

“Hemos aprendido por experiencia que no contar a toda nuestra gente va en detrimento de nuestra ciudad”, dijo Liccardo. “En 2010 perdimos 200 millones en fondos federales gracias a que el Censo no llegó a 7% de nuestra población”.

La demanda pide al tribunal una orden que prohíba el uso de la pregunta de ciudadanía.

Clarke, por su parte, dijo que el argumento del gobierno de Trump en torno al uso de la pregunta no es creíble.  El Secretario de Comercio Wilber Ross dijo que la pregunta servirá para “defender los derechos del voto”.

“Los casos en los que el gobierno federal defiende el derecho al voto de las minorías se han paralizado con este gobierno”, dijo la abogada. “Sabemos que la intención detrás de esta decisión es la de usar el Censo para cambiar el resultado y tener menos minorías en los distritos electorales para la próxima década”.