Senadoras y activistas presionan a fiscal Jeff Sessions por plan sobre marihuana
Representantes neoyoquinas alarman sobre impacto negativo a jóvenes hispanos y de raza negra
De los 30,000 arrestos por posesión de marihuana en NYC en el 2013, el 86% fueron afroamericanos y latinos Crédito: Getty
La senadora federal Kirsten Gillibrand y estatal Liz Krueger se unieron para exigir que el fiscal general Jeff Sessions se reúna con neoyorquinos cuyas vidas han sido trastornadas por la fallida guerra contra la marihuana.
Gillibrand pidió a Sessions que revocara la directiva del Departamento de Justicia (DOJ) que faculta el enjuiciamiento de ofensas no violentas de posesión de marihuana de bajo nivel, que afectan de manera desproporcionada a las comunidades negras en Nueva York y en todo el país.
Durante su tiempo como Fiscal General, Sessions ha revivido las políticas fallidas de la Guerra contra las Drogas que han sido responsables de décadas de injusticia, consideró Gillibrand en un comunicado.
“Nuestro sistema de justicia no está protegiendo a demasiados hombres y mujeres de raza negra, y la realidad es que mi hijo de 14 años probablemente sería tratado de manera muy diferente a uno de sus pares negros o latinos si lo atraparan con marihuana,“, externó la senadora Gillibrand.
Consideró que el Departamento de Justicia malgastan sus recursos persiguiendo a personas por posesión de marihuana, pero esa política no está haciendo los barrios más seguros.
Es hora de que Estados Unidos legalice la posesión de marihuana, “e insto a todos los neoyorquinos a levantar sus voces y unirse a mí en esta lucha para arreglar nuestro sistema de justicia”, consideró.
La senadora Krieger insistió en que las familias hispanas y de afroamericanos son las más impactadas por esta política de persecusión del gobierno federal.
“La aplicación muy racializada ha significado que las comunidades afroamericanas y latinas hayan soportado el peso de esta política equivocada, con jóvenes encerrados y sin trabajo, viviendas y educación”, lamentó Krueger.
Activistas como Anthony Posada, abogado Supervisor de la Unidad de Justicia Comunitaria en The Legal Aid Society; Chris Alexander, coordinador de políticas de Nueva York para Drug Policy Alliance; Justine Olderman, directora ejecutiva de The Bronx Defenders; Juan Cartagena, presidente y asesor general de LatinoJustice PRLDEF; Joyce McMillan, directora de Programación y Defensa de Padres en Proyecto de Organización de Bienestar Infantil y Alisa Wellek, directora ejecutiva del Proyecto de Defensa de Inmigrantes se sumaron a la presión contra el DOJ.
