La rapiña al final del gobierno o el Año de Hidalgo en México

MEXICO – Antes de entregar las cuentas a la siguiente administración, antes de que se supiera quién ganaría la carrera presidencial para gobernar los próximos seis años, los directivos  del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que atiende a 55 millones de mexicanos, otorgaron licitaciones por 25 años a alrededor de 1,500 millones de dólares a empresas médicas privadas.

Contratos de este tipo al final de cada sexenio han sido durante décadas una de las denuncias más frecuentes en el combate a la corrupción porque generalmente las partes involucradas perdedoras no hacen pública su inconformidad en los casos en que existan sobornos a los funcionarios

Esto es en la mitad de los casos, según la encuesta Fraude y Corrupción de la consultora KPMG.

“El problema es que sólo tienen dos opciones: denunciar al oficial corrupto que los dejo fuera de la licitación,  que la denuncia no prospere (en México el 98% de los delitos no llega a una sentencia) y quedar en una lista negra para todo el sexenio o callarte y esperar mejores tiempos”, advirtió María Amparo Cazar, analista del Instituto Mexicano para la Competitividad.

De acuerdo con el portal de Transparencia del Gobierno Federal, a cuatro meses de que culmine el sexenio de Enrique Peña, Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió 156 licitaciones para contratos durante este año, muchos de los cuales trascenderán hasta la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Una de las formas más comunes de, fraudes, robos y desfalcos de dinero público se hace al fin de cada periodo de gobierno, sea municipal, estatal o federal, en ayuntamientos, secretarías o congresos y popularmente se conoce como el “Año de Hidalgo” que en el argot burocrático quiere decir “chingue su madre el que deje algo”.

Las vías son múltiples y limitadas sólo por la imaginación, pero entre las más comunes están los contratos (de servicios u obra pública), el cobro de sobornos por permitir actos ilícitos –de delitos mayores como tráfico de drogas, trata, tráfico de personas a otros delitos menores como tolerancia al ambulantaje o las “mordidas” de tránsito o el endeudamiento e impago a proveedores para desvío de recursos.

En el estado de Morelos (centro), algunos diputados se autorizaron una jubilación como si hubieran trabajado 30 años en el congreso cuando, en realidad trabajaron sólo tres años de legislatura, según denuncias públicas divulgadas en la prensa local.

La rapiña en la administración pública de todo el país llegó a tal punto que el vocero del Arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, hizo un llamado a las nuevas autoridades electas a denunciar cualquier “situación anómala” que se presente en la transición de gobierno para evitar el Año de Hidalgo.

“Algunos servidores públicos, cuando ya han perdido la posibilidad de seguir en el cargo, pueden caer en la tentación de aprovecharse lo más que se pueda, pero precisamente en la transición, es decir los que vengan después de ellos, las personas que resultaron electas, van a poder tener acceso a información financiera sobre la situación que guarda, por ejemplo un ayuntamiento”.

Entre las causas principales que permiten el Año de Hidalgo a pesar de los múltiples instancias de transparencia que existen en México es la falta de denuncia y de justicia, es decir la impunidad.

En los últimos meses, el regidor de Desarrollo Social en Cuautlancingo, Puebla Édgar  Hernández, pidió al Congreso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado (ASE) revisar de manera estricta y minuciosa el manejo del recursos otorgados entre 2014 y 2015 porque el alcalde Félix Casiano Tlahque abandonó la alcaldía sin aclarar las observaciones por más de 270 millones de pesos que hizo la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Y nadie más dijo nada posteriormente.