Organizaciones de mujeres de NY temen desaparecer si no renuevan ley VAWA
Ayudan a inmigrantes víctimas de violencia doméstica que serían las más afectadas si se ven obligadas a cerrar
A solo días de que expire oficialmente la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA) el próximo 30 de septiembre, en los pasillos de SEPA Mujer, una organización que brinda ayuda a víctimas de violencia doméstica en Long Island, se respira gran preocupación porque de no reautorizarse la legislación podría verse obligada a cerrar sus puertas.
Y aunque las esperanzas no se han perdido, sobre todo ahora que se aprobó una medida provisional para que sigan fluyendo los fondos hasta por lo menos el 7 de diciembre, los activistas saben que el futuro es incierto para muchas organizaciones como esta y las miles de mujeres inmigrantes sobrevivientes que atienden.
Los pasillos de SEPA Mujer hacen parte de una edificación histórica en Patchogue, una comunidad suburbana ubicada a dos horas de la ciudad de Nueva York, que ha visto el asentamiento de miles de inmigrantes en los últimos años, especialmente centroamericanos que llegan huyendo de la violencia de pandillas en sus países de origen.
De lado a lado se encuentran señales en español que guían a los cientos de clientes hispanos que han llegado tocando la puerta en busca de ayuda, muchos de ellos indocumentados, como Lola, una ecuatoriana que lleva más de dos años tratando de encontrar un alivio migratorio. Sin embargo, su caso no solo está en manos de los oficiales de inmigración, también lo está en las decisiones del Congreso federal, que aún no ha logrado reautorizar a largo plazo esta ley, de la que dependen millones de víctimas como ella.

De acabarse VAWA, que dirige la respuesta nacional a los delitos de violencia doméstica, agresión sexual, violencia entre parejas y acoso, no solo sufriría la comunidad inmigrante, también lo harían organizaciones como SEPA, que dependen, en gran parte, de fondos federales que reciben como producto de esta legislación.
Para Lola, ésta es su única esperanza. Ella encontró refugio en esta organización, luego de ser atacada en varias oportunidades por su expareja, quien intentó apuñalarla en medio de una discusión a medianoche. Ella, junto a su hija de ocho años, vive con el miedo de ser asesinada por su agresor. Su única seguridad está en una orden de alejamiento que también está próxima a vencerse.
“Yo no tenía pensando quedarme aquí, pero ahora tengo a mi hija y estoy huyendo de este hombre. Mi pensamiento antes de conocerlo siempre fue regresar a Ecuador“, dijo Lola, quien pidió cambiar su nombre por motivos de seguridad. “Cuando nació mi hija los pensamientos cambiaron y ya con tres hijos allá, más la pequeña, sería muy difícil mantenerlos estando sola”.
Cristina Cerón, abogada de SEPA con más de 120 casos pendientes y apoderada del caso de Lola, aseguró que el suyo es una muestra fehaciente de la necesidad de reautorizar la ley.

“Esta ley es muy importante para nosotros y nuestra comunidad porque yo veo a VAWA como una sombrilla y bajo ella existen otros remedios como el mismo VAWA, que protege a parejas de ciudadanos americanos o residentes, y también otros remedios que han nacido como la Visa U, para víctimas de crímenes, o Visa T para quienes han sido víctimas de tráfico humano“, explicó Cerón. “Cuando el gobierno amenaza con que se va a acabar VAWA, en realidad es una amenaza de que va a terminar todo”.
Para Cerón, cualquier cambio en la legislación podría impactar el trabajo, tanto de su organización, como el de otras docenas más en Nueva York. La preocupación llega tras la decisión del fiscal general Jeff Sessions, quien en junio pasado anunció un cambio en los motivos para aplicar al asilo, de bloquear a las víctimas inmigrantes que huían de violencia doméstica y violencia de pandillas.
En el limbo
Martha Maffei, directora ejecutiva de SEPA, vive preocupada por lo que pueda suceder con esta ley, hasta el punto de que está liderando una coalición con una docena de organizaciones en Long Island para hacer un llamado a los congresistas en Washington D.C. para que actúen lo más pronto posible.
La directora, quien ha estado al frente del grupo durante 10 años, recuerda que la historia de la legislación se une profundamente a la historia y crecimiento de SEPA. La creación de la organización en 1993 fue muy importante para la región, que en su momento experimentaba una alta llegada de inmigrantes. Sin embargo, su fundadora se percató que podían hacer mucho más, al darse cuente que la falta de educación y la dificultad para hablar inglés ponían a miles de mujeres en peligro.

“Un año después, en 1994, pasó VAWA porque lo mismo que estaba viendo nuestra fundadora, estaba pasando a nivel nacional”, dijo Maffei. “Muchas organizaciones de base que trabajaban con mujeres fueron las que propusieron al Gobierno para que se crearan ciertos remedios para proteger a las mujeres inmigrantes”.
De ahí que, según explica Maffei, sea VAWA quien tenga un impacto tan vital en organizaciones de base como SEPA, pero también sobre otras que ofrecen servicios como refugios, consultorías, agencias de violencia doméstica, agencias gubernamentales, inclusive los departamentos de policía y las cortes.
“Si VAWA no se reautoriza, las organizaciones que recibimos fondos federales desapareceríamos o tendríamos que ver cómo seguir manteniendo estos programas para la comunidad”, explicó la directora, quien recordó la importancia de abogar por una renovación de la ley de manera bipartidista.
Solo en 2016, el Estado recibió $7.7 millones en fondos federales, un aumento de $662,000 para apoyar a los sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual a través de programas ofrecidos por organizaciones sin fines de lucro, hospitales y agencias de aplicación de la ley en todo el estado.
Propuesta demócrata
La última vez que el Congreso reautorizó la ley fue en 2013, sin embargo, pese a que una propuesta fue presentada por los demócratas en julio, la decisión fue solo aprobar una extensión hasta el 7 de diciembre, impulsada por la representante republicana de Nueva York, Elise Stefanik.
“Cualquier programa, autoridad o disposición, incluido cualquier programa piloto, autorizado en virtud de la reautorización de 2013 de la Ley de violencia contra las mujeres continuará en vigencia hasta la fecha especificada”, se lee en el texto del proyecto de ley.
La propuesta demócrata, por su parte, introducida por la representante Sheila Jackson Lee, una demócrata de Texas, agrega disposiciones a la ley actual, como programas ampliados para la educación y prevención de los jóvenes. También mejora las protecciones para las víctimas que utilizan subsidios de vivienda, y establece un puesto de directora de Violencia contra las Mujeres en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, entre otros puntos.
El proyecto también incluye una expansión de las leyes de control de armas destinadas a prohibir a las personas declaradas culpables de violencia doméstica a que posean armas de fuego.
Durante la última reautorización de la ley en 2013, varios aspectos tuvieron dificultad para que se lograra un acuerdo, entre estos, la inclusión de indígenas nativos, inmigrantes indocumentados y mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales.
Organizaciones
Algunas de las organizaciones que reciben fondos federales de esta ley son:
- Urban Justice Center
- Sanctuary for Families
- Queens Legal Services Corporation
- New York Asian Women’s Center
- Safe Horizon Inc
- New York City Alliance Against Sexual Assault
- New York City Gay and Lesbian Anti-Violence Project
- New York State Unified Court System