Avanza el plan para construir cárceles pequeñas y cerrar Rikers

NUEVA YORK.- La Comisión de Planificación de la Ciudad (CPC) aprobó este martes, por 9 votos a favor, 3 en contra y 1 ausente, el plan de la Alcaldía para construir cárceles pequeñas en cuatro condados de la ciudad y así poder cerrar el complejo carcelario de Rikers Island.

El proyecto, impulsado por la Administración De Blasio a través de los departamentos de Justicia Criminal y el de Servicios Administrativos, creará un sistema de prisiones pequeñas en Manhattan, Bronx, Queens y Brooklyn. Tras este voto, ahora el Concejo Municipal tiene 50 días para evaluar la propuesta antes de tomar su propia decisión al respecto.

Antes de emitir su voto favorable, la directora del Departamento de Planificación Urbana y Presidente de la CPC, Marisa Lago, comentó que la iniciativa es una de las más importantes porque es un paso crucial para cerrar la prisión de Rikers Island, “por razones que se extienden mucho más allá del uso de la tierra”.

“La votación de hoy es mucho más que un voto en la selección de sitios y permisos especiales: es una votación para poner fin a una era sombría en la historia de la justicia penal de la ciudad de Nueva York, y un paso hacia una reforma crítica de la justicia penal”, destacó la funcionaria.

Lago reveló que la CPC hizo algunas modificaciones al plan original, las mismas que están reflejadas en el informe final. Más de 100 personas testificaron en la audiencia pública de la CPC en julio y cientos más compartieron sus comentarios por correo electrónico e incluso correo regular, se informó durante el proceso de votación.

El plan del Alcalde, que incluye $11 mil millones para la construcción de las cárceles, ahora se traslada al Concejo, que celebrará una audiencia pública el jueves 5 de septiembre. El objetivo principal del proyecto es reducir drásticamente la operación de Rikers en el transcurso de los próximos siete años, para ser reemplazada por cuatro cárceles más pequeñas que estarían localizadas: en el Bajo Manhattan, en el centro de Brooklyn, en el centro de Queens y otra en el sur de El Bronx. La ciudad ha asignado cerca de $9 mil millones para el proyecto.

El primero en reaccionar a la votación fue el presidente de El Bronx Rubén Díaz Jr., quién calificó de “lamentable que la CPC se haya negado a escuchar las serias preocupaciones de la gente de la comunidad”.

Díaz Jr. recordó que ha dejado en claro que Rikers Island debe cerrarse, pero ese cierre debe manejarse de manera correcta. Según él, la Administración De Blasio, ha armado el proceso de uso de la tierra contra El Bronx para proteger sus planes de construir una nueva cárcel en el sitio equivocado.

“Hemos proporcionado a la ciudad un sitio perfectamente apropiado para construir una nueva cárcel, adyacente al actual Palacio de Justicia de El Bronx. Cualquier falla en hacer lo contrario alterará de manera nociva la faz de este condado en las próximas décadas”, insistió Díaz Jr.

Objetivos del plan

La iniciativa busca principalmente reducir el hacinamiento mediante la reducción de la población encarcelada en Rikers, que promedió alrededor de 9,400 reclusos en 2017, a 5,000 en 10 años, que podrían ser acomodados en las cárceles pequeñas en los condados.

Varias organizaciones y funcionarios electos han venido abogando que se cambien los sitios elegidos, mientras, de otra parte, el plan de abrir cárceles en los vecindarios ha enfrentado diferentes niveles de oposición en cada comunidad.

La organización ‘No New Jails’ (NNJ), ha argumentado que la Ciudad puede cerrar a Rikers sin construir nuevas cárceles. El dinero para el plan, según el grupo, se asignaría mejor a otras necesidades de la comunidad. 

“La CPC, al aprobar el plan del Alcalde, acaba de entregar a Bill de Blasio un cheque en blanco para ampliar el encarcelamiento masivo”, dijo el miembro de NNJ Kei Williams.  

El Concejo anuncia alternativas  

Mientras se votaba el plan para la construcción de las cárceles en los condados, paralelamente, el presidente del Concejo, Corey Johnson, y el presidente del Comité de Justicia Criminal de ese organismo, el concejal Keith Powers, anunciaron que se designaron $13.5 millones en el presupuesto fiscal de este año para financiar y apoyar alternativas a los programas de encarcelamiento (ATI) en un esfuerzo por continuar reduciendo el población de la cárcel de la ciudad.

“Enviar personas a la cárcel por violaciones técnicas de libertad condicional no criminales no tiene sentido. Es injusto quitarle la libertad a uno solo porque la persona no cumplió con el toque de queda, no pasó una prueba de drogas o perdió una cita con un oficial de libertad condicional”, dijo Johnson.

El presidente del Concejo añadió que a medida que continúan trabajando para cerrar Rikers y reformar el sistema de justicia penal, se debe brindar a quienes están en libertad condicional la ayuda que necesitan para regresar a sus comunidades y prosperar.

Como parte del impulso del Concejo a la reforma de la libertad condicional y su compromiso de crear oportunidades posteriores a la liberación, el dinero ayudará a financiar programas que brinden a las personas involucradas en el sistema de justicia penal una amplia gama de servicios para ayudarlos a permanecer fuera de prisión, particularmente por infracciones menores o técnicas de libertad condicional.

“Para asegurarnos de cerrar a Rikers y transformar nuestro sistema de justicia penal, debemos dejar de encarcelar a las personas por violaciones menores de libertad condicional. Este compromiso de $13.5 millones contribuirá en gran medida a lograr ese objetivo”, dijo el concejal Keith Powers, presidente del Comité de Justicia Criminal.

De acuerdo con un comunicado remitido por la oficina de Johnson, casi el 8% de la población carcelaria de la ciudad son personas que violaron requisitos menores de libertad condicional, como no aprobar una prueba de drogas o faltar a la hora de reportarse. Si bien la Legislatura del Estado considera que la Ley Menos es Más, es una propuesta que reduciría el número de personas detenidas por violaciones técnicas y de bajo nivel de libertad condicional, el Concejo apoya programas que brinden a los neoyorquinos en libertad condicional, los servicios que necesitan para regresar a sus comunidades, incluida la colocación laboral, la formación profesional, el asesoramiento sobre abuso de sustancias y la vivienda a corto y largo plazo.