Proteger la libertad expresión en PR
Presionado por una incontrolable criminalidad que afecta sus posibilidades de reelección, el gobierno de Puerto Rico aprobó un nuevo código penal que aumentas las penas para crímenes violentos. Desafortunadamente, también incluye un estatuto que menoscaba la libertad de expresión en la Isla. (Además de un polémico plan para eliminar el derecho a fianza a sospechosos de delitos violentos que será sometido a un referéndum este domingo).
El nuevo código -que entraría en vigencia el primero de septiembre- impone fuertes restricciones a protestas públicas, estableciendo penas de hasta tres años de cárcel a manifestantes que interrumpan la labor de legisladores.
La prohibición es un claro atentando en contra del derecho de los puertorriqueños a expresar sus puntos de vista sobre políticas gubernamentales, y debe ser anulada.
Tras la aprobación, la American Civil Liberties Union (ACLU) de Puerto Rico un grupo de defensa de derechos civiles interpuso una solicitud para suspender permanentemente la provisión. El interdicto es un añadido a una demanda legal que ACLU ya había introducido para declarar inconstitucionales prácticas policiales en la Isla que son a todas luces abusivas.
La acción de ACLU obedece al evidente menosprecio del gobierno de Luis Fortuño al derecho a la oposición pública algo que quedó evidenciado durante las protestas estudiantiles de 2010, cuando agentes de la policía de Puerto Rico fueron extensamente filmados cometiendo violentos agravios contra manifestantes.
Es irónico que el gobierno estatista de Fortuño insista en ignorar principios constitucionales básicos de los Estados Unidos. Periodistas y comentaristas puertorriqueños han apuntado el hecho de que los americanos, incluyendo a ciudadanos puertorriqueños, constantemente protestan en Washington D.C., sin arriesgar más que una multa o, en el peor de los casos, seis meses de cárcel.
Una investigación del Departamento de Justicia federal documentó frecuente uso abuso de fuerza por parte de agentes de la Policía de Puerto Rico, y recomendó reformas que aún están por ejecutarse.
Los puertorriqueños tienen una larga historia de participación civil y protesta. Ni éste ni ningún gobierno debe socavar ese espíritu de lucha y disidencia.