Despenalizar la droga, tapar el sol con un dedo
En febrero pasado, el presidente de Guatemala Otto Pérez Molina instó a Latinoamérica a discutir la despenalización de la droga. Recibió voces de aplauso y condena, en su país y a nivel continental. El argumento du jour de las primeras es que “la guerra contra el narcotráfico no ha funcionado”. Sin embargo, olvidan explicar por qué. Blanden la despenalización como una varita mágica para solucionar la violencia que azota México y Centroamérica.
En el Foro de Seguridad Regional, este mes en Guatemala, el expresidente colombiano Ernesto Samper advirtió del riesgo de una “vietnamización de la región” si no se emprende un “ambicioso plan para Centroamérica”. Otros ex presidentes latinoamericanos hablaron de invertir en la juventud y reducir la pobreza.
Sólo hace cuatro meses, en el World Business Forum Latinoamérica en Panamá, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe descartó la despenalización, alegando que en EE.UU. y México cerca del 50 por ciento de quienes cometen asesinatos, actúan bajo influencia de drogas ilícitas y/o el alcohol. Mientras tanto, su ex homólogo mexicano Vicente Fox no descartó la despenalización porque el narcotráfico “impide la competitividad económica y amenaza las democracias de Latinoamérica”.
Pero despenalizar la droga para reducir la violencia no pone el dedo en la llaga. En Guatemala y en Honduras, por ejemplo, no hay evidencia estadística que atribuya la mayoría de las muertes violentas al narcotráfico. Las muertes obedecen a las extorsiones no pagadas de las maras y pandillas, a la disputa de territorios para extorsionar o vender droga al menudeo (algo que el mismo Pérez Molina admitió), a disputas entre traficantes mayores por dominio de rutas, o a vendettas personales. Las armas de fuego ocasionan el 80 por ciento del total de muertes violentas. Este escenario no lo desvanece la despenalización de las drogas.
El presidente mexicano Felipe Calderón dijo en junio de 2011 que el 80 por ciento de las armas decomisadas, desde que gobierna su país, fueron rastreadas a compras en EE.UU. En Guatemala, la cifra ronda el 30 por ciento. Varios académicos han escrito que la vorágine de narcoviolencia en México (que suma 50 mil muertos) no comenzó con Calderón, sino con Fox, cuando su gobierno panista rompió el equilibrio negociado que el PRI logró con los carteles mexicanos. La etapa de acomodo nunca se superó y la violencia escaló.
En Centroamérica el combate a los narcotraficantes no mata al ciudadano. Mata la corrupción que permite el ingreso de armas de fuego de contrabando en las fronteras, que no evita el robo de armas del Ejército y/o la policía para los narcotraficantes. Mata la ineficiencia para controlar las cárceles de la región, que son un centro de convenciones donde las maras y pandillas planifican y hasta dirigen actos de sicariato, que sus cómplices cometen en la calle.
Quizá tienen razón los ex mandatarios que dijeron que la inútil guerra contra las drogas alcanza “casi 100 años”. Era tan inútil a principios del siglo XX, como lo es en 2012, porque la corrupción torpedea los esfuerzos a todo nivel.
En los 1920s en México, durante la Prohibición, la base del Cartel del Golfo tenía un monopolio delictivo en Tamaulipas: lo mismo extorsionaba, que secuestraba o mataba, y contrabandeaba licor hacia EE.UU. Después de 1933, cambió el licor por la mariguana, y luego, por la cocaína—apuntalada por redes corruptas de autoridades municipales, estatales, federales y hasta legislativas.
Para marzo de 2012, Honduras se anunciaba como el país más violento del mundo. Y la despenalización no rompe el tríptico de corrupción-impunidad-disponibilidad de armas, que eleva las tasas de homicidios en la región. Pero pareciera más fácil hablar de despenalizar que luchar con hechos contra esta fórmula.
Si los gobiernos latinoamericanos—particularmente de los ex presidentes que ahora abogan por la despenalización—también hubieran contribuido a reducir las desigualdades sociales, no existirían las leyendas urbanas desde México hasta Colombia de los narcos á la Robin Hood.
EE.UU. y México no contemplan la despenalización a gran escala. Entonces, ¿se habla de hacerlo—selectivamente—entre Guatemala y la Tierra del Fuego? Eso reduciría los gastos de transporte de la droga para los carteles mexicanos hasta la frontera sur de su país, pero dejaría sin ganancias a los transportistas centroamericanos—que elevan el costo del kilo de US$200 (en Colombia) a US$8 mil (en México). Difícilmente se cruzarían de brazos viendo cómo se les cae el negocio. Basta recordar cómo la mariguana rápido sustituyó al licor al finalizar la Prohibición en EE.UU.
Entonces, a mayor corrupción, impunidad y circulación de armas ilegales, más garantizado está el arribo de drogas a las costas y fronteras de EE.UU., donde—según la DEA—el precio más favorable se ofrece a los afroamericanos y los hispanos. Pero en México y Centroamérica también están garantizadas miles de muertes violentas, y que la discusión de la despenalización y planes (en papel) para combatir la pobreza se asemejen a querer tapar el sol con un dedo.