Congresistas pidieron al Departamento de Justicia prohibir la pena de muerte
"Es injusta, inmoral y racista, y tenemos la obligación moral de abolirla", dijo el hispano Adriano Espaillat
Un grupo de congresistas demócratas pidió este lunes al Departamento de Justicia que ponga fin a la pena capital en el país y que prohíba a sus abogados solicitar ese castigo, lo que dicen continúan haciendo a pesar de la moratoria en las ejecuciones federales, decretada por la Administración del presidente Joe Biden el pasado 1 de julio.
Los representantes Adriano Espaillat, Ayanna Pressley, Jerrold Nadler y Cori Bush hicieron el reclamo en una carta enviada hoy al secretario de justicia, Merrick B. Garland.
“Es simple: la pena de muerte es injusta, inmoral y racista, y tenemos la obligación moral de abolirla”, señaló Espaillat en un comunicado conjunto.
Añadió que “después de la ola de asesinatos sin precedentes del presidente Donald Trump en la que ejecutó a 13 estadounidenses, más ejecuciones que en las últimas siete décadas, ya es hora de que la pena de muerte se convierta en parte de la historia de Estados Unidos”.
Al hacer el anuncio de la moratoria, el Gobierno Biden señaló que las ejecuciones tienen un “impacto desproporcionado en las personas de color”.
El presidente demócrata ha mantenido públicamente una postura de oposición a la pena de muerte.
“Le escribimos para pedirle que tome la acción necesaria para finalizar la injusticia de la pena de muerte federal”, señalan los legisladores a Garland en su carta.
“Encomiamos la reciente decisión de imponer una moratoria en las ejecuciones. Este es un crucial primer paso para finalizar con la pena de muerte de una vez por todas, pero esta acción por sí sola es insuficiente”, argumentaron para pedir que ordene a los fiscales no solicitar la máxima pena en las cortes federales.
De acuerdo con los congresistas, la pena capital “es una práctica profundamente imperfecta e inhumana que el Departamento de Justicia puede y debe descontinuar”, y recordaron “sus conocidas deficiencias, incluyendo arbitrariedades en su aplicación y el impacto desproporcionado en gente de color” que ha sido ampliamente documentado.
“A pesar de estas realidades, la pena de muerte se sigue imponiendo de una forma arbitraria y caprichosa”, indicaron además los congresistas a Garland.
También destacaron que es “alarmante” la tasa de condenados a la pena capital que eran inocentes. Citaron un estudio de la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences que indicó que 1 de 25 individuos sentenciados eran inocentes, “un estimado conservador de acuerdo con los autores del estudio”, indicaron.
“En el 2020 seis individuos condenados a muerte fueron exonerados y un individuo ha sido exonerado en lo que va de año, aumentando el total de exoneraciones del corredor de la muerte a 185”, argumentaron además los representantes.
De acuerdo con un informe de la organización Centro de Información sobre la Pena de Muerte, esas 185 condenas injustas han ocurrido en 29 estados y 118 condados.
Florida ha tenido la mayor cantidad de exoneraciones, con 30 desde 1973, seguida de Illinois con 21 y Texas con 16.
El condado de Cook, en Illinois, lidera los condados con la mayor cantidad de exoneraciones, con 15 desde 1973, seguido por el de Cuyahoga (Ohio) y el de Filadelfia (Pensilvania), con seis cada uno.
El condado de Maricopa (Arizona) y el de Oklahoma (Oklahoma) tenían cinco cada uno, según el informe del Centro de febrero de este año.
“Hemos visto cómo las condenas a muerte se han impuesto injustamente, se han discriminado por motivos raciales y las ejecuciones se han administrado con crueldad”, afirmó el congresista Nadler.
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