Acuerdo judicial con ICE beneficiará a miles de inmigrantes indocumentados
Luego de seis años de una batalla legal, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Justicia aceptaron un acuerdo para que las fianzas inmigrantes indocumentados detenidos no sean estratosféricas, además de ofrecer alternativas al arresto
ICE ya no podrá imponer fianzas estratosféricas a inmigrantes detenidos. Crédito: ICE
La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los jueces de inmigración ya no podrán determinar fianzas estratosféricas a inmigrantes indocumentados detenidos, si no contemplan las condiciones financieras de esas personas, indica un acuerdo judicial alcanzado esta semana.
“ICE debe considerar la capacidad [de un inmigrante] para pagar una fianza y condiciones alternativas de la puesta en libertad”, indica el acuerdo firmado el 28 de marzo de 2022 ante el juez Jesús G. Bernal del Tribunal del Distrito Central de California, pero dado a conocer el miércoles por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
La demanda colectiva estuvo liderada por la mexicana Xochitl Hernández y el hondureño César Matías. El acuerdo del caso Hernandez v. Garland se logró tras seis años de litigio.
“ICE (1) considerará la situación económica del detenido y su capacidad financiera para pagar una fianza; (2) no fijará la fianza en una cantidad mayor de la necesaria para garantizar la comparecencia del detenido en todos los procedimientos de inmigración futuros, incluida la expulsión si así se ordena”, indica el acuerdo. “Y (3) considerará si el detenido puede ser puesto en libertad bajo condiciones alternativas de libertad [ATD], por separado o en combinación con una fianza, que sean suficientes para mitigar el riesgo de fuga”.
La demanda colectiva presentada el 6 de abril de 2016 alegaba que el Gobierno de los Estados Unidos no tuvo en cuenta la capacidad de pago de las personas detenidas ni tampoco las condiciones alternativas no monetarias de supervisión, tomando en consideración la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
“Los demandantes alegaron que el hecho de que el gobierno no lo hiciera violaba la Constitución de los Estados Unidos y la INA”, se indica en el acuerdo.
El 11 de noviembre de 2016, el Tribunal avaló la demanda colectiva y emitió una orden judicial preliminar que exigía al gobierno tomar en consideración la capacidad de pago de un inmigrante.
Destaca que el nuevo acuerdo empata con el plan de detención de inmigrantes del Gobierno del presidente Joe Biden, el cual busca impulsar opciones alternas a la detención, incluida la vigilancia con aplicaciones como SmartLink.
Cuáles fueron los casos
Los casos de Hernández y Matías mostraron cómo un inmigrante podría estar detenido indefinidamente porque no puede pagar una fianza. No existen montos específicos sobre este pago para la libertad, pero activistas y defensores estiman que los montos oscilan entre los $5,000 y $20,000 dólares en promedio, aunque algunos pueden ser menores o mayores, como fue el caso de los demandantes.
Hernández fue enviada en el Centro de Detención de Adelanto, en el condado de San Bernardino, en 2016 y tenía una previa condena por robo. Como enfrentaba audiencias de deportación ante un juez se le fijó una fianza de $60,000 dólares en su caso.
El juez migratorio consideró que esa cantidad era la indicada, ya que Hernández era un “riesgo de fuga”, pero el monto a pagar fue reducido a $5,000 dólares seis meses después. La inmigrante pudo pagarlo y salió libre.
Matías se mudó a Estados Unidos para escapar de la persecución que sufría por su orientación sexual en Honduras. Fue arrestado por ICE en 2012 en Los Ángeles, donde trabajaba como peluquero y en una fábrica de ropa.
Las autoridades migratorias lo enviaron a la cárcel de Santa Ana, mientras se decidía su solicitud de asilo, además de fijarle una fianza de $3,000 dólares, la cual Matías no pudo pagar. Estuvo cuatro años encerrado.
“Estoy orgulloso de haber participado en esta demanda para ayudar a otros inmigrantes”, dijo Matías. “Espero que ninguna otra persona se vea obligada a permanecer detenida durante años porque no pueden pagar su fianza”.
Un gran triunfo
La batalla legal liderada por ACLU contó con abogados de Fundación ACLU del Sur de California y abogados pro-bono de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Mayer Brown LLP.
“El acuerdo pone fin a la práctica vergonzosa del Gobierno de encarcelar a inmigrantes sin considerar su capacidad para pagar una fianza”, dijo Michael Kaufman, abogado principal de Sullivan & Cromwell. “La Constitución prohíbe el encarcelamiento basado en la pobreza, tanto para ciudadanos como para no ciudadanos”.
Michael Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU celebró el acuerdo.
“Ayudará a frenar nuestro sistema penitenciario de inmigración fuera de control y proporciona un modelo para la reforma en todo el país”, consideró.
Destaca que durante el pleito judicial, varias organizaciones y expertos presentaron escritos ‘amicus curiae’ (argumentos legales adicionales) en apoyo de la demanda colectiva, incluida la Asociación de Abogados de los Estados Unidos y nueve ex jueces de inmigración.
“El acuerdo garantizará que las condiciones de liberación, ya sea una fianza monetaria o alguna alternativa no monetaria, cumplirán mejor su propósito sin castigar a quienes no pueden pagar”, dijo Doug Smith, abogado de las firmas Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Mayer Brown LLP.
En medio del pleito legal, en 2019, el Gobierno del presidente Donald Trump envió a decenas de inmigrantes notificaciones de pago de multas estratosféricas, de más de medio millón de dólares, una muestra adicional de la forma en que estos no ciudadanos son perseguidos.
