Congresistas liderados por senadora demócrata de NY Kirsten Gillibrand trabajan en provisión para Ley Agrícola que busca paridad en fondos de cupones de alimentos en Puerto Rico
Una coalición de legisladores y grupos de activistas le pidieron este jueves al Congreso de Estados Unidos que le dé paso a la legislación que permitiría que Puerto Rico pase del programa PAN al SNAP y participe en igualdad de condiciones con los estados
NUEVA YORK – Líderes de organizaciones civiles que impulsan la seguridad alimentaria en Puerto Rico encabezados por la senadora demócrata de NY Kirsten Gillibrand reclamaron este jueves la inclusión total de los boricuas en el programa SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) como parte de las negociaciones en el Congreso de la Ley Agrícola (Farm Bill 2023) de este año.
Con carteles que leían “Pongan fin a la disparidad y desigualdad”, “Los puertorriqueños tienen derecho a SNAP” y “SNAP para Puerto Rico en la Ley Agrícola de 2023”, los presentes le solicitaron a los líderes congresionales encargados de la discusión de la pieza ómnibus que subvenciona programas agrícolas y alimentarios, a que no esperen cinco años más para hacerle justicia a la isla a través del programa de asistencia nutricional.
Los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico fueron excluidos de SNAP en el 1981. A partir de ese cambio, reciben fondos en bloque por medio del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), estructura que los priva de miles de millones de dólares adicionales para alimentos. Para incrementar las partidas para Puerto Rico en casos de emergencia, como ocurrió durante la pandemia, por ejemplo, los miembros del Congreso tienen que legislar a esos fines.
Según los resultados de un estudio realizado por Center for a New Economy (CNE) a mediados del año pasado, si Puerto Rico transicionara de PAN A SNAP, los fondos incrementarían para esa población en un 73%, de $2.6 mil millones entre el año fiscal 2023 a $4.5 mil millones en el año fiscal 2031.
En representación de más de 200 organizaciones sin fine de lucro, al evento acudieron Lillian Rodríguez López, de “Coalition for Food Security Puerto Rico”; Frankie Miranda, presidente y CEO de Hispanic Federation; Mari Jo Laborde, CEO de Banco de Alimentos de P.R.; Josh Protas, vicepresidente de Public Policy en MAZON, y Guillermo Mena, director de Legislación, Políticas y Propugnación del Caucus Hispano Nacional de Legisladores Estatales.
Los participantes forman parte de la Coalición para la Seguridad Alimentaria en Puerto Rico, creada en 2018 después del impacto de los huracanes Irma y María. La coalición está compuesta por más de 80 organizaciones sin fines de lucro, empresarios y gremios.
Al encuentro con los medios también acudió el director de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington D.C., Luis Dávila Pernas, y la comisionada residente Jenniffer González.
Gillibrand indicó que el “Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act” (Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional de Puerto Rico) busca que los boricuas en la isla, como ciudadanos estadounidenses que son, cuenten con los mismos beneficios que los residentes en los estados.
“Fue injusto en el 1981 y es injusto ahora. 40% de los hogares en Puerto Rico sufrían de insuficiencia alimentaria en los primeros meses de la pandemia en comparación con cerca del 15 % de los hogares en Estados Unidos. Eso fue antes de que el huracán Fiona afectara cultivos y carreteras para distribuir los alimentos. Así que es claro que SNAP es insuficiente para llenar las necesidades de los puertorriqueños“, planteó la demócrata de Nueva York al tiempo que destacó que la medida cuenta con apoyo bipartidista y multisectorial.
“Estados Unidos es el país más rico del mundo. No podemos permitir que nuestra propia gente sufra hambre solo por el lugar en dónde viven”. Añadió que no se puede perder de vista que los principales beneficiarios de fondos federales para alimentos son integrantes de poblaciones vulnerables como niños, ancianos, discapacitados y/o veteranos.
La senadora además informó que, como parte de sus gestiones legislativas, el cuerpo al que pertenece trabaja en la ley agrícola con la provisión para que Puerto Rico sea incluido en la versión final.
La intención es que se tenga una disposición para la transición en ambas versiones de la pieza legislativa tanto en Cámara como en Senado. Agregó que, como parte de la “dura batalla” que enfrentan para la inclusión de la isla en el programa, participará próximamente en una audiencia para contestar preguntas sobre el tema.
Rodríguez López, por su parte, destacó que son muchas las ONG, individuos, negocios y otras entidades que apoyan el cambio, y que, en julio de 2022, el Departamento de Agricultura federal (USDA) emitió un reporte en el que también se hace eco del llamado.
“Más personas son elegibles para SNAP en Puerto Rico que los que son elegibles para DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia ) ahora mismo”, indicó por su parte Mena para destacar la importancia de este tema para funcionarios electos por hispanos en 43 estados que adoptaron una resolución solicitando la inclusión total de la isla en SNAP.
“Ellos lo ven como un asunto importante para ellos, para sus estados. La resolución fue auspiciada por miembros en California, Texas, por todo Estados Unidos”, aseguró.
Dávila Pernas añadió que el impacto económico en Puerto Rico sería considerable de darse la transición.
“La transición a SNAP en Puerto Rico no es solo un tema de justicia y dignidad humana básica, también de vitalidad económica para la isla. Al proveer acceso a SNAP, podemos sacar a la gente de la pobreza, crear empleos, podemos estimular el crecimiento económico, la inversión en Puerto Rico y en Estados Unidos”, argumentó el director ejecutivo.
Planteó además que los boricuas pagan mucho más por los alimentos que consumen que lo que pagan los estadounidenses.
“¿Ustedes creen que el costo de los huevos y las carnes aquí es caro? Traten de auspiciar un ‘brunch’ o un ‘barbecue’ en Puerto Rico. Los precios de los productos al detal en Puerto Rico son 21% más altos que en territorio continental. Y volviendo al tema del componente de la flexibilidad, SNAP además flexibilidad en momentos de emergencia y desastres naturales, como saben que ocurre mucho en Puerto Rico por ser una isla del Caribe”, expuso.
La legislación es coauspiciada por González; los representantes Darren Soto (D-FL-9), Haley Stevens (D-MI-11) y Chrissy Houlahan (D-PA-6); los senadores Charles E. Schumer (D-NY) y Richard Blumenthal (D-CT); Cory Booker (D-NJ), Elizabeth Warren (D-MA), Bernie Sanders (I-VT), John Fetterman (D-PA), Bob Menéndez (D-NJ), entre otros; la delegada republicana de Samoa Americana, Aumua Amata Coleman; el delegado republicano de Guam, James Moylan; y la también republicana María Salazar (R-FL), entre otros.
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