Activistas puertorriqueños en Washington D.C. aseguran que no hay apetito en el Congreso para avanzar en el tema del estatus
El hecho de que este 2024 es año electoral también incide en las prioridades de senadores y representantes en la Capital federal en términos de los asuntos que afectan e impactan al territorio
La Cámara de Representantes federal está dominada por los republicanos. Crédito: SAUL LOEB | AFP / Getty Images
NUEVA YORK – Organizaciones de la diáspora, particularmente en Washington D.C., opuestos a la estadidad no enfocarán sus esfuerzos este 2024 en el tema de la descolonización de Puerto Rico y la solución al problema del estatus; entre otras cosas, porque es año electoral y las voluntades tanto en Cámara como en Senado no están inclinadas en esa dirección.
Así lo manifestó a El Diario de NY, Edil Sepúlveda, fundador de The Puerto Rican Alliance (PRÁ), organización con sede en la capital federal que aboga por la discusión y solución de los asuntos que afectan a boricuas dentro y fuera de la isla.
“No estamos haciendo hincapié (en el tema del estatus) este año porque es año electoral, porque realmente, ni en el Senado ni en la Cámara federal, hay apetito o hay oportunidad alguna para adelantar la discusión del tema de una manera seria. El proyecto con el que tenemos diferencias no tiene ningún tipo de posibilidad de aprobarse en ninguna de las cámaras, ni tan siquiera tener vistas públicas…así que pues que, debido a cómo se ve este año eleccionario, y el tema del estatus que realmente no tiene posibilidades de discusión en las cámaras, pues entonces no vamos a estar insistiendo en eso y en el tema…”, expuso el también abogado.
El alcance de la Ley de Estatus de Puerto Rico
Sepúlveda se refiere al H.R. 2757 (Ley de Estatus de Puerto Rico), presentado en abril pasado en la Cámara de Representantes federal, luego de que una versión previa, el H.R. 8393, fuera aprobada en diciembre del 2022, a finales de sesión, por los demócratas en ese cuerpo legislativo.
La medida dispone para un plebiscito entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia o libre asociación. El proceso sería uno vinculante en el Congreso, lo que significa que las autoridades federales estarían obligadas a impulsar lo que determine el pueblo de Puerto Rico sobre su futuro político en la consulta.
En noviembre pasado, un grupo de senadores encabezado por el demócrata de Nuevo México, Martin Heinrich, presentó el S.3231, que viene a ser la versión senatorial del 2757.
A juicio de Sepúlveda, el debate sobre el estatus de Puerto Rico, territorio de EE.UU. desde hace más de un siglo, se ha limitado a la premisa de “estadidad sí o no”, lo que a su juicio no es serio ni inclusivo.
“El tema en Washington se sigue centrando en la discusión de la estadidad sí o no para Puerto Rico, y eso no ayuda a adelantar la descolonización final y definitiva de Puerto Rico. Nosotros entendemos que el mecanismo procesal más adecuado es una Asamblea Constitucional de Status convocada por el pueblo de Puerto Rico en estrecha colaboración con el Congreso de Estados Unidos, y seguiremos educando y abogando por este tema tanto en Washington, como en Puerto Rico, como a través de toda la diáspora boricua en los Estados Unidos”, planteó.
“Le damos la bienvenida a la discusión seria e inclusiva del tema del status político de Puerto Rico en el Senado federal, con el fin de promover un proceso de autodeterminación y descolonización real y definitivo en Puerto Rico. Sin embargo, el proyecto de status actual tiene serias deficiencias, comenzando en que fue redactado a puertas cerradas y sin el insumo del Pueblo de Puerto Rico, en adición a que está siendo utilizado como un juego político electoral por ambos partidos políticos en Estados Unidos, pero en particular por los Demócratas, y eso no brinda la seriedad necesaria a este proceso”, añadió el líder de PRÁ.
El activista mencionó al menos cuatro temas clave en los que se concentrará el trabajo de abogacía de los miembros de la organización en Washington y en los distintos estados.
Temas clave para la diáspora puertorriqueña en Washington D.C.
“Vamos a enfocarnos como hicimos en la segunda mitad del año pasado en otros temas más específicos donde hay tal vez más oportunidades, como es el tema de la soberanía alimentaria y el tema de la Ley 22; también el tema de las placas solares, las cuestiones que tienen que ver con el tema energético, y el tema de la Junta de Control Fiscal. Yo creo que esos cuatro temas son los temas centrales que vamos a estar enfocando. Siempre está el tema del estatus, pero va a ser algo como más educativo, también tal vez fuera del Congreso en espacios académicos…buscando colaboraciones. Ese tema siempre se va a seguir trabajando acá en Puerto Rico, trabajándolo con la comunidad de la diáspora en EE.UU. Pero a nivel de política política… y todo eso, no vemos que sea necesario este año”, insistió el entrevistado.
Estadistas siguen apostando a los proyectos de estatus en Cámara y Senado
Sin embargo, los estadistas y organizaciones ligadas al movimiento para que Puerto Rico se convierta en el estado 51, muchos de los que también forman parte de la diáspora, parecen tener en su agenda otros planes de cara a las elecciones.
Integrantes del gobierno oficialista en Puerto Rico, como el primer ejecutivo Pedro Pierluisi, quien aspira a un segundo término en esa posición, buscarán aumentar la cantidad de coauspiciadores al proyecto de estatus 3231 en EE. UU. Al momento, 21 senadores apoyan la legislación.
“Me imagino que la esperanza de ellos es que haya un Congreso demócrata y un presidente demócrata en el 2025 que le darían paso a una legislación como esa, o a una petición de anexión que es lo que ellos esperan que pase”, anticipó Federico De Jesús, estratega demócrata en Washington D.C. y asesor de FDJ Solutions.
Otro que considera que habrá que esperar a un Congreso controlado por los demócratas para avanzar en el tema del estatus es el representante de esa colectividad Raúl Grijalva, que encabezó la presentación del 2757.
“El compromiso con la ley de estatus sigue. El trabajo ahora es el Senado. Esperemos que Westerman (Bruce) y el Comité de Recursos Naturales bajo su liderato a lo mínimo tenga una audiencia; seguir el movimiento, porque esto va a cambiar en dos años, y hay que estar preparado a ese punto, no perder tiempo y moverse uno con rapidez”, declaró en junio pasado a El Nuevo Día.
Por su parte, organizaciones como National Puerto Rican Equality Coalition (NAPR), Puerto Rico Statehood Action Network, y Puerto Rico Statehood Council (PR51st) insisten por redes y otros foros en el llamado a favor de la estadidad como única manera para atajar lo que entienden es un problema de desigualdad contra los ciudadanos estadounidenses en la isla.
Las campañas, particularmente en favor del 2757, se centran en pedido de firmas por internet para reclamarle acción al Congreso, así como material audiovisual de simpatizantes de la estadidad exponiendo lo que consideran son las virtudes de esa forma de gobierno.
Una entrada en la página web de PR51st indica que una mayoría de puertorriqueños han votado en tres ocasiones, 2012, 2017, y 2020, a favor de la estadidad.
“El Congreso debe admitir a Puerto Rico como el estado 51. Bajo la Constitución, esto puede ocurrir con una mayoría simple en el Congreso. Actualmente, hay una legislación de admisión de Puerto Rico como estado ante el Congreso. Dado que Puerto Rico tiene una voz limitada en el gobierno federal, los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico necesitan la ayuda de nuestros conciudadanos que viven en los estados para asegurar que el Congreso nos escuche. Por favor, únete a nosotros. No Podemos echar para atrás”, lee un mensaje en el sitio de internet.
Cabe señalar que las pasadas consultas de estatus en Puerto Rico no son vinculantes a nivel federal, por lo que se consideran ejercicios simbólicos.
Actualmente, la isla se rige bajo un sistema de gobierno conocido como el Estado Libre Asociado (ELA).
En resumen, Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos con cierto grado de autonomía en asuntos domésticos, pero donde los poderes plenarios del Congreso determinan muchos de los asuntos cotidianos.
Bajo ese sistema, se le limita el acceso a puertorriqueños en la isla a fondos federales bajo programas gubernamentales como SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), por ejemplo. Los boricuas que residen en la isla tampoco pueden votar por el presidente estadounidense.
Los proyectos de ley reseñados en este artículo excluyen el ELA como opción de estatus por su condición territorial.
