Arizona sigue el ejemplo de Texas al avanzar con proyecto que convierte la migración irregular en un delito estatal
El proyecto SB1231 convertiría la migración irregular en un delito de estado al imponer cargos menores a los que crucen la frontera sin documentos legales, mientras que los reincidentes serán acusados de delitos graves
Republicanos en la Legislatura de Arizona están avanzando una iniciativa que busca convertir en un delito estatal la inmigración irregular, siguiendo el ejemplo de la polémica ley aprobada recientemente en Texas, que otorga a jueces estatales la facultad de deportar a migrantes sin el debido proceso.
El proyecto SB1231 conocido como “Acta de Invasión de Arizona” convertiría la inmigración irregular en un delito de estado al imponer cargos menores a todas las personas que crucen la frontera irregularmente. Los reincidentes serían acusados de delito grave.
La legislación otorgaría a las agencias estatales y locales del orden “inmunidad” de demandas civiles, ante cualquier daño que pueda suceder mientras aplican la nueva legislación.
Si es aprobado, el mandato se volvería una de las leyes estatales más duras en contra de la migración irregular en Estados Unidos.
La iniciativa, que fue impulsada por los legisladores republicanos Janae Shamp y Joseph Chaplik, sigue los pasos de las leyes estatales que fueron aprobadas recientemente en Texas y Florida, impulsadas por los gobernadores republicanos Greg Abbott y Ron DeSantis.
“No me extraña esta propuesta. Es una respuesta al sentimiento racista y la ignorancia que estamos enfrentando actualmente”, dijo Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos.
La propuesta actual es considerada como una versión nueva de la polémica SB1070, conocida también como “la ley muéstrame tus papeles”, que fue impuesta en el estado en el año 2010.
En su momento, la SB1070 convirtió a Arizona en el epicentro del debate migratorio, su aprobación condujo grande protestas y un boicot económico en contra del estado.
Pero la SB1231 va un paso más allá al otorgar poderes a los jueces de la localidad para que decidan sobre casos migratorios y emitir órdenes de deportación.
García afirmó que la Corte Suprema fue muy clara al determinar que solo el gobierno federal puede aplicar leyes migratorias.
El argumento de García coincide con los defensores de los derechos de los migrantes que han demandado la ley SB4, que convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte automáticamente en un crimen grave, punible hasta con 20 años de cárcel, si el infractor es reincidente.
La medida texana fue retada por un grupo encabezado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para evitar su entrada en vigor prevista para el 5 de marzo y, se realizó la presentación de argumentos en una corte del Distrito Oeste de Texas.
“Ningún estado tiene derecho a decidir unilateralmente quién será estadounidense. Hacerlo viola la Constitución, socava los derechos humanos y daña las relaciones internacionales”, dijo en un comunicado David Donatti, abogado de la ACLU de Texas.
Advirtió que la entrada en la SB4 “creará permanentemente un sistema separado de encarcelamiento masivo de inmigrantes que está plagado de abusos contra los derechos civiles y desperdicia miles de millones de dólares de los contribuyentes”.
García opinó que estas leyes siguen una retórica usada por los conservadores anteriormente. “Vemos que nuevamente los políticos republicanos están utilizando el tema migratorio para ganar elecciones”, dijo.
El legislador Shamp ha defendido su propuesta SB1231 con el alegato de que convertir el ingreso de inmigrantes por la frontera en delito estatal contribuirá a lidiar con la crisis en la frontera. “Sí, estamos haciendo lo que Texas está haciendo porque estamos tratando de asegurar la frontera para proteger a nuestros ciudadanos”.
El republicano también dijo que está preparado para que la propuesta de Arizona sea demandada como ha sucedido con la de Texas.
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