Contraloría de NYC se une a pedido para ampliar protecciones a trabajadores no ciudadanos

El contralor municipal, Brad Lander, se unió a una coalición de 27 agencias de aplicación de la ley laboral –que incluye fiscales generales y otras entidades locales y estatales–, para exhortar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a extender el período de protección del programa de Acción Diferida para el Cumplimiento Laboral (DALE) de los dos años actuales a un mínimo de cuatro años con el fin de apoyar los esfuerzos para el cumplimiento de los derechos laborales.

DALE ofrece protección contra la deportación a no ciudadanos que sean víctimas o testigos de violaciones de derechos laborales o que de otro modo sean sujetos o participantes de una investigación laboral. El programa también otorga autorización de trabajo a personas que demuestran la necesidad de tener un empleo. El período actual de protección de la acción diferida es de dos años, después de los cuales una persona puede solicitar una renovación.

Lander manifestó que al unirse a esta coalición de casi treinta agencias de aplicación de la ley laboral en todo el país, su oficina reconoce las contribuciones vitales de los trabajadores inmigrantes en la economía del país, quienes a menudo enfrentan una explotación significativa en sus lugares de trabajo.

Protección para el trabajador

“Mi oficina hace cumplir la ley salarial vigente en la Ciudad de Nueva York, y a menudo vemos inmigrantes indocumentados preocupados por las represalias y la aplicación de la ley de inmigración puede empoderar a los trabajadores a denunciar violaciones laborales y abusos sin miedo y responsabilizar a sus empleadores”, dijo el contralor municipal.

En una carta dirigida al secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, y a Charanya Krishnaswami, consejera de esa entidad, la coalición –encabezada por la Oficina del Fiscal General de Massachusetts, la Oficina del Fiscal General de Illinois y la Oficina de Normas Laborales de Seattle– externó su opinión de que una extensión del período de protección permitiría a los trabajadores no ciudadanos ser menos reacios a trabajar con las autoridades, sabiendo que estarán protegidos durante un período prolongado sin necesidad de someterse a un proceso de renovación incierto.

Los trabajadores no ciudadanos están empleados de manera desproporcionada en industrias de bajos salarios, donde son vulnerables a la explotación por parte de empleadores que a menudo violan sus derechos con prácticas ilegales. Estas prácticas incluyen pagar por debajo del salario mínimo, no pagar todos sus salarios o retrasarlos, negarse a pagar horas extras, no cumplir con los requisitos de mantenimiento de registros, clasificar erróneamente a los empleados como “contratistas independientes” y negarles el acceso al tiempo de enfermedad ganado. Además, no proporcionar cobertura de compensación a los trabajadores y exponerlos a riesgos de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Estas violaciones son comunes en industrias como la limpieza, la construcción y el servicio de alimentos.

“DALE permite a las agencias de aplicación de la ley laboral asegurar la cooperación en las investigaciones de víctimas y testigos no ciudadanos de violaciones laborales al disminuir su temor a la deportación. Estas agencias dependen en gran medida de la voluntad de los trabajadores de denunciar violaciones de derechos laborales, proporcionar información durante las investigaciones y actuar como testigos durante los esfuerzos de aplicación de la ley”, reza uno de los párrafos de la carta.

Temen que las violaciones laborales queden impunes

Los funcionarios también recalcan que si los trabajadores no ciudadanos pierden su protección contra la deportación antes de completar una investigación o cualquier acción de cumplimiento relacionada, es posible que no puedan actuar como testigos o continuar ayudando a estas agencias. Sin protecciones continuas, las violaciones de las leyes laborales pueden quedar impunes, socavando los esfuerzos de dichas agencias y testigos.

Si bien los trabajadores pueden solicitar una renovación de las protecciones después de que expire el actual período de protección de dos años, el proceso de renovación puede ser complejo y oneroso tanto para los trabajadores como para las agencias involucradas, sin garantía de que se conceda una renovación.

En la carta, la coalición también proporciona múltiples ejemplos de acciones de cumplimiento tomadas por sus agencias que requieren más de dos años para completarse.

“El Programa de Acción Diferida del DHS ha hecho mucho para ayudar a nuestras agencias a combatir los temores de deportación de los trabajadores no ciudadanos y a asegurar su cooperación como testigos y fuentes de información de investigación en nuestras acciones de aplicación de la ley laboral. Sin embargo, la duración limitada de dos años del programa significa necesariamente que algunas protecciones de los trabajadores pueden expirar o expirarán durante el transcurso de nuestras investigaciones, y los trabajadores volverán a ser vulnerables cuando eso suceda”, indica la coalición.

La coalición

Junto a la Oficina del Contralor municipal también firmaron la carta, entre otros, los Fiscales Generales de California, Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York y Oregón, Pensilvania, Rhode Island y Vermont, junto con la Agencia de Desarrollo Laboral y de la Fuerza Laboral de California.