ACLU en Puerto Rico considera “duro golpe” a la democracia desestimación de demanda federal por fecha límite de registro de votantes
Una jueza federal decidió que la ACLU no probó que el cierre de los procesos el 21 de septiembre violaba los derechos constitucionales de electores
Electores boricuas esperan para registrarse en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Crédito: Danica Coto | AP
Nueva York – La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) catalogó como un duro golpe a la democracia la decisión de una jueza federal de desestimar la demanda que pedía reabrir el periodo de inscripción electoral en Puerto Rico.
“La sentencia del Tribunal Federal es un duro golpe contra la democracia y el Estado de derecho. Con esta decisión se ha privado el derecho fundamental al voto a decenas de miles de electores”, indicó la organización mediante un comunicado enviado a El Diario.
“ACLU de Puerto Rico descargó su responsabilidad cumpliendo con su misión de defender los derechos fundamentales. Lamentamos que los jueces claudiquen al poder inherente de revisión judicial y no asuman la responsabilidad que amerita este momento histórico”, añadió la ACLU.
La demanda buscaba que el tribunal ordenara a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) extender el periodo de inscripción hasta el 6 de octubre citando las disposiciones del Código Electoral de 2020.
La CEE cerró el periodo el pasado 21 de septiembre en medio de una avalancha de electores acudiendo a las Juntas de Inscripción Permanente (JIPs) que se sumaban a los miles de ciudadanos tratando de completar los procedimientos de manera digital a través del Registro Electrónico (eRE).
Este martes, la jueza de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, María Antongiorgi Jordán, rechazó el recurso presentado por la entidad bajo el argumento de que no demostraron que el cierre de los procesos el día 21 violaba los derechos constitucionales de los electores.
“Este Tribunal declina intervenir en los procesos electorales de Puerto Rico o conceder el recurso extraordinario de un interdicto preliminar. Los demandantes no han demostrado que la fecha límite de inscripción de votantes del 21 de septiembre de 2024 constituya una privación inconstitucional del derecho al voto o una injusticia patente que justifique la intrusión federal en la administración electoral estatal”, lee parte del fallo de la jueza según citado por El Nuevo Día.
La demanda civil presentada el 22 de septiembre solicitaba una orden de restricción temporal (TRO), así como medidas cautelares preliminares, permanentes y una sentencia declaratoria para que potenciales votantes tuvieran hasta el 6 de octubre o 30 días antes de las elecciones para completar los procesos de registro y otros trámites ante la CEE.
En una audiencia ante Antongiorgi Jordán, ACLU presentó el testimonio de Víctor Altieri García, uno de sus representados en el pleito. El universitario contó que intentó inscribirse mediante el registro electrónico, pero su solicitud fue rechazada. El 20 de septiembre, un día antes del cierre del periodo de inscripción, el sistema le notificó de la situación. El 21, Altieri García no pudo asistir a una Junta de Inscripción Permanente debido a que trabajaba.
Sobre este alegato, la jueza expuso lo siguiente: “Si bien la implementación de los nuevos sistemas de registro puede no haber estado exenta de fallas, la evidencia ante este Tribunal no alcanza el nivel de fracaso sistémico o supresión generalizada de votantes”.
La magistrada además argumentó que el estudiante recibió instrucciones claras para subsanar las deficiencias, pero no aprovechó las múltiples vías para completar el proceso.
“Aunque ampliar el acceso de los votantes es un objetivo innegablemente loable, debe sopesarse con el interés sustancial del gobierno en garantizar unas elecciones justas y eficientes. Las solicitudes de los demandantes, aunque bien intencionadas, carecen de apoyo fáctico y legal y amenazan con inyectar caos en la administración de la maquinaria electoral de Puerto Rico a esta hora tardía sin ninguna justificación probatoria para hacerlo”, puntualizó Antongiorgi Jordán.
Los alegatos contenidos en la demanda de la ACLU
En la demanda, la ACLU planteó que, acorde con el Código Electoral del 2020, el cierre del proceso debe ser 30 días antes de la elección general, que correspondería a la fecha del 6 de octubre, y no 45 días antes, como alega la CEE.
Según los demandantes, las políticas de registro implementadas por la CEE privan de sus derechos a miles de electores hábiles al dejarlos fuera del proceso de registro.
“A la luz del texto del Código Electoral de Puerto Rico, las políticas y restricciones de voto, tal como se aplica en la elección general de noviembre de 2024, constituyen una carga severa al derecho al voto. Estos requisitos probablemente evitarán a miles de electores emitir votos durante la elección general debido a la negligencia de la administración de la CEE y su fracaso en implementar eficientemente el Código Electoral del 2020 poniendo en peligro los derechos de miles de votantes”, lee parte del texto de la demanda.
En el recurso además se critica la adopción con retrasos significativos y de manera mediocre del sistema eRE en julio de 2022.
La demanda fue radicada luego de que el juez del Tribunal de San Juan, Raúl Candelario, declaró no ha lugar un recurso de revisión presentado por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) para extender la fecha de registro.
Los argumentos del juez para fallar en contra del pedido del partido emergente fueron que la petición se realizó fuera del término que concede el Código Electoral y que ampliar el plazo de inscripción podría afectar la organización de los comicios en sí.
Comisionados electorales divididos por fecha límite de inscripción
El debate por la fecha límite de inscripción ha dividido una vez más a los comisionados electorales en la CEE y a la presidenta, Jessika Padilla Reyes. Padilla Reyes y el comisionado electoral del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, se han reafirmado en la postura de que no se deben extender los procesos de registro para evitar eventuales complicaciones en la organización del evento cumbre electoral.
Los comisionados del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y de MVC, Roberto Iván Aponte y Lillian Aponte, respectivamente, sostienen que el cierre del periodo debe ser el 6 de octubre. El PIP y MVC se asociaron en una alianza electoral de cara a los comicios del 5 de noviembre con la intención de acabar con el bipartidismo en la isla. Luego de que la presidenta de la CEE rechazara la moción de Aponte a los fines de extender la fecha de registro fue que la MVC acudió al tribunal.
La comisionada del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, había suavizado su posición y propuesto que se extendiera la fecha de inscripción por tres días más.
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