Familias de Newark denuncian asignación a escuelas lejanas pese a opciones cercanas

En abril de 2025, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, bajo Alina Habba, determinó que Newark Public Schools (NPS, por sus siglas en inglés) había cumplido con los términos de un acuerdo de 2021 y puso fin a su supervisión sin que el Distrito explicara públicamente si se subsanaron completamente los problemas relacionados con los servicios para aprendices del inglés (ELL).

Esta decisión, apenas mencionada en un informe de comité de mayo, ha generado preocupación entre defensores de derechos de inmigrantes y expertos educativos.

Carlos Castaneda, uno de los activistas del movimiento Cosecha, que trabaja en pro de la población inmigrante hispana en EE.UU., en entrevista con El Diario, indica que esta decisión representa un retroceso peligroso que profundiza la desigualdad.

“Estás segregando a un grupo, lo estás mandando a un lugar, lo estás segregando, en vez de poder aperturar estos programas en toda la ciudad de Newark”, denuncia Castaneda.

Una investigación que reveló violaciones de derechos

El monitoreo del Departamento de Justicia comenzó en 2017, tras denuncias de que el distrito fallaba en ofrecer servicios adecuados a estudiantes que no hablaban inglés. En 2021, el gobierno federal y NPS firmaron un acuerdo de 25 páginas, luego de constatar que la ciudad retiraba a estudiantes del programa ELL sin que fueran realmente competentes en el idioma y carecía de docentes calificados.

El acuerdo exigía que el distrito evaluara a todos los estudiantes cuyo idioma natal no fuera el inglés, contratara maestros certificados, ofreciera servicios en todas las escuelas y monitoreara el progreso. Aunque el DOJ reconoció avances en 2024, también encontró fallas persistentes: se usaban apps como Google Translate y no se empleaban intérpretes calificados para comunicarse con padres de habla limitada.

“Hoy, no se atreven a hablar ni a alzar la voz; una persona que se le está violando los derechos… se cohíbe mucho porque no quieren ser víctimas de la migra”, advirtió Castaneda sobre el miedo que paraliza a padres indocumentados ante estas irregularidades.

Un cierre sin explicaciones

A pesar de que la extensión del acuerdo se había programado hasta julio de 2025, la fiscal interina Alina Habba anunció en abril que la supervisión había concluido. El distrito escolar no hizo pública esta decisión y solo la mencionó de forma marginal en un informe de comité.

Ni el Departamento de Justicia ni NPS explicaron si se entregó el informe final requerido ni si se realizaron las pruebas de competencia lingüística al personal exigidas por el acuerdo.

“No se trata solamente de logística, para nosotros se trata de justicia social”, enfatiza Castaneda.

Segregación y calidad educativa desigual

Uno de los temas que más alarma genera en comunidades inmigrantes es el traslado forzoso de estudiantes ELL a escuelas con indicadores académicos bajos, lejos de sus hogares. En barrios como el East Ward, muchas familias denuncian que sus hijos fueron asignados a escuelas a más de 30 minutos de distancia, mientras que las instituciones cercanas permanecen saturadas.

“También afecta las actividades familiares. Cambia el horario tanto en la mañana como en la tarde. Le agrega al estrés”, relata Castaneda sobre el impacto logístico diario en las familias trabajadoras.

Esta práctica ha sido calificada por activistas como una forma de segregación moderna. “No queremos perpetuar el ciclo que ya vivimos con la comunidad afroamericana; todos los niños, sin importar de dónde vienen o si hablan inglés, deberían tener acceso a educación de calidad”, señala el líder comunitario.

Castaneda cuenta que muchos padres inmigrantes perciben que el sistema discrimina a sus hijos al asignarlos a escuelas con menos recursos, mientras que otros estudiantes, usualmente blancos o con mejores condiciones económicas, permanecen en planteles de mayor calidad.

“Los padres nos dicen que se sienten discriminados, sus hijos les preguntan, ‘mamá, ¿por qué tengo que ir tan lejos cuando mi vecino va aquí cerca?'”.

Hacinamiento y falta de inversión en escuelas de Newark

Las cifras del distrito muestran una sobrepoblación alarmante. Según datos proporcionados por el entrevistado, la escuela Lafayette, por ejemplo, tiene 1,235 alumnos, aunque su capacidad es para solo 650. En Wilson Avenue, hay 1,033 estudiantes en un edificio con capacidad para 415.

“Esto ya lleva 20 años así. Hay edificios abandonados que podrían ser escuelas, pero no hay voluntad política”, afirma Castaneda.

Para el movimiento Cosecha y otras organizaciones aliadas, el camino no es mover estudiantes, sino invertir estructuralmente en las escuelas receptoras para que puedan ofrecer igualdad de condiciones.

“Esto no debería ser algo para solucionar de inmediato. Debería ser estructural y sistémico. Hay que mandar recursos, tutores, programas que realmente ayuden a los niños”, insiste.

Temor al sistema y falta de información

Otra preocupación es la falta de comunicación clara. Algunas familias no fueron notificadas de las reasignaciones; otras solicitaron no ser trasladadas y fueron ignoradas.

“Hay familias que no se les informó. Solo se enteraron cuando su hijo les dijo que iba a una escuela a media hora. Eso no es aceptable”.

Además, muchos padres con estatus migratorio incierto temen participar en juntas escolares o protestas. “El clima político ha puesto mucho terror en nuestras comunidades. Aunque tengan un proceso migratorio abierto, temen ser detenidos”, explica Castaneda.

Una ciudad dividida, pero con esperanzas de unidad

Cosecha aboga por la unidad entre comunidades hispanas y afroamericanas, rechazando la narrativa de conflicto entre grupos minoritarios. “Una injusticia para uno es una injusticia para todos”, resume Castaneda.

La organización, que nació como parte de la lucha por las licencias de conducir para indocumentados, ahora trabaja en temas educativos, laborales y de salud, especialmente tras la pandemia.

“No basta con explicaciones. Necesitamos soluciones estructurales y permanentes”, concluye.

El cierre del monitoreo federal no significa que se haya resuelto la inequidad en Newark. Activistas, familias y organizaciones seguirán vigilantes para que la justicia educativa llegue a todos los rincones de la ciudad, sin importar el idioma que se hable en casa o el lugar de nacimiento de sus estudiantes.

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